24/4/12

Reforma urgente del gasto educativo. RD Ley 14/2012


ASPECTOS RELEVANTES DEL REAL DECRETO-LEY 14/2012, DE 20 DE ABRIL, DE MEDIDAS URGENTES DE RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO


 
El pasado sábado 21 de abril, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que trata de proporcionar a las Administraciones educativas una serie de instrumentos para conjugar los objetivos de calidad y eficiencia del sistema educativo con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y su reflejo en la contención del gasto público y en la oferta de empleo público. La aplicación de las medidas previstas corresponde a las Comunidades Autónomas.

PUNTOS A DESTACAR EN LA REFORMA

1.  Educación no universitaria

1.1.  Posibilidad de modificar con carácter temporal las ratios de alumnos por aula, establecidas en la Ley Orgánica de Educación. Se permite a las Comunidades Autónomas en momentos de limitación de la tasa de reposición de efectivos (inferior al 50 por 100) aumentar en un 20 por 100 el número máximo de alumnos por clase, 25 en Primaria y 30 en Secundaria (actualmente ya se preveía un posible incremento del 10 por 100 del número máximo de alumnos).

1.2.  Aumento de la jornada lectiva semanal para el personal docente de centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos. Se fija, como mínimo, 25 horas en educación infantil y primaria y 20 horas en las restantes enseñanzas, sin perjuicio de las situaciones de reducción de jornada contempladas actualmente.

1.3.  Sustitución de profesores. En los centros docentes públicos y privados sostenidos con fondos públicos, el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares, se producirá únicamente cuando hayan transcurrido 10 días lectivos desde la situación que da origen a dicho nombramiento. El período de 10 días lectivos previo al nombramiento de funcionario interino deberá cubrirse con los recursos del propio centro docente.

1.4.  Se aplaza para el curso 2014-2015 la implantación de Ciclos Formativos de 2.000 horas, para Grado Medio y Superior, cuya implantación estuviera prevista para el curso escolar 2012-2013.

1.5.  Se elimina la obligación de ofertar, al menos, dos modalidades de Bachillerato en los términos previstos en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica de Educación.

2.  Enseñanza universitaria

2.1.  Régimen de dedicación del profesorado de las Universidades públicas a la actividad docente. Esta dedicación podrá variar en función de la actividad investigadora, dedicando la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 16 o 36 créditos ECTS, dependiendo de la situación en la que se encuentren.

2.2.  Se trata de acercar los precios públicos de los servicios académicos de las Universidades a su coste real, así el coste de laprimera matrícula cubrirá entre el 15 y el 25 por 100 del coste real en los títulos de Grado y Másteres habilitantes para el ejercicio de una profesión. En segunda matrícula cubrirá entre el 30 y el 40 por 100 del coste real. En tercera matrícula entre el 65 y el 75 por 100. En cuarta matrícula entre el 90 y el 100 por 100. Para el resto de Másters, laprimera matrícula cubrirá entre el 40 y el 50 por 100 del coste real, y a partir de la segunda matrícula, entre el 65 y el 75 por 100.

2.3.  Titulaciones de grado. Exigencia de un número mínimo de alumnos, se trata de actuar sobre la dimensión mínima de una oferta «viable», es decir, sobre el número mínimo de alumnos que ha de tener una titulación. Este criterio lo fijarán las Comunidades Autónomas.

2.4.  Becas y ayudas al estudio. Serán los Presupuestos Generales del Estado los que financien la cantidad que corresponda al límite inferior de la horquilla establecida para el precio público de cada enseñanza. Las Comunidades Autónomas financiarán íntegramente con cargo a sus presupuestos la diferencia entre el precio público que fijen y el límite mínimo que corresponda a cada enseñanza.

3.  Modificaciones relativas al Impuesto sobre Sociedades

3.1.  El gravamen especial aprobado en el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, se aplicará sobre los dividendos y rentas de fuente extranjera derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español que se hayan devengado o transmitido hasta el 30 de noviembre de 2012.

3.2.  A la hora de determinar el importe mínimo de los pagos fraccionados para grandes empresas, dicho importe no podrá ser inferior, en el caso de los sujetos pasivos cuyo periodo impositivo no coincida con el año natural al resultado de contable de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio transcurrido desde el inicio del período impositivo hasta el día anterior al inicio de cada período de ingreso del pago fraccionado.

MODIFICACIONES NORMATIVAS

Modifica:

•  Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades [Arts. 7.2, 8.2, 30 bis, 68 y 81].

•  Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público [Art. 1.primero y DA 15.ª].

Deroga:

•  Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria [Art. 13.3 y 4].

ENTRADA EN VIGOR

Este Real Decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

23/4/12

¿Religión católica en la escuela pública? Por don Braulio Rodriguez, Arzobispo de Toledo

Carta abierta a algunos profesores del Instituto de Educación Secundaria Alfonso X El Sabio

Día 20/04/2012 - 12.07h

Estimados profesores:

El día 2 de marzo de 2012 en el transcurso de la Visita Pastoral a la parroquia de Santa María de Benquerencia, visité el Instituto de Educación Secundaria Alfonso X el Sabio. No lo hice para reconocer la colaboración que este centro llevó a cabo en un "mercadillo solidario" en el mes de diciembre pasado, cuya recaudación se entregó a Cáritas Diocesana. Muchas gracias por esa colaboración con Cáritas, cuya actividad social a favor de los más necesitados es notoria, pero mi visita fue para estar con los alumnos, cuyos padres libremente eligieron para sus hijos la Enseñanza Religiosa Escolar. "Clase de Religión" es conocida esta asignatura, optativa para ellos y obligatoria para los centros.

