29/11/09

Apoteósica celebración del I Encuentro de Objetores a EpC de Castilla y León


Encuentro de Objetores de CyL (29-11-09)

Contó con la asistencia de más de 250 personas, que mostraron su satisfacción por las 192 sentencias del TSJCyL que eximen de cursar EpC a 396 niños.
REDACCIÓN HO.- Este domingo, 29 de noviembre, se celebró en Villagarcía de Campos (Valladolid) el I Encuentro de Objetores a Educación para la Ciudadanía de Castilla y León, que congregó a más de 250 personas. De su desarrollo informaron en un comunicado conjunto las plataformas de la región.
La jornada estuvo marcada por la alegría y la satisfacción que para las familias objetoras castellanoleonesas representa que el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCyL) haya reconocido en casi 200 resoluciones el derecho de los padres a invocar razones de conciencia para evitar que sus hijos reciban enseñanzas de Educación para la Ciudadanía (EpC), tal y como está configurado su actual currículo en los reales decretos del Ministerio de Educación y en los decretos de la Junta de Castilla y León.
El TSJCyL ha dictado ya 192 fallos que eximen de la obligación de cursar EpC a 396 hijos de familias objetoras de cinco provincias. 82 de esos niños, amparados por 38 resoluciones, residen en Salamanca; son de Soria 109 menores, a quienes afectan otras 71 sentencias; viven en Valladolid 155 alumnos, a los que 71 fallos permiten no dar EpC; 9 niños exonerados mediante 2 fallos son de Ávila; por último, las 10 sentencias notificadas la pasada semana declaran exentos a 41 menores de Burgos.
Tras la recepción y acogida de los participantes, inauguró el Encuentro Marisa Pérez Toribio, presidenta de Soria Educa en Libertad y de España Educa en Libertad. En su alocución, destacó que "el movimiento objetor a EpC está firmemente consolidado", porque los padres están "cada vez más firmes en sus convicciones". Resaltó así mismo que lo que en los albores del movimiento objetor se intuía "como una intromisión del Estado" en la formación moral de los menores "tiene un alcance mucho mayor", puesto que se ha evidenciado que forma parte de "un proyecto ideológico y cultural del Gobierno, que pretende transformar la sociedad española y redefinir al hombre".Y añadió:
"Un proyecto que pasa por moldear las conciencias de nuestros hijos. Pero no estamos dispuestos a permitirlo. Vamos a defender a nuestros hijos y a los de todos, e intentaremos estar a la altura de este reto".
Tras la apertura, estaba anunciada la participación, como primera ponente, de M.ª Rosa de la Cierva, miembro del Consejo Escolar del Estado, pero una indisposición le impidió asistir. Así pues, fue el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay, el encargado de impartir la primera conferencia: "¿Quién educa a nuestros hijos? De EpC a la educación sexual obligatoria". En su intervención, Urcelay, después de destacar la fortaleza del movimiento objetor, animó a los padres a seguir luchando por la libertad de educación y alertó sobre los contenidos de la educación afectivo-sexual que la ley del aborto impondrá como obligatoria para todos los alumnos a partir de los 11 años:
"Al igual que en EpC, se trata de expropiar los derechos de los padres, inculcando a nuestros hijos una ética que se dice común y que en realidad es la moral sexual de unos pocos, que, desde la educación, se quiere imponer a toda la sociedad".
Por su parte, Francisco José Ramos Vega, abogado de las plataformas de Ávila, Salamanca, Soria y Valladolid, disertó sobre "Presente y futuro de la batalla judicial contra EpC". El jurista, que habló en nombre de todos los letrados defensores de las familias objetoras, aseguró que la que se les ha encomendado es una misión de la que se sienten muy orgullosos. Así mismo, manifestó que el TSJCyL ha puesto en evidencia a la Junta de Castilla y León, puesto que en sus 192 resoluciones ha expresado con toda claridad que el Gobierno regional debería haber garantizado los derechos de los padres, sin obligarlos a ir a los tribunales. Por último, Ramos Vega resaltó:
"Las resoluciones, que no han sido recurridas por Junta, ponen de relieve el carácter adoctrinador de EpC y reconocen que existe un derecho a objetar que se fundamenta en la propia Constitución Española y en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".


Después de un breve descanso, se proyectó un audiovisual que narra brevemente la historia en imágenes de la batalla por la libertad que protagonizan desde hace tres años las familias objetoras. A continuación, varios objetores compartieron sus testimonios, experiencias e inquietudes con el resto de los asistentes.

