Fuente intereconomia
El Ministerio de Educación está estudiando que los alumnos que aprueben completamente la educación obligatoria tengan un "reconocimiento" por ello, pero sin dificultar ni imposibilitar que quienes consigan un resultado académico inferior prosigan "itinerarios formativos superiores".
"No tiene sentido o parece una anomalía el que se consiga, con un efecto académico exactamente igual, titular en secundaria obligatoria con suspensos que sin suspensos", según ha dicho hoy el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que ha intervenido en el "II Foro Antonio Fontán", organizado por la Universidad Internacional de La Rioja y Nueva Revista.
Ha matizado que no se ha decidido cuál será el número máximo ni si habrá alguno de materias no aprobadas para que se dé por superada la etapa educativa básica.
Ha lamentado que a los estudiante de 16 o más años se les mande una señal "pésima" al permitirse, como ahora, que el título de graduado en ESO se pueda conseguir con hasta tres suspensos, así que se trataría de "marcar la diferencia" con quienes aprueban todo.
Ha destacado, no obstante, el interés de reducir todo lo posible el abandono escolar prematuro, así que "no se trata con una medida de este tipo dificultar el acceso a estadios superiores de la enseñanza a quienes hayan tenido la dificultad" de superar todas las asignaturas.
Sobre la selectividad, ha indicado que se no puede mantener como una prueba que "no selecciona nada", que "carece absolutamente de filtro de acceso a la universidad y de valor sustantivo".
"Tal como está concebida ahora, lo que hace es que la mitad del segundo curso de bachillerato se dedique exclusivamente a la preparación del examen (de acceso a la universidad)", ha denunciado.
Sobre la sustitución de Educación para la Ciudadaníapor otra materia, ha argumentado que este tipo de asignaturas "no puede entrar ni debe entrar en presentar como valores no discutidos actitudes o valores que son socialmente controvertidos".
En cuanto al cheque-escolar, es algo que, en circunstancias financieras y económicas normales "tiene que ser considerado".
Con el cheque escolar, cada familia podría elegir el centro educativo que desee en un clima de libertad y de competencia. Los centros, todos, tendrán que competir por ofrecer el mejor servicio y la mejor educación, en beneficio de los estudiantes.
En este sentido, se ha mostrado firme defensor de la educación pública, pero también de la convivencia con otros formatos escolares.
Preguntado por cuestiones universitarias, ha justificado que se fije una horquilla para que cada comunidad decida que las tasas de matrícula cubran entre el 15 y el 25 por ciento del coste real de las titulaciones.
En cuanto a las diferencias de precios públicos podrían aplicar unas y otras comunidades, ha indicado:
"Una comunidad, si decide aplicar el limite inferior de la horquilla y está rodeada por comunidades con una gran demanda de educación universitaria y que aplican el rango superior, allá ella".
Ha indicado que racionalizar la oferta universitaria "puede querer decir disminuir el numero de universidades, pero, en todo caso, no ofrecer aquello que no tiene demanda e intentar agrupar aquello que puede funcionar mejor con una demanda adecuada".
Sobre las exigencias académicas para la concesión de becas, ha señalado que es "perfectamente legítimo, válido y equitativo" endurecerlas para responsabilizar a los alumnos.
Ha relacionado la tarea de la escuela como transmisoras de los valores del esfuerzo y el sacrificio con la autoridad del profesorado:
"El proceso educativo tiene sus reglas, que tienen que ser discutidas y aprobadas democráticamente, pero que no pueden ser aplicadas como si la escuela fuera una asamblea deliberante".
Sobre el castellano como lengua vehicular de la enseñanza, ha señalado que es un derecho "absolutamente independiente del número mayor o menor de solicitantes".
Corresponde a las CCAA arbitrar cómo, y si no lo hacen, "el papel supletorio del Estado tendrá que intervenir".
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), mayoritario en el sector de la educación privada concertada se ha opuesto desde el origen de esta asignatura a su incorporación como materia específica dentro del currículo oficial. Los contenidos que se proponen pueden ser objeto de un tratamiento transversal en diversas materias y a lo largo de todos los cursos de la enseñanza obligatoria. 