La visita fue muy agradable y transcurrió toda ella con cordialidad. Al salir del centro, y despedirme del Director, de los profesores de Religión y otros docentes, un profesor joven me saludó amablemente y me entregó una carta firmada por aproximadamente 16 ó 17 profesores. Era una carta abierta. "¿Se puede responder?" dije al profesor. "Puede hacerlo, por supuesto", me respondió él. Ahora lo hago, y como la carta es abierta y ha aparecido en la red y en Informativo "Vecinos" de la Asociación de Vecinos "El Tajo" en ese barrio toledano, pueden los lectores tener delante el texto al leer mi respuesta.

La carta abierta de estos profesores es en todo momento correcta. Yo lo agradezco, pues pienso que ellos estarán también dispuestos a leer con atención mis argumentos. Sus consideraciones las he leído yo atentamente, por supuesto.

Después de hablar de la educación pública como espacio de encuentro plural –también lo es el ámbito de la educación de iniciación privada-, sostienen que la pública es "un patrimonio que no puede ser conculcado ni mermado por las creencias, dogmas o sensibilidades particulares". En mi opinión, lo que afirman estos profesores es que están en contra de que se utilicen los centros educativos públicos para desarrollar creencias particulares y les parece un desacierto la injerencia en sentido contrario. Afirmación respetable pero no necesariamente indiscutible, porque caería en dogmatismo. Ciertamente no atacan el derecho a "difundir los principios de la verdad revelada", pero en su opinión existen otros escenarios para ello. Es decir, la "impartición de Doctrina Católica" en la Escuela de iniciativa pública les parece un error de las autoridades académicas, que, sin embargo, es aceptado por la Iglesia Católica. Ante esta opinión se me ocurre pensar que no son solamente las autoridades académicas quienes permiten esto. Ha sido el Parlamente que aprobó la última Ley de Educación, la ejecutó y puso en práctica el gobierno de J.L. Rodríguez Zapatero y se promulgó un Real Decreto sobre la aplicación de dicha Ley. Ya sabemos desde entonces cómo quedó la asignatura de Religión en los Reales Decretos: libre para los alumnos; obligatorio para el Centro; no evaluable y sin alternativa.

La carta de los profesores aduce, como es lógico, toda una serie de argumentaciones en contra de que la Enseñanza Religiosa Escolar Católica tenga lugar en el ámbito de la Escuela de iniciativa pública; algo que luego comentaré brevemente. Pero nuestros profesores olvidan algo fundamental en este tema: no mencionan nunca en su carta a los padres, como fundamentales responsables de la educación de sus hijos; también de la dimensión moral y religiosa de la educación de sus hijos. La Escuela, de iniciativa pública y privada, es un servicio a esta responsabilidad en la educación de sus hijos. El artículo 27.3 de nuestra Constitución es palmario. ¿Acaso hay que dejarlo sin vigencia? Esos padres quieren, en proporción bastante alta, que sus hijos reciban Religión y Moral Católica en la Escuela, lugar muy importante para su educación y crecimiento personal. La Escuela no es laica o creyente: lo son las personas y la opción de los padres debe ser respetada.

Lo que el obispo hace es responder a esa demanda de los padres, prepara profesores idóneos, que mantienen una relación laboral con el Estado o Consejería, no con el Arzobispado, porque esos padres católicos son ciudadanos que pagan los mismos impuestos que los demás padres. Pero lo mismo pasa con otras confesiones religiosas, pues cristianos evangélicos, judíos y musulmanes firmaron acuerdos en 1992 en las mismas condiciones que el Acuerdo firmado por la Iglesia Católica. El olvido de los padres en este tema es, cuanto menos, curioso y significativo.

Paso ahora a las afirmaciones de la carta que pueden ser contestadas siguiendo una lógica al alcance de todos:

1.La educación es global y los humanos somos seres que no funcionamos en compartimentos estanco. ¿Cómo no ver que en el espacio Escuela no puede faltar la enseñanza razonada de la Religión Católica? La clase de Religión no es impartir doctrina; no es Catequesis, ésta se celebra en la parroquia. Es una afirmación gratuita que la Iglesia Católica utilice el centro educativo para la catequización.

2.Las negociaciones para los Acuerdos Iglesia-Estado, no Concordato, tal vez se hicieran antes de la promulgación de la Constitución, pero no la firma de dichos Acuerdos. Pienso claramente, pues, que la Asignatura de Religión impartida en la Escuela de iniciativa pública no va en contra de la aconfesionalidad del Estado. Les aseguro que en mis casi 25 años de obispo he luchado siempre por esa separación Iglesia-Estado, y son muchas las veces que tal separación no es respetada por los poderes públicos y otros grupos. Que puedan finalizar esos Acuerdos Iglesia-Estado de 1976 es posible. Pero para ello hay que dar los pasos convenientes, como es que los denuncie una de las partes razonando, pues son acuerdos internacionales.

3.El Estado o las Autonomías pagan en efecto, a los profesores aptos –con su titulación correspondiente- de Religión Católica, como a los profesores de otras asignaturas optativas; algo que no sucede con la Educación para la Ciudadanía, asignatura que en tantos casos atenta contra la libertad religiosa, al aceptar los poderes públicos textos que enseñan la moral del gobierno de turno. La Iglesia Católica no recibe fondos públicos para el mantenimiento de los centros educativos concertados. Paga a esos profesores porque imparten un servicio público a hijos de ciudadanos que pagan impuestos. Es sabido que esos centros concertados salen más baratos a la Consejería que los centro de Iniciativa pública. Podemos cotejar las cifras. No todas las afirmaciones, pues, de estos profesores son indiscutibles; contienen juicios respetables, pero tal vez también pre-juicios.

4.Yo seguiré aceptando cuanto sea dialogo o posturas diferentes a mi modo de pensar; me parece razonable, pero no tengo por qué aceptar que siempre las posturas distintas a las mías son verdad y razonables. Por ejemplo, cuando se interpreta la laicidad como laicismo se está cayendo en otra opción de algún modo confesional.

