24/1/13

LA LOMCE DEBE GARANTIZAR QUE NO SE IMPONGA IDEOLOGÍA EN LAS AULAS Y SUPRIMIR DEFINITIVAMENTE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA



La recuperación de los contenidos ideológicos de esta asignatura en Andalucía pone en evidencia esta necesidad.

Hasta su eliminación, el Ministerio tiene que adoptar medidas concretas, más allá de este ineficaz recorte de contenidos.

Madrid, 24 de enero de 2013. La aprobación de la Consejería de Educación de Andalucía de la nueva normativa que regulará la asignatura Educación para la Ciudadanía en esta Comunidad, supone la recuperación de los contenidos más ideológicos que fueron eliminados por el Ministerio, y deja a los alumnos andaluces sometidos de nuevo a la manipulación de sus conciencias. Otras comunidades autónomas ya anunciaron que, al igual que ha hecho Andalucía, incorporarán en sus desarrollos curriculares los contenidos eliminados por el ministerio.

 

Como llevamos defendiendo desde hace varios años, la imposición de estas  asignaturas y de estos contenidos concretos no responde a la preocupación por fomentar una ciudadanía responsable en una sociedad democrática del Consejo de Europa y de la propia Unión Europea, tal como sostienen sus defensores manipulando las Recomendaciones de dicho Consejo de Europa. Como el propio partido en el gobierno ha manifestado públicamente en múltiples ocasiones, en España esta recomendación se ha utilizado para manipular las conciencias de los alumnos.

Dada la gravedad de esta situación, que supone la vuelta de un grave conflicto en el sistema educativo cuyas consecuencias aún siguen sufriendo miles de familias de objetores de conciencia, la federación España Educa en Libertad espera que el Ministerio adopte medidas que garanticen definitivamente los derechos de los padres reconocidos en la CE y elimine Educación para la Ciudadanía en la futura LOMCE.

 

Puesto que ya se ha anunciado que dicha ley no entrará en vigor hasta el curso  2014-2015 o incluso en 2015-2016, el Ministerio de Educación tiene que garantizar una solución eficaz para estos cursos. Como se está comprobando, la modificación provisional que se ha hecho en el currículo de esta asignatura (una modificación que se anunció como transitoria para un único curso, y que nuestra federación ya calificó de insuficiente el pasado 24 de mayo) no es la solución al grave conflicto que supuso la implantación de EpC. No podemos esperar hasta el año 2015 para solucionar este problema;  el Gobierno tiene que acelerar la implantación de la LOMCE y adoptar, hasta ese momento, medidas concretas más allá de este recorte de contenidos que, con  la aprobación de la normativa andaluza, ha demostrado ser claramente ineficaz.

23/1/13

El Tribunal Supremo reconoce que la educación diferenciada no es contraria a la legislación vigente

Religion Confidencial. 23 de enero del 2013

El Tribunal Supremo ha dejado constancia de la constitucionalidad de concertar con centros de educación diferenciada, es decir que este tipo de centros educativos que ofertan educación diferenciada por sexos no pueden recibir fondos públicos.

Esta resolución afectaría a los colegios situados en la provincia de Córdoba que imparten enseñanza diferenciada: Zalima -en la capital-, Yucatal -en Posadas- y Torrealba -en Almodóvar del Río.

La sentencia llega después de que la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) recurriera primeramente al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la decisión de la Junta de renovar el concierto a estos tres centros sólo para el curso 2009-2010.

La extensión de este concierto además tenía ciertas cortapisas por parte de la Junta de Andalucía, la extensión del concierto tres años más dependía d que la escolarización de alumnos fuera para ambos sexos a partir del curso 2010-2011.

Este recurso lo ganó la patronal de colegios concertados obligando a la Junta a aprobar el concierto durante cuatro años. La Junta de Andalucía recurrió ante el Tribunal Supremo que ahora dicta sentencia asegurando que "la enseñanza separada por sexos no es contraria a la legislación vigente", además reconoce que "cuestión distinta es que tal actividad pueda ser objeto de concertación con fondos públicos".