Inmediatamente antes de la clausura, se vivieron los instantes más emotivos, con la entrega del I Galardón de Encuentros de Objetores de Castilla y León Memorial Lourdes Gil-Cepeda Morán. La distinción lleva el nombre de la esposa de José Sanz, presidente de la Plataforma Padres por la Libertad de Valladolid, fallecida el año pasado en el parto de su séptimo hijo. El premio recayó en el propio José Sanz, quien lo recogió embargado por la emoción.


Este premio, además recordar entrañablemente a Lourdes, simboliza el reconocimiento del movimiento objetor de la región, tanto a ella como a su marido, por el entusiasta trabajo desplegado por ambos en la defensa de los derechos de los padres. El galardón es una escultura en mármol, donada por el reconocido escultor de Laguna de Duero Lorenzo Duque y por la Joyería Álvaro de la misma localidad vallisoletana, quienes contribuyeron así a que el evento tuviera un final vigoroso y pleno de emotividad.

Finalmente, volvió a intervenir Marisa Pérez Toribio para dar por finalizado el Encuentro, ocasión que la presidenta de España Educa en Libertad aprovechó para, con la colaboración de Leonor Tamayo, coordinadora de Profesionales por la Ética, presentar una nueva fase de la campaña del movimiento objetor a nivel nacional cuyo lema es 'Haz volar la Libertad de Educación'.
Recursos informativos.
Entrevista a Susana Álvarez (Plataforma Padres por la Libertad de Valladolid) en La Palestra, informativo regional de Castilla y León (desde el minuto 3:50 hasta el 10:45).

25/11/09

El Gobierno intenta parar los recursos de los objetores a EpC

Se imponen costas desorbitadas en los procedimientos judiciales
Madrid, 25 de noviembre de 2009. Que al Gobierno no le hace ni pizca de gracia que haya objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) es evidente. No hay más que recordar el bochornoso episodio de la ex ministra Mercedes Cabrera felicitándose por el fallo de las sentencias del Tribunal Supremo sobre este asunto media hora antes de que la Sala que debía decidir iniciara sus deliberaciones.
Un nuevo episodio de los obstáculos que el Gobierno pone a los objetores a EpC son las costas o gastos judiciales que los abogados del Estado están imponiendo a los padres objetores en los casos que ya han sido resueltos por el Supremo. Según José Luis Bazán, director de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, es llamativa la cuantía de las costas que, en algunos casos, están siendo de 600 € por procedimiento. «Resulta absolutamente desorbitado el importe», asegura Bazán, porque suelen ser, en este tipo de casos, de 200 €. La imposición de estas elevadas cantidades es contrario a la buena práctica jurídica y deben ser impugnadas porque con ellas pretenden obstaculizar el ejercicio de los derechos de los objetores».
Para Bazán, resulta notorio que el Gobierno está preocupado porque los objetores a EpC no se han detenido y pretende amedrentarle con la cuantía de las costas. Y es que desde septiembre hasta hoy los padres han presentado unos 250 recursos judiciales en Valencia, Toledo y Madrid mientras el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado, en mes y medio, 182 sentencias que eximen a 355alumnos de cursar las polémicas asignaturas.

22/11/09

EDUCACION PARA LA CIUDADANIA FORMA PARTE DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD Y REDEFINICIÓN DEL HOMBRE




Lourdes Ruano Espina, Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado,

interviene en el Congreso de Católicos y Vida Pública

Madrid, 21 de noviembre de 2009. En la tarde de ayer se inició en Madrid el XI Congreso de Católicos y Vida Pública. En el transcurso del mismo Lourdes Ruano Espina, Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Salamanca, pronunció una conferencia con el título El derecho a la libertad religiosa.

Ruano Espina manifestó que el Gobierno socialista ha sacado adelante «una abundante legislación que presenta importantes connotaciones e implicaciones morales»; en el marco de esa legislación se refirió a la asignatura genéricamente denominada Educación para la Ciudadanía (EpC), que «persigue como objetivo formar o conformar la conciencia de los menores, sobre la base de unos valores concretos que forman parte de una supuesta ética pública, que deriva de la ley positiva y que se imponen a través del sistema educativo».

Para Ruano Espina, esta abundante legislación responde a un proyecto ideológico y cultural que tiene el Gobierno y que pretende

transformar la sociedad española y redefinir al hombre, partiendo de una antropología y una ideología (la llamada ideología o teoría de género) que resultan incompatibles con la antropología cristiana y contrarias a la ley moral.