Agradezco, por supuesto, los consejos y las sugerencias que estos profesores me indican, pero veo algo de amenaza velada en alguna frase de la carta. Y, desde luego, nada tiene que ver con el integrismo defender la presencia de la enseñanza razonada de la fe y moral católica en la Escuela de iniciativa pública, cuando ésta es optativa para los padres que quieren que sus hijos la reciban y, además, no es evaluable ni tiene alternativa. Los padres que elijan esta asignatura ejercen la libertad que la Constitución y la objetividad les reconoce.

Espero, en cualquier caso, que vuestra tarea educadora sea fructífera. Con mi reconocimiento y cordial saludo.


20/4/12

¿Baja la calidad educativa con los nuevos recortes? Por Carlos Jariod

Fuente. Carlos Jariod-religionenlibertad.com

Han levantado una saludable polémica las seis medidas propuestas por el ministro de educación para obtener un recorte de 3.000 millones de euros en gastos educativos autonómicos. Los recortes son: aumento de la ratio de un 20 % en las aulas, más horas lectivas al profesorado,  retraso en la implantación de ciertos módulos de FP, derogar la obligación de ofrecer en los centros al menos dos modalidades de bachillerato, imposibilidad de creación de nuevos complementos retributivos en la nómina del profesorado y aquellas bajas de 10 días de duración no serán cubiertas por otros profesores, sino "con los recursos propios del centro".

            La pregunta fundamental ante estas medidas, obligadas por la crisis económica que padecemos, es si se resiente la calidad de la enseñanza. En mi opinión, esta es la cuestión principal que hay que analizar. A esa cuestión, por supuesto, sindicatos,  partido socialista y CEAPA, han dado una respuesta clara y amenazadora. Dicen que volveremos a la escuela de nuestros padres, que el gobierno se quiere "cargar" la enseñanza pública  y que no lo van a consentir; amenazan con huelgas, algaradas y concentraciones de dimensiones apocalípticas;  desean poner la sociedad en pie de guerra, con lo cual los demás nos deberíamos sentir temerosamente acongojados por el futuro despliegue de músculo social que al parecer van a exhibir. Vienen a decir "¡cómo se atreven éstos a semejante fechoría!". Parece que la respuesta está dada de antemano. El análisis sobra. La simple duda es signo de traición. Pero veamos.

            Empecemos por las dos medidas que afectan directamente al trabajo del docente que no depende de la organización interna de los recursos educativos. Me refiero a la imposibilidad de nuevos complementos económicos en su nómina y el aumento de horas lectivas. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la primera de esas dos medidas no supone menoscabo alguno a la calidad educativa; afecta sólo a la nómina de profesor y se refiere no a lo que gana, sino a lo que podría ganar. En general los complementos están perfectamente fijados y la incidencia de esta medida es irrelevante para la mayoría de los docentes. Sobre el aumento horario hasta el número que la ley fija, ya se están haciendo en varias autonomías. Por más que chillen los sindicatos, los profesores hacen lo de siempre, aunque con dos horas más de lo que trabajaban años anteriores. No hay menos calidad, sino mayor trabajo del profesor. Por lo demás, cualquiera comprende que trabajar dos horas más –subida horaria que es legal- no supone un trabajo excesivo. Pregúntese a un alumno de Madrid o de Castilla-La mancha si nota una bajada de "nivel" en las clases de sus profesores por el hecho de que éstos trabajan algo más que el año pasado: la respuesta será negativa.

            La medida del retraso de módulos de FP de 2000 horas de formación perjudica sin duda a aquellos centros que imparten esos módulos. Estoy convencido de que esos problemas concretos se tratarán concretamente por las consejerías. En cualquier caso, es un problema que afecta a un tipo de centros y no podemos considerarlo como un asunto de relieve general. Sin duda, habrá que solucionar de algún modo las situaciones que se derivan para no perjudicar a los alumnos y los centros.

            El resto de las medidas son de organización interna. Son las que más polémica han despertado. La primera es que los centros podrían ofrecer sólo una modalidad de bachillerato y no dos. Preveo que afectará a pocos centros, todos ellos de capital de provincias o de  localidades donde haya más de un instituto. La razón es clara: en algunos centros no hay muchos alumnos de alguna modalidad. Éstos se derivarían a otro centro cercano de la misma localidad. No veo en esa medida ningún perjuicio para el alumno y sí una racionalización de los recursos. El servicio público educativo se seguiría dando, pero en  un instituto diferente. El número de alumnos necesarios para que se imparta una modalidad de bachillerato lo determinarán las consejerías y no el ministerio.

            Respecto de que no se cubran las bajas de diez o menos días, hay que decir que eso ya sucede desde hace tiempo. Nada nuevo. Lo que hace el ministerio es garantizar legalmente una situación de hecho que supongo se da en la mayoría de las autonomías.

            Lo que ha provocado airados comentarios es la primera medida de todas, que se refiere al número de alumnos por aula. Me gustaría detenerme brevemente en este punto.

            Uno de los dogmas más extendidos entre los pedagogos y la izquierda educativa es que la calidad educativa está directamente relacionada con un escaso número de alumnos en las aulas. El aumento de la ratio, entonces, sería causa evidente de la próxima degradación de nuestra enseñanza. El problema de este dogma es que no se corresponde con la experiencia. No hay un solo estudio empírico que demuestre la relación entre calidad de enseñanza y una ratio baja. Más bien lo que hay son estudios que afirman que la ratio es una variable muy poco significativa en cuanto a la calidad de enseñanza en los centros. Vemos que España, que tiene una  ratio de las más bajas de Europa, tiene una  muy mediocre educación; sin embargo Finlandia, por ejemplo, que tiene una ratio mayor que la española, tiene un sistema educativo envidiable. En los países asiáticos como Japón, China o Corea del Sur, de magníficos resultados académicos, se llega  a tener de 38 a 50 niños por aula en primaria.

