Las comunidades gobernadas por el PP calificaron de tibia hace poco
más de un mes la reforma educativa que inicialmente presentó el ministro
José Ignacio Wert, así que este ha dado perfecto acuse de recibo con el
nuevo borrador que presentará mañana a las autonomías. Este gira hacia
los postulados escolares más ideológicamente definitorios de su partido:
hace guiños de apoyo a la enseñanza concertada, recupera la asignatura
alternativa a la de Religión confesional (petición permanente de los
obispos) y abre la posibilidad de aumentar más los contenidos mínimos
que fija el Gobierno central.
Además, obliga a las comunidades con lengua cooficial a garantizar
"en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales
sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones
equilibradas en el número de horas lectivas". Si no lo hacen, dice el
nuevo borrador de la reforma escolar, al que ha tenido acceso este
periódico, deberán ofrecer a los padres la posibilidad de “escoger la
lengua vehicular” y, si no hay oferta de la que los padres quieren en la
escuela pública o en la concertada de su localidad, los Gobiernos
autonómicos deberán “sufragar los gastos de escolarización” en “centros
privados”.
Es decir, la norma admite que una comunidad dé “un trato diferenciado
a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción
razonable, sin que en ningún caso pueda suponer de hecho la exclusión
del castellano”. Pero, si lo hace, debe ofrecer las alternativas arriba
mencionadas, aunque en ningún caso establece concreción alguna sobre los
elásticos términos de “proporciones equilibradas” o “proporción
razonable”.
Rigau critica que las lenguas cooficiales sean relegadas como “especialidad” a un lugar “residual”
Sin nombrarla, esta normativa apunta directamente a Cataluña, cuya
escuela tiene como lengua vehicular el catalán y sobre cuyo modelo pesan
varias sentencias del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la
comunidad que, en los últimos tiempos, han instado a la Generalitat a
asegurar que el castellano sea también lengua vehicular. En el resto de
autonomías con idioma cooficial, la política de distintos modelos entre
los que los padres elegían se está abriendo paso con fuerza desde hace
algunos años el modelo del multilingüismo, con horas repartidas entre
los idiomas cooficiales y otros extranjeros.
Desde Cataluña, la consejera de Educación en funciones, Irene Rigau,
ha calificado la reforma de “ofensiva contra el catalán”. "Es el mayor
ataque al catalán desde 1978”, ha asegurado, apesadumbrada, en una
comparecencia ante los medios de comunicación. La consejera ha criticado
especialmente que las lenguas cooficiales pasen a tener la
clasificación de “especialidad”, cosa que relega el catalán a un lugar
“residual”, informa Ivanna Vallespín.
La nueva normativa que impulsa el Gobierno, según Rigau, también
“rompe el modelo de escuela catalana”, por lo que ha rechazado el hecho
de que las administraciones deban costear la escolarización en
castellano en colegios privados. “A lo mejor se piensan [el Gobierno]
que todos los colegios privados dan clases en castellano”, ha ironizado
la consejera en funciones, quien ha dejado entrever la idea de que ello
fomentará la segregación de los estudiantes. “Nosotros hemos optado
siempre por no separar nunca los alumnos por razón de lengua, esto ha
sido la fortaleza de nuestro sistema”, ha remachado.
El Gobierno fijará más contenidos de las asignaturas troncales; desde Lengua a Historia
Rigau también ha afeado al Gobierno del PP que tuviera esta propuesta
“escondida” hasta después de las elecciones catalanas del pasado 25 de
noviembre. La consejera ha asegurado que no conocían las intenciones del
ministro Wert hasta este lunes a mediodía, cuando han recibido el texto
de la normativa que se debatirá este martes en el marco de la
Conferencia de Educación.
Así, lejos de enterrar el hacha de una polémica que ha ido creciendo en los últimos meses —Wert llegó a hablar de
"españolizar" a los alumnos catalanes— esta parece que se va a recrudecer. Porque tampoco se cierra
la brecha que abrió el conflicto:
la propuesta inicial del ministerio decía que el Gobierno central iba a
fijar más contenidos mínimos comunes, restándoles margen a las
comunidades. Con el avance del nuevo borrador que dio la semana pasada
la secretaria de Estado de educación, Montserrat Gomendio,
parecía que Educación había buscado la manera de dar marcha atrás.
Sin embargo, no son las materias instrumentales las que fijará el
Estado —como dijo Gomendio, dejando las demás en manos de comunidades y
de centros—, sino las troncales, es decir, buena parte de ellas, la
mayoría en primaria: son Lengua, lengua extranjera, Matemáticas,
Ciencias, Sociales, Biología y Geología, Física y Química, Geografía e
Historia, Economía y Latín en varios cursos….