La Catedrática de la Universidad de Salamanca hizo referencia a la objeción de conciencia como una concreción del derecho a la libertad religiosa y recordó a los numerosos padres, que se oponen a que sus hijos cursen EpC «por imponer a los menores una formación moral que es contraria a las convicciones morales y religiosas en que quieren educar a sus hijos».

Lourdes Ruano Espina es también vicepresidenta de España Educa en Libertad, federación que agrupa a la práctica totalidad de los padres objetores a EpC.

Lourdes Ruano Espina

Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Salamanca

Vicepresidenta de España Educa en Libertad

17/11/09

GOBIERNO OBLIGA A ENSEÑAR SEXUALIDAD EN COLEGIOS


El Gobierno hará obligatoria su educación sexual en todos los colegios

La plataforma Profesionales por la Ética ha elaborado un informe en el que analiza cómo y quién va a impartir los contenidos educativos de carácter sexual previstos en la reforma de la Ley del Aborto. Sanidad ya ha anunciado que está elaborando una norma legislativa que obligará a los centros educativos, sin excepciones, a impartir educación sexual a todos los alumnos desde la infancia.

EL IMPARCIAL

17-11-2009

El debate sobre la reforma del aborto está ocultando un aspecto casi desconocido del proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo: el capítulo educativo.

Para informar a la opinión pública sobre este aspecto, Profesionales por la Ética ha elaborado el Informe La educación sexual que viene. El capítulo educativo en el Proyecto de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en el que analiza cómo y quién va a impartir estos contenidos.

En síntesis, el Informe explica que los artículos 9 y 10 del citado proyecto de ley incluyen una serie de medidas que se proponen "incorporar la formación sexual y reproductiva al sistema educativo" desde un enfoque integral que tendrá como objetivos "la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres con especial atención a la prevención de la violencia de género, agresiones y abusos sexuales, el reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual, el desarrollo armónico de la sexualidad acorde con la personalidad de los jóvenes, la prevención de enfermedades e infecciones de transmisión sexual y especialmente la prevención del VIH y la prevención de embarazos no planificados".

Hasta el momento no se sabía cómo se iban a llevar estos contenidos a la escuela porque el proyecto de ley no lo aclara. El Ministerio de Igualdad, impulsor del proyecto, se había negado a aclarar si la educación sexual se incluiría en alguna de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía o en otras asignaturas.

Educación sexual obligatoria
Sin embargo, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos y la propia ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, ha resuelto la incógnita al anunciar que su departamento está elaborando una norma legislativa que obligará a los centros educativos, sin excepciones, a impartir educación sexual a todos los alumnos desde la infancia.

La formación en esta materia no la proporcionarán los profesores sino personal sanitario, especialmente farmacéuticos y enfermeros pero también psicólogos, sexólogos y todos aquellos profesionales que el Gobierno quiera capacitar y acreditar. Así, explica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, "no cabrá que los centros educativos apelen a su ideario para oponerse ya que, de hacerlo, serán acusados de no colaborar con la salud pública".

Por tanto, según Profesionales por la Ética, es muy probable que a partir del curso que viene, en todos los centros educativos españoles impartan educación sexual y reproductiva personas dependientes del Ministerio o las consejerías de Sanidad, profesionales de la salud ajenos al centro escolar. Naturalmente, los contenidos serán definidos por ley y vigilados por Sanidad a través de la Inspección correspondiente.

A modo de conclusión, el Informe indica que:

"De esta manera el Estado se entromete de nuevo en la intimidad de los alumnos ya que el ejercicio de la sexualidad pertenece al ámbito personal y afecta a los valores y convicciones y, por tanto, a la libertad ideológica y de conciencia. La impartición obligatoria de determinados contenidos de educación sexual contraviene la legislación fundamental internacional (Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Por tanto, concluye Fernández de Alarcon, "los contenidos de educación sexual dirigida a menores no pueden tener carácter obligatorio. Si lo tuviera, sería absolutamente ilegal y los padres, con todo derecho, podrán oponerse a que sus hijos la reciban en los centros educativos. Estos mismos centros podrán y deberán defender su derecho al ideario propio".

http://www.alicanteeducaenlibertad.es/


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14/11/09

Ahora, educación sexual por decreto



Ahora, educación sexual por decreto

A primeros de agosto, denunciamos cómo la conocida como Reforma de Ley del Aborto incluía un ambicioso plan de educación sexual impuesto desde el Ministerio de Igualdad que recorrerá todas las etapas del ciclo escolar de los alumnos.