            Que la ratio baja es señal de calidad no lo demuestran los hechos. Es puro dogma ideológico. La ratio, según los estudios internacionales más recientes, no es elemento significativo para medir la calidad y el rendimiento educativo de centros y alumnos. Me remito al magnífico libro de Inger Enkvist, titulado La buena y la mala educación. Ejemplos internacionales.   

            Lo que sucede es que muchos están descubriendo algo nuevo que se resisten a admitir. La estafa educativa en la que hemos estado instalados desde la LOGSE no sólo es  destructiva, sino que es tan costosa que ya no la podemos pagar. El modelo logseano se derrumba no sólo por su fracaso educativo; es que es nasumible para las arcas del Estado.

            En conclusión, no veo que con las medidas propuestas por el ministro Wert supongan una disminución de la calidad educativa. Crearán malestar docente, sí. Más horas lectivas, más alumnos por clase, menos horas en algunos  departamentos didácticos. Pero el malestar es un sentimiento individual y variable. Será cada profesor quien ante sus alumnos y su conciencia decida si su malestar personal es un obstáculo para cumplir con sus obligaciones profesionales. La demagogia intentará avivar artificialmente el rechazo de muchos docentes para hacer política. En fin, lo de siempre


18/4/12

Ni modelos de familia ni interculturalidad ni Alianza de Civilizaciones en la nueva EPC

El cambio de temarios es posible sin cambiar la Ley, en cambio, la nueva definición de Educación Cívica y Constitucional requiere una reforma legal que  todavía no se abordará. Será prioritario transmitir la herencia cultural común y los valores básicos que "configuran el modo de vida de nuestra civilización occidental". 
  
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert | Foto: EFE
    
Cristina de la Hoz (17-04-2012)
  
El Ministerio de José Ignacio Wert ultima los nuevos contenidos de Educación para la Ciudadanía de modo que los manuales para los profesores y los libros de texto de los alumnos para el curso 2012-2013 incorporen ya los cambios en la materia, según ha podido saber Vozpopuli. Sin embargo, formalmente no cambiará la denominación de la asignatura puesto que ello obligaría a cambiar la Ley Orgánica de Educación que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006, algo que no tiene previsto todavía el Ministerio de Educación, partidario de incorporar cambios puntuales sin necesidad de redactar un articulado completo.
  
La idea de la actual Ley era formar "a los nuevos ciudadanos" y ofrecer a los estudiantes "un espacio de reflexión, análisis y estudio acerca de las características fundamentales y el funcionamiento de un régimen democrático, de los principios y derechos establecidos en la Constitución española y en los tratados y las declaraciones universales de los derechos humanos, así como de los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática en un contexto global", declaración de intenciones que no está muy lejos de lo que dice pretender el gobierno del PP aunque con otra denominación: Educación Cívica y Constitucional, tal y como adelantó este periódico el pasado 11 de enero.
  
Contenidos criticados por el PP
  
Eso sí, se eliminarán aquellos contenidos más controvertidos para los populares como los que afectan a las consideraciones en torno a la religión, modelos de familia o la interculturalidad, en la medida en que éste último concepto pueda entrar en colisión con el modelo de derechos y de libertades de las sociedades democráticas avanzadas. Mientras que se entiende que algunas cuestiones como los modelos de familia habida cuenta de que el PP tiene recurrido ante el Constitucional el matrimonio homosexual se cree que entra en el ámbito de la moral privada y no debe ser planteado en la escuela, dicen, por su afán "ideologizador".
  
El mismo camino correrán las alusiones a la Alianza de Civilizaciones   que se citaba en algunos manuales dentro del capítulo de Reconocimiento de las Diferencias. De hecho, la que fue la principal iniciativa de Zapatero en el campo de la política internacional lleva camino de la desparición, bien porque todas las iniciativas relacionadas con ella dejan de financiarse, como ha sido el caso de la Universidad Internacional de la Alianza, con sede en Barcelona, o porque deja de existir en la agenda del actual gobierno.
  
La nueva asignatura deberá transmitir los valores básicos de nuestra civilización occidental  
  
Las pautas que ha dado el Ministerio de Wert sobre el contenido de Educación Cívica y Constitucional, que será la nueva denominación de la asignatura cuando se modifique este aspecto de la Ley, es que sirva para transmitir la herencia cultural común y de los valores básicos que configuran el modo de vida de nuestra civilización occidental "evitando los cotnenidos adoctrinadores", tal y como se recoge en el programa electoral con que el PP acudió a los comicios del pasado 20 de noviembre.
  
Lo cierto es que la actual Ley tampoco hace una descripción específica sobre los contenidos de Educación para la Ciudadanía, lo que motivó que los libros de texto de la asignatura variaran bastante y que los centros concertados religiosos pudieran adaptar dicho contenido a su ideario religioso. El texto legal sí marca, en cambio, una serie de principios generales sobre los fines que debe perseguir la educación en España en los que se prima la corrección política sobre la adquisición de conocimientos. Así, el artículo 2 de la Ley establece bajo el enunciado de fines "el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos" pero también "la formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad" o "la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos".
  
Fuente: Vozpópuli.

Escuelas Católicas disiente del aumento del 20% de alumnos

Por Magisnet. 
  
Escuelas Católicas hubiera preferido que el aumento del máximo de alumnos por aula de la Educación obligatoria fuese del 10 por ciento, no del 20 por ciento anunciado por el Gobierno. "Principalmente –justifica en un comunicado– por la repercusión que puede tener en los alumnos que necesitan una atención individualizada", aunque en la confianza de que sea una medida "estrictamente coyuntural".
 
Esta organización de centros religiosos, la mayoría concertados, valora todas aquellas medidas encaminadas a racionalizar el gasto y flexibilizar el sistema educativo, pero siempre que su aplicación sea solo temporal, sin reducción de aulas ni de la calidad de la enseñanza y tampoco repercuta en los que alumnos necesitan más atención. Muchos de los centros concertados ya están aplicando, explica, una ratio de 27-28 alumnos en Primaria y 32-33 en ESO, "sin merma de la calidad educativa".
 
Respecto a la supresión de la obligatoriedad para los centros de ofertar todas las modalidades de Bachillerato, considera que se trata de una medida "acertada", pues flexibiliza los requisitos de los centros en un momento económico muy difícil. Sobre la carga lectiva del profesorado, se indica que los docentes de los centros concertados de EC ya imparten 25 horas en todos los niveles, "sin merma de la calidad educativa".
 
Por último, cree que el nuevo régimen de sustituciones (los centros asumirán por sí mismos las bajas inferiores a 10 días lectivos) sigue siendo más beneficioso para la enseñanza pública que para la concertada. "En algunas comunidades autónomas –indica–, todavía se adeudan a los centros concertados las cantidades correspondientes a sustituciones de media y larga duración ya realizadas".
 
También en la Concapa considera que el plan del Ministerio permite un "ahorro considerable" en Educación, sin que se resienta la calidad de la enseñanza ni los derechos de la familia, según una nota. Con el aumento del número de alumnos por aula, interpreta, "se ampliará la posibilidad de que los alumnos puedan optar al centro elegido". Además, la nueva ratio es "similar" a la de países con más calidad educativa que España, asegura. Argumenta que el incremento del horario de clase del profesorado es una medida "necesaria" en tiempos de crisis. En cuanto a la reducción de la oferta obligatoria de modalidades de Bachillerato por los centros, Concapa entiende que muchos de ellos se podrán "especializar", lo que supondrá aumentar la calidad de la enseñanza y el rendimiento de los alumnos.
 
Sin embargo, el sindicato FSIE rechaza los "nuevos recortes" de 3.000 millones de euros, que el Gobierno pretende que ahorren las CCAA en Educación, y solicita que se convoque la Mesa Sectorial de la enseñanza concertada. "El incremento del número de alumnos por aula –asegura– propiciará el agrupamiento de clase, el cierre de muchas unidades y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo".
  
Fuente: Magisnet.

17/4/12

Educación plantea a CC.AA. ampliar hasta un 20% el ratio de alumnos por aula en Primaria y Secundaria

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) - El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha planteado a los consejeros de Educación, en el seno de la Conferencia Sectorial extraordinaria celebrada este lunes, elevar hasta un 20 por ciento el ratio de alumnos por aula en Primaria y Secundaria, como una de las medidas para hacer frente al nuevo recorte de 3.000 millones de euros en materia educativa anunciado por el Gobierno.
   
Esta medida, según ha explicado el propio ministro, será aprobada mediante Real Decreto-Ley el previsiblemente el próximo viernes en el Consejo de Ministros, junto a un paquete de otras cinco modificaciones para hacer frente al recorte en enseñanza no universitaria. Asimismo, ha señalado que tienen que ponerse en marcha "cuanto antes".
   
Concretamente, Wert ha explicado que se ha propuesto una modificación de los ratios de alumnos previstos en la Ley Orgánica de Educación (LOE) para ampliarlos hasta un 20 por ciento en Primaria y Secundaria. En este caso, el titular de Educación ha señalado que esta medida está vinculada a las circunstancias de excepción. Así, ha señalado que se incrementará la excepcionalidad de un rango del 10 por ciento en los distintos niveles (25 alumnos en primaria y 30 en secundaria) hasta el 20 por ciento.
   
Otra de las medidas afecta a las horas lectivas del profesorado. En este sentido, Educación propone establecer una parte lectiva de la jornada semanal del profesorado de como mínimo 25 horas en Infantil y Primaria y 20 horas en Secundaria.
   
Igualmente, el ministro ha propuesto aplazar la implantación de los módulos de 2.000 horas de Formación Profesional hasta el curso 2014-2015, así como suspender la obligatoriedad de ofertar todas las opciones de Bachillerato y anular la creación de nuevos complementos retributivos del profesorado. Finalmente, ha señalado que las bajas inferiores a los diez días lectivos deberán ser cubiertas con los propios recursos del centro y no por interinos.
  
"Son medidas que, a nuestro juicio, y en general el de la mayoría de las comunidades autónomas, no inciden sobre la cobertura y la calidad de la educación y no afectan a la equidad", ha subrayado Wert, tras presidir la Conferencia Sectorial. Asimismo, ha asegurado que son medidas planteadas con un "marcado carácter de flexibilidad a las circunstancias concretas de cada una de las comunidades".
   
Wert ha concretado que todas estas medidas, excepto la referida a las dos modalidades de Bachillerato, tienen carácter coyuntural. Asimismo, ha insistido en que el fin es "facilitar" a las comunidades alcanzar el objetivo de déficit marcado por el Gobierno central que, para 2012, se establece en el 1,5 por ciento.
   
El ministro ha subrayado el carácter "flexible" de estas líneas de actuación, aunque ha recordado que el objetivo de déficit ha pasado de ser una "opción" a convertirse en una "obligación". También ha subrayado que no todas las comunidades parten de la misma situación, pues, según ha dicho, mientras unas cuentan con un déficit del 7%, otras rozan ya el 1,5%.
   
También ha insistido en que este real decreto es independiente a la reforma educativa del Gobierno, pero que establece las "condiciones necesarias" para que los futuros cambios en el sistema se puedan llevar a cabo. "Hay que poner a salvo la educación, cuyos cimientos se tambaleaban por la política anterior", ha apostillado.
   