Aunque el núcleo del Proyecto de Ley es, indudablemente, ampliar los criterios y plazos que permiten la realización del aborto, contiene, en su inspiración y su formulación explícita, una intención manifiesta de adoctrinar en los principios y consecuencias de la denominada ideología de género. Este adoctrinamiento se articula tanto en el ámbito sanitario como en el educativo: "La ley (…) prevé la adopción de un conjunto de acciones y medidas tanto en el ámbito sanitario como en el educativo."

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¿Gabilondo pretende dar esquinazo a los objetores a EpC?

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En una carta a los firmantes de una alerta de HO, evita responder a la petición de que reciba a las plataformas objetoras, so pretexto de que Eva Almunia se ha entrevistado con la CECE, con el FEF y con CONCAPA.
REDACCIÓN HO.- Ángel Gabilondo, ministro de Educación, ha comenzado a remitir a los firmantes de una alerta de HazteOír.org unas

cartas en las que rehúye contestar a la petición expresa que en ella se le formulaba: que, como tantas veces ha dicho estar dispuesto a hacer, escuche a los portavoces del movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía (EpC).

A finales de septiembre, HO activó una alerta cívica en la que, invocando "el bien de nuestro sistema educativo", se le exigía textualmente "que reciba a los representantes de las plataformas que agrupan a los padres objetores con el fin de buscar una solución dialogada al conflicto" causado por el actual diseño curricular de esas asignaturas.

Desde aquellas fechas, Gabilondo ha manifestado con frecuente reiteración que su Departamento recibiría y escucharía a los representantes de las familias objetoras, respecto de las cuales reconocía que actúan legítimamente. Así se expresaba el titular de Educación el 27 de septiembre en una entrevista publicada por el diario digital Qué:

"Los que objetan creen que han de hacerlo así y luchan desde la legalidad vigente, tienen todo el derecho a hacerlo".

El 1 de octubre iba más allá y comprometía públicamente su palabra de escuchar "las razones" de los objetores:

"Si hay un debate, escucharé las razones de quienes creen desde su conciencia que deben objetar, pero EpC es una asignatura más que se impartirá con normalidad y que seguirá los mismos indicadores, procedimientos y valoraciones que las demás asignaturas".

Además, y aunque eludía todo compromiso a ser él mismo quien se sentara a dialogar con los representantes de las familias de toda España que han planteado formalmente más de 54 mil objeciones, anunciaba con toda claridad que alguien de su equipo ministerial se reuniría con ellos:

"Yo no tengo ningún inconveniente en reunirme con quien haga falta, tampoco es imprescindible que sea yo, puede ser el Ministerio".

El día 5 del mismo mes, en declaraciones a ABC en las que se marcaba como plazo para lograr un pacto educativo la ya cercana Navidad, manifestaba su interés en hallar "una solución" para quienes aducen razones de conciencia al negarse a que sus hijos reciban enseñanzas de EpC:

"Estoy decidido a encontrar una solución para las familias que han invocado la objeción de conciencia".

El 21 de octubre, en Salamanca, reiteró la intención de convocar a través de la Secretaría de Estado a las organizaciones que aglutinan a las familias objetoras, e incluso apuntaba una posible vía para un acuerdo desaeble para todos:

"Vamos a ver si podemos encontrar alguna solución en el currículum, siempre sobre la base del carácter obligatorio".

¿Faltará Gabilondo a la palabra empeñada?

Sin embargo, algo o alguien parece haberle hecho cambiar de opinión al ínclito Ángel Gabilondo, puesto que, en los párrafos finales de las cartas que está remitiendo a quienes suscribieron la alerta de HO, evita responder a la petición que miles de ciudadanos le habían hecho llegar.

Así, en el penúltimo párrafo de su escrito, fechado el 12 de noviembre, el Ministro reitera "la disposición" de su Departamento a "escuchar"... Pero ya no menciona a las familias objetoras, a las que en numerosas oportunidades ha citado expresamente; se refiere de forma genérica a "asociaciones de padres de alumnos" (perfil al que, por otra parte, responde la flamante Federación de Plataformas España Educa en Libertad):

"Con independencia de todo lo anterior, y tal y como he manifestado en varias ocasiones, mantenemos la disposición de este Departamento a escuchar aquellos razonamientos y propuestas que las Asociaciones de padres de alumnos deseen plantear sobre este asunto. En ese sentido, la Secretaria de Estado de Educación y Formación Profesional ha celebrado recientemente reuniones con la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), el Foro de la Familia y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE)".