El ministro no descarta convocar la Mesa Sectorial y ha reconocido que través de estas normas, el Gobierno está pidiendo "un sacrificio a los docentes de este país". "Estamos en la mejor disposición para hablar con ellos y agradecemos este esfuerzo", ha señalado, para añadir que son medidas "realistas, conmensuradas y no suponen un perjuicio sustancial ni indirecto a la calidad de la enseñanza".
   
Preguntado por el grado de compromiso de las normas por los responsables autonómicos de Educación, el ministro ha señalado que cada una está en su derecho de valorar "los criterios de oportunidad en relación con el déficit público". Pese a las críticas del consejero andaluz, Francisco Álvarez de la Chica, por este recorte, Wert ha indicado que "no ha entendido" que la Junta de Andalucía no vaya a aplicar estas reformas.
   
"Cada comunidad tendrá que analizarlas y ver en qué punto del rango que establece la norma se puede y quiere situar. Estamos hablando de una ley de estabilidad presupuestaria que reduce la posibilidad de librar una batalla financiera por cuenta propia para las comunidades autónomas. No quiero ningún contencioso porque el espíritu de estas medidas es ayudarlas a lograr los objetivos de consolidación fiscal", ha aseverado.
  
DEFIENDE QUE NO HAY DESPIDOS
   
Sobre las críticas de pérdida de puestos de trabajo, el ministro ha defendido que se trata de ser "eficientes" y utilizar los "recursos permanentes", es decir, los funcionarios, frente a la contratación de personal interino. A su juicio, la no contratación de este personal no se puede cuantificar en términos de "despidos", sino de "no renovación de contratos".
   
Así, ha señalado que la no contratación de 100.000 interinos se traduce en un "ahorro" del gasto público "superior en más de 1.000 millones" a todo el "ahorro" que se pretende con estas seis medidas, más las que se van a plantear en el ámbito universitario. "Me resulta llamativo que el PSOE andaluz anuncie que estas normas supondrían 15.000 interinos menos en esta comunidad, lo cual está absolutamente fuera de la realidad", ha criticado.
   
Asimismo, ha indicado que los consejeros que piensen que esto supone una "invasión de competencias autonómicas", como ha denunciado la vasca, Isabel Celaá, "ya saben el camino". "Estamos en un Estado de Derecho y será el órgano jurisdiccional el que lo determine", ha concluido.
  
Fuente: Europa Press.

11/4/12

La C. Valenciana no apoya la devolución de competencias

Por Magisnet.
  
Los consellers de Sanidad, Luis Rosado, y Educación, María José Catalá, han rechazado la devolución al Estado las competencias que en estas áreas tiene la Generalitat, como propuso para todas las comunidades autónomas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. "No estamos en ese debate ahora mismo", ha asegurado Catalá a los periodistas tras presidir, junto con el conseller de Sanidad, el Alto Consejo Consultivo en I+D+i de la Generalitat.
 
Rosado también ha descartado la devolución de las competencias sanitarias y ha señalado que el modelo autonómico es un "elemento indispensable dentro del Estado y forma parte de la Constitución española, a la que tengo un gran respeto". A la pregunta de si está de acuerdo con la propuesta de Aguirre, Luis Rosado ha contestado: "Evidentemente no. Pensamos que nuestro modelo es mejorable pero no sustituible. Es un modelo donde los problemas de cada ciudadano son solucionados más cerca de él".
 
Según Luis Rosado, el objetivo del Pacto de Estado en Sanidad es que todas las comunidades autónomas "tengamos elementos comunes de juicio para mantener la equidad dentro del sistema sanitario público, desde el norte hasta el sur". "Que todos tengamos unos criterios únicos, básicos, para que la sanidad sea equitativa y, al mismo tiempo, se ajuste a las necesidades reales de la sociedad en este momento".
 
Por su parte, María José Catalá, ha asegurado que el Gobierno valenciano está en la tarea de "hacer una administración eficiente, eficaz y de calidad del servicio" y no está en el debate sobre la devolución de competencias. 
  
Fuente: Magisnet.

10/4/12

C. Valenciana. Educación abrirá una oficina de atención a las familias en cada provincia

Consultas a Catalá a través de buzones on line.
  

  


VALENCIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) - La Conselleria de Educación, Formación y Empleo pondrá en marcha oficinas de apoyo y atención a las familias en cada Dirección Territorial de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de "dar respuesta a los padres ante cualquier duda que tengan en materia educativa", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

   
Además, la titular de este departamento, María José Catalá, atenderá personalmente las consultas que realicen la comunidad educativa y los padres, madres y alumnos, a través de tres buzones on line que se han puesto en funcionamiento en la web de la Conselleria en la dirección http://www.cefe.gva.es.
   
Catalá ha indicado que, con esta iniciativa, pretenden  "aproximar y abrir" la Conselleria y sus políticas educativas a todos los implicados en la educación valenciana. "Queremos una administración participativa, cercana, que responda a las dudas y que cuente con la opinión de todos y este buzón es el mejor modo de hacerlo", ha sentenciado.
   
Esos buzones on line, en los que se pueden dirigir todo tipo de dudas y consultas sobre educación, formación y empleo, son una herramienta que permite una comunicación directa con los ciudadanos y que otorgan a la Conselleria un 'feedback' que le ayuda a conocer las inquietudes de la comunidad educativa para poder darles respuesta. 
  
ALTOS CARGOS ATENDERÁN PERSONALMENTE UNA VEZ A LA SEMANA
   
Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Rafael Carbonell, responderá también a las consultas y sugerencias de los docentes desde esos buzones y, además, un día a la semana les atenderá en la Dirección Territorial de Valencia.
   
Lo mismo harán los directores generales de Educación y Calidad Educativa, Beatriz Gascó, y de Ordenación y Centros Docentes, Jorge Cabo, una vez a la semana en las direcciones territoriales de Castellón y Alicante, respectivamente.
   