Así pues, so pretexto de que Eva Almunia ha recibido a CONCAPA, al Foro Español de la Familia (FEF) y a la CECE (la patronal a la que están adscritos buena parte de los colegios concertados de titularidad civil), Gabilondo elude responder a la petición que los firmantes de aquella alerta le formulaban: "que reciba a los representantes de las plataformas que agrupan a los padres objetores con el fin de buscar una solución dialogada al conflicto".

Por último, el Ministro se despide con "un cordial saludo", tras asegurar que en los "mismos términos" ha contestado a todas las personas que "han secundado la iniciativa de HazteOir.org sobre este asunto".

En definitiva, Gabilondo, valiéndose de subterfugios y evasivas, evita responder a lo solicitado, que no es otra cosa que el que reciba a las plataformas objetoras, que recientemente han constituido una Federación de ámbito nacional. España Educa en Libertad es la entidad que más genuinamente representa al movimiento objetor, pues quienes la integran son las asociaciones creadas por las propias familias que han declarado formalmente su rechazo a que sus hijos asistan a las clases de EpC.

Como sus dos predecesoras en la cartera de Educación, Ángel Gabilondo parece no querer aceptar que será inútil la búsqueda de una solución al cada día más complejo conflicto originado por los actuales currículos de ese grupo de asignaturas, si se empecina en marginar del proceso de diálogo a quienes son los más directamente afectados: los padres objetores. Unos padres que, como reza el lema de su movimiento cívico, no están dispuestos a dar ¡NI UN PASO ATRÁS!




11/11/09

El TSJ notifica 109 sentencias que eximen a 208 alumnos de Educación para la Ciudadanía

Castilla y León >

[ 11-11-2009 ] El Norte de Castilla

Los padres objetores se concentran para expresar su malestar con la Junta, «que no ha reconocido nuestros derechos».

F. MAÑOSO | VALLADOLID.

Representantes de los padres objetores a las asignaturas de Educación para la Ciudadanía de todo Castilla y León tienen previsto concentrarse hoy ante la sede de la Junta, en Valladolid, para 'visibilizar' ante la sociedad y la opinión pública, «lo que el presidente Herrera no quiere ver ni escuchar: el malestar de más de 3 000 padres de la Comunidad ante la actitud del Gobierno regional».

A su juicio, desde hace tres años, el Gobierno de Herrera ha jugado con ellos «al ratón y al gato», aunque aseguran que esta situación se ha terminado, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha notificado ya 109 sentencias que eximen a 208 alumnos de cursar alguna de las asignaturas genéricamente denominadas Educación para la Ciudadanía. «Y por si fuera poco, el Tribunal ha dado un toque de atención a la Junta al indicar expresamente que cualquier incidencia que surja en relación con la educación de un alumno ha de ser resuelta por las autoridades educativas autonómicas».

Reconocer los derechos

En definitiva, aseguran que el Gobierno de la comunidad, «podría y debería haber reconocido los derechos de los padres y hacer efectivo su respeto, evitándonos tener que acudir a los tribunales para defender unos derechos que la propia Constitución nos reconoce. Los representantes de los padres objetores tienen previsto leer ante el Palacio de la Asunción un manifiesto con sus principales demandas, «en respuesta a la serie de agravios que les ha infringido la Junta en estos años. En este sentido, destacan que «el decreto autonómico que desarrolla las asignaturas de EpC en Castilla y León no ha rebajado en absoluto el carácter ideológico y adoctrinador de estas materias escolares», y califican de beligerante la actitud de la Junta con los padres objetores.

Este colectivo dice que Herrera se ha negado reiteradamente a recibirles, a pesar de haberle solicitado una entrevista en tres ocasiones, y que el Ejecutivo ha rechazado adoptar ninguna medida, «para garantizar la neutralidad ideológica de EpC como, exigían las sentencias del Tribunal Supremo de febrero del 2009 y como pedimos los padres objetores al viceconsejero de Educación en el mes de mayo pasado».

«Estamos ante más de cien sentencias favorables a los objetores pero están por notificarse muchas más. Y el TSJ afirma que EpC vulnera derechos fundamentales al imponer una moral de Estado obligatoria», concluyen.


5/11/09

Los objetores a EpC reivindican su condición de interlocutores imprescindibles


 

Los objetores a EpC reivindican su condición de interlocutores imprescindibles para la solución del conflicto de Ciudadanía

 

Reiteran a Gabilondo su petición de entrevista

Madrid, 5 de noviembre de 2009. En los últimos meses el ministro de Educación ha declarado su interés por reunirse con las asociaciones críticas con las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC). Gabilondo incluso ha llegado a expresar su respeto por los objetores, algo insólito si se compara con la actitud de sus predecesoras en el cargo.