De acuerdo con esa política de proximidad con los ciudadanos, también se ha habilitado una sección en la web de Educación, Formación y Empleo donde se cuelgan fotos, para su posterior descarga, de las visitas que realiza la consellera a los distintos centros educativos de la Comunitat Valenciana.
  
Fuente: Europa Press.

Fwd: [VAEL] Las asociaciones de padres podrían desaparecer


Ceapa y Concapa aseguran que los recortes en Educación amenazan su supervivencia. 
  
Para las asociaciones, los recortes amenazan el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos
  
ABC FAMILIA / Madrid 
  
Día 09/04/2012
  
Los Presupuestos Generales del Estado han caído como un jarro de agua fría para dos de las principales confederaciones de asociaciones de padres. Ceapa, mayoritaria en la escuela pública, y Concapa, en la privada concertada, temen por su supervivencia y han asegurado que están camino de desaparecer, si se confirma la rebaja de las ayudas estatales que reciben en el proyecto de presupuestos de 2012. Esto supondrá para ambas entidades prescindir de personal administrativo y de formación e impedir el derecho de los padres a participar en el sistema educativo. Aunque esperan que la reducción pueda revertirse con enmiendas durante el trámite parlamentario, para lo que hablarán con los grupos políticos. 
  
Según Ceapa, bajan un 90% las cuantías directas a las asociaciones de padres y un 100% las transferencias a las Comunidades Autónomas para las confederaciones territoriales. De 946.728 euros conjuntos por ambos conceptos en 2011, se pasaría a 43.600. «Estos presupuestos dice un comunicado de esta organización son un desprecio hacia los aproximadamente tres millones de familias a quienes Ceapa representa y, en particular, hacia las decenas de miles de padres y madres del alumnado que realizan una labor voluntaria y desinteresada en las asociaciones de padres y madres de alumnos, en sus federaciones territoriales y en Ceapa a nivel estatal». 

Cuotas simbólicas
  
El presidente de CEAPA, Jesús Sánchez, ha afirmado que «si esto se mantiene, desapareceremos en todas las comunidades», ya que las cuotas que pagan los padres en los colegios son prácticamente simbólicas y tampoco se les puede «sangrar» en estas circunstancias con una subida. 
  
Ceapa recuerda que las asociaciones de padres gestionan actividades extraescolares, programas de préstamo de libros o comedores escolares, mientras que sus miembros no reciben remuneración por ello. 
  
Las asociaciones de padres representan al 95% de las familias
  
Para el presidente de Concapa, Luis Carbonel, si el recorte se mantiene «es intolerable», pues es «excesivo» y «anula» el derecho constitucional de los padres a participar en la educación de sus hijos. En su opinión, las asociaciones de padres representan al 95% de las familias españolas, «más personas que todos los sindicatos juntos». Carbonel también ha asegurado que con estas partidas «nos obligaría a cerrar y despedir al personal y se haría inviable un derecho constitucional como la participación».
  
Fuente: ABC.


Los presupuestos recortan un 90% las ayudas a Ceapa y Concapa

Por Magisnet.
  
Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 recortan en un 90% las ayudas a las confederaciones estatales de AMPA, que quedarían en 43.600 euros a repartir fundamentalmente entre Ceapa (con implantación en la escuela pública) y Concapa (en la privada-concertada). Además, el Gobierno suprime la partida destinada a la financiación de las federaciones territoriales de AMPA.
  
"Este recorte –denuncia Ceapa– es un ataque al ejercicio del derecho constitucional de los padres y las madres al control y gestión de los centros educativos, porque deja a estas confederaciones en una situación tan precaria que será muy difícil defender los intereses de los padres y madres de alumnos en las decisiones que tomen las administraciones educativas y ante otros sectores educativos". Los Presupuestos Generales del Estado amenazan la propia supervivencia de estas organizaciones, "en una destrucción, sin precedentes en el periodo democrático, del tejido social de nuestro país", dice Ceapa, que añade que "etos presupuestos son un desprecio hacia los aproximadamente tres millones de familias a quienes Ceapa representa y, en particular, hacia las decenas de miles de padres y madres del alumnado que realizan una labor voluntaria y desinteresada en las AMPA, en sus federaciones territoriales y en Ceapa a nivel estatal".
 
Tanto Ceapa (lo mismo se podría decir de Concapa) como sus federaciones territoriales necesitan un local con la infraestructura necesaria y un mínimo de personal laboral que garantice el asesoramiento y apoyo a las AMPA, y la representación en los centros educativos, consejos escolares y mesas de negociación, a nivel local, autonómico y estatal, donde los padres y las madres siempre estamos en inferioridad de condiciones en relación al profesorado y a las Administraciones educativas. "Además, sin esa pequeña estructura administrativa no se puede garantizar la continuidad de unas organizaciones en constante renovación, como consecuencia de que muchos progenitores deben abandonar su cargo cuando los hijos finalizan la Secundaria postobligatoria, coincidiendo con la mayoría de edad", se queja la confederación de padres de la Pública.

  
Ceapa recuerda que las madres y los padres que participan en las AMPA, en sus federaciones territoriales, o en la propia confederación a nivel estatal, no reciben ningún tipo de remuneración y realizan una labor social totalmente voluntaria. El dinero de estas ayudas estatales se dedica a garantizar la presencia en los órganos de representación, asesorar a las AMPA, impartir cursos de formación y jornadas en asuntos de marcado interés educativo, y mantener el personal laboral y la infraestructura administrativa necesaria.
 
Ceapa dice que ellos y las federaciones territoriales de AMPA "defienden los derechos de los padres y madres y del alumnado, participan en los consejos escolares, forman a otros padres, y cubren muchas carencias que deberían ser atendidas por el Estado, como la gestión de programas de préstamo de libros, comedores escolares, actividades extraescolares, entre otras". "Por su mera existencia en la defensa de los intereses de las familias, por las actividades de formación y divulgación que desarrolla y por promover la implicación de las familias en la escuela, éste es un movimiento asociativo que debería estar amparado mínimamente por el Estado", añade esta confederación. Como señala Jesús Mª Sánchez, presidente de Ceapa, "esos fondos tienen un valor social multiplicador, porque con ellos damos mucho a la sociedad; sin embargo, y a juzgar por los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno cree que nuestra labor es totalmente prescindible". Fundada en 1979, Ceapa aglutina a 42 federaciones territoriales que, a su vez, integran a cerca de 11.000 asociaciones de padres y madres de alumnos, fundamentalmente de la escuela pública.
 
Por su parte, Concapa lamenta que "tampoco se haya tenido en cuenta, una vez más, el papel fundamental de las familias y de las asociaciones de padres, a quienes deberían dotarse de los medios necesarios para poder llevar a cabo su función formativa y participativa". "Reiteramos –señala en un comunicado– que con respecto a los recortes en Educación existe un límite que no puede traspasarse: la merma en la calidad de la enseñanza y de las libertades y derechos educativos".
  
Fuente: Magisnet.

6/4/12

Jóvenes sin salida



     
Por José María Marco.
  
Prosiguiendo con lo que se va convirtiendo en una costumbre alemana, Angela Merkel ha vuelto a decir que los jóvenes españoles que quieran trabajar serán muy bienvenidos en su país. En la reflexión que ha hecho Merkel hay una parte de sentido común, como es preferir a los conciudadanos de la Unión Europea antes que a cualquier otro. Y hay otra en la que la canciller alemana pone el acento: la calidad de la preparación de los españoles.
 
Con frecuencia en nuestro país se escuchan críticas y quejas acerca de este último asunto. Son, casi siempre, injustas. Los jóvenes españoles no saben lo que sabían otras generaciones de españoles (por culpa de estos últimos). Y sin embargo, saben otras cosas, se mueven naturalmente en un mundo global y cuando están preparados en un campo profesional o del saber, lo están de verdad, con rigor y en profundidad. El sistema de enseñanza español tiene fallos gigantescos, pero proporciona una excelente formación a quienes cursan íntegro los ciclos educativos de la Universidad y la Formación Profesional.

 
Eso es precisamente lo que valoran los empresarios de otros países, y en vez de dejarnos llevar una vez más por la autocrítica destructiva, también lo deberíamos tener claro nosotros mismos. Más aún nos debería llamar la atención el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre aquí, los jóvenes españoles puedan encontrar trabajo fuera, en Alemania o en otros países. En la reflexión de Angela Merkel hay otra dimensión, y es que se invita a la gente joven a trabajar: a asumir responsabilidades, a comportarse como adultos, a tomar el control de su propia vida. Nadie podrá decir que Alemania no es un país con un sistema sólido de bienestar. También es un país en el que, a diferencia de lo que ocurre en España, los jóvenes no son tratados como seres inferiores, eternamente inmaduros e infantilizados.

 
En nuestro país los jóvenes no pueden decidir hasta muy tarde si quieren seguir estudiando o empezar a prepararse para una profesión. Luego no pueden trabajar si no es mediante un salario que viene impuesto por el Gobierno: está demostrado que un salario mínimo demasiado alto actúa como freno para la contratación de los jóvenes. En consecuencia, nadie les contrata y ven retrasada su entrada en el mercado laboral, es decir en la vida adulta, hasta muy tarde. Los jóvenes, por otro lado, tienen acceso a subvenciones sin cuento, de las que muchas veces ni siquiera son conscientes: el transporte, por ejemplo, o el ocio. Un teatro público de Madrid ofrece descuentos del 90% a los jóvenes menores de treinta años. Jóvenes de treinta años… Quien ha creado este tipo de situaciones lo hace para algo y quienes son clasificados como jóvenes a los treinta deberían preguntarse por qué se le ha encerrado en ese gueto del que le va a resultar tan difícil salir.
  

4/4/12

FAPA Valencia rechaza la jornada continua "no conciliar la vida laboral y escolar"

04-04-2012 / 19:00 h EFE
  
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la provincia de Valencia (FAPA) ha mostrado su rechazo a la introducción de la jornada continua en las aulas por "no conciliar la vida laboral y escolar" ni mejorar el rendimiento de los alumnos.
  
Según denuncia FAPA en un comunicado, tras la jornada continua propuesta por la Conselleria de Educación en el borrador de la orden para regular el calendario lectivo hay una intención de "no invertir" en la escuela pública ya que su implantación provocaría el cierre de los comedores y, por tanto, el ahorro en becas.
  
Para FAPA, se trata de una "excusa perfecta que ratifica la política educativa de la Conselleria de que la educación es un gasto y no una inversión".
  
La federación considera que las razones para el rechazo de la jornada continua son "claras", por lo que ha elaborado un documento titulado "Las falsas verdades de la jornada continua" en el que desmiente algunos argumentos a favor de la misma.
  
En él duda de que la jornada continua vaya a permitir a "todos" los niños disfrutar de actividades extraescolares porque, en su opinión, las familias con menos recursos no lo pueden costear.
  
Asimismo, cuestiona que la jornada continua vaya a fomentar una "mejor relación" con los padres, o una "mejor organización escolar".
  
Por ello, FAPA participará en el referéndum que la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Comunitat Valenciana Gonzalo Anaya pretende convocar para ver la respuesta de los progenitores ante la modificación de la jornada lectiva.
  
"El resultado del referéndum no es tan importante como las consecuencias que se puedan derivar de la aplicación de la jornada continua", ha manifestado la presidenta de FAPA Valencia, Remei Santacatalina. 
  
Fuente: ABC.