 Pues bien, hoy mismo la recién creada Federación de Plataformas España Educa en Libertad (que agrupa a la mayoría de los objetores a EpC) ha entregado una carta en el Ministerio de Educación en la que reivindican su papel de interlocutores imprescindibles en el conflicto. Expresamente, los padres afirman que

 No estamos dispuestos a permitir, en lo sucesivo, que el debate en el ámbito educativo sea monopolizado por partidos políticos, administraciones educativas, sindicatos, federaciones y patronales (…) Somos nosotros y nuestros hijos, y no otros, los que conocemos y sufrimos directamente las consecuencias de la imposición de esta asignatura claramente adoctrinadora, los que hemos presentado objeción de conciencia a la misma y los que, en consecuencia, mantendremos a nuestros hijos fuera de clase de EpC, hasta que este conflicto se resuelva.

 Y es que según Marisa Pérez Toribio, presidenta de España Educa en Libertad, Ángel Gabilondo no ha incluido a los objetores a EpC en su ronda de contactos para hablar de esta polémica asignatura. «Es el Ministerio quien ha iniciado el conflicto imponiendo estas asignaturas y es el Ministerio quien tiene que ponerle fin; nosotros estamos dispuestos a sentarnos y buscar una solución que no lesione los derechos fundamentales de los padres, que son los primeros responsables de la formación de sus hijos.

 «Estamos dispuestos», asegura Pérez Toribio, «a abrir un debate sobre cómo debe abordarse la educación en valores ciudadanos en la escuela, de acuerdo con las recomendaciones europeas. No obstante, no nos oponemos de plano a que existan unas asignaturas obligatorias de formación cívica, siempre y cuando éstas respeten en sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación los derechos de los padres y no suponga un adoctrinamiento moral por parte del Estado al imponer a todos determinadas visiones de la persona y de la vida».

Mientras Ángel Gabilondo se decide o no a recibir a los padres objetores, éstos mantendrán a sus hijos fuera de clase. Mientras, prosigue la batalla judicial en defensa de sus derechos. El Juzgado Contencioso-Administrativo de Zaragoza y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León han eximido ya a casi 200 alumnos de cursar EpC pero la cadena de resoluciones judiciales posteriores a las sentencias del Tribunal Supremo no ha hecho más que empezar.

        PARA MÁS INFORMACIÓN

 Inmaculada López, Secretaria de la Federación España Educa en Libertad: tlf: 618 04 31 81

 


3/11/09

YA SON 171 LOS ALUMNOS DE CASTILLAY LEON EXENTOS DE CURSAR EpC

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Ya son 171 los alumnos que no cursarán

Educación para Ciudadanía en Castilla y León

Madrid, 3 de noviembre de 2009. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSCyL) sigue confirmando que en España cabe la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía (EpC). Y es que desde septiembre hasta hoy el TSJCyL ha eximido de cursar alguna de las asignaturas de EpC a 171 alumnos mediante 88 sentencias. De estas últimas:

· 29 corresponden a 64 alumnos de Salamanca.

· 28 sentencias se refieren a 35 alumnos de Soria.

· 31 afectan a 72 alumnos de Valladolid.

En las próximas semanas se espera que el TSJCyL siga notificando sentencias que permitan que sean cientos los niños que reciban autorización judicial para no cursar unas materias contrarias a la libertad educativa de las familias de dicha Comunidad. El Tribunal castellanoleonés afirma expresamente que las asignaturas de EpC tienen una intensa carga ética, moral e ideológica y que inciden en la privacidad e intimidad de los alumnos; por ello reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los padres, y establecen que los niños quedan exentos de cursar la materia sin que pueda tener consecuencias negativas para ello.

El TSJCyL pone en evidencia la debilidad argumental de las sentencias del Tribunal Supremo sobre objeción a EpC y recuerda que en España es el Tribunal Constitucional el intérprete auténtico de los derechos fundamentales tutelados en nuestra norma suprema.

En las próximas semanas se espera que otros Tribunales Superiores de Justicia como Madrid y Valencia se pronuncien reconociendo los derechos fundamentales de los padres y eximiendo a los alumnos de cursar EpC.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Teresa García-Noblejas

Departamento de Comunicación de Profesionales por la Ética


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