Los alumnos de FP básica podrán presentarse a la reválida de la ESO y, si la aprueban, lograr el título de secundaria
En el resto de materias (Religión, Educación física, Plástica,
Filosofía en algunos cursos, entre otras) las autonomías y los centros
tendrán mucha flexibilidad para fijar contenidos y horarios, pero el
Gobierno central se reserva fijar los “estándares de evaluación” y de
“adquisición de competencias” de troncales y específicas, es decir,
prácticamente todas, así como la redacción de las reválidas en ESO y
bachillerato. En estas, los alumnos se examinarán de todas las materias
troncales y de una específica. La calificación será de 0 a 10, y se
aprueba con un 5. En la evaluación final de primaria (que no es reválida
porque no depende de ella pasar a la ESO), los alumnos tendrán que
demostrar sus competencias en lengua, matemáticas, ciencia y
tecnología; en este caso, "el resultado de la evaluación se expresará en
niveles: bajo, intermedio y alto".
Las materias troncales deberán ocupar, dice el texto, al menos la
mitad del horario, lo que, según fuentes de la Consejería de Educación
vasca, es una frase vacía, pues en cualquier curso ocupan mucho más y
nadie se ha planteado cambiarlo. En cuanto a la educación infantil, la
FP y la enseñanza de idiomas se mantienen los porcentajes de
atribuciones que existen ahora: entre el 55% y el 65% los fija el
Gobierno central.
Fuentes del ministerio aseguraron hoy a Efe que los cambios intentan
“conseguir una reforma con el mayor consenso posible” y atender las
peticiones de la comunidad educativa en general, de los centros y de las
comunidades, que han criticado la reforma porque, aseguran, atenta
contra la igualdad de oportunidades al adelantar los itinerarios hacia
la FP y el bachillerato y con reválidas al final de la ESO y de
bachillerato.
El Ejecutivo mantiene la idea hacer públicos los resultados de los centros
Sin embargo, los cambios parecen haber escuchado únicamente —o, al
menos, sobre todo— a las peticiones hechas desde el seno del PP y las
comunidades gobernadas por este partido. Así, desaparece del proyecto la
asignatura de Educación Cívica y Constitucional, la nueva Educación
para la Ciudadanía sin contenidos polémicos que prometió Wert. Sin
embargo, se recupera la idea que reclamaron los obispos durante la
negociación en 2005 y 2006 de la actual ley (LOE): una asignatura
evaluable sobre valores alternativa a la enseñanza confesional, igual
que antes los padres podían elegir entre Religión o Ética para sus
hijos. La nueva materia se llama Valores Culturales y Sociales en
primaria y Valores Éticos en secundaria. Los obispos siempre han querido
un alternativa dura que incremente el número de alumnos que eligen
Religión, cuya nota no cuenta para hacer media, pero sí para repetir
curso o no.
Asimismo, se han introducido guiños a la escuela concertada (privada
subvencionada), una petición que los populares enuncian como apoyo a la
libertad de elección de centros. Así, se prolonga el periodo la renovar
lo concierto (de un máximo de cuatro años se pasa a un mínimo de seis) y
se dice que las Administraciones, cuando hagan la programación de
oferta de plazas, tendrán también en cuenta "la demanda social", es
decir, que si hay padres que prefieran llevar a sus hijos a la
concertada en vez de la pública. El PP propuso, durante la negociación
del frustrado pacto de Estado por la educación en la pasada legislatura,
blindar por ley los conciertos, es decir, que si un centro privado con
suficiente demanda pide la subvención y cumple los requisitos mínimos,
la comunidad esté obligada a concederla. Además, elimina al
representante municipal obligatorio en los consejos escolares de los
colegios concertados.
En el capítulo de concesiones —mínimas o casi imperceptibles según
varias fuentes del PSOE— está que los alumnos del nuevo ciclo de FP
básica podrán presentarse a la reválida de la ESO y, si la aprueban,
obtener el título de secundaria. Esta vía alternativa para los chavales
que, con 15 años, no tengan muchas posibilidades de sacarse la ESO, les
da los rudimentos de un oficio y un título profesional que concede el
Ministerio de Trabajo. En el proyecto inicial esta vía no daba la
posibilidad de obtener la ESO, a diferencia de sus predecesores, los
Programas de Cualificación Profesional. Estos, además, según la Ley de
Economía Sostenible, en una parte que no ha entrado en vigor, esos
programas daban también acceso directo a la FP de grado medio; ya no lo
harán.
Además, se ha eliminado el punto de la ley que permitía "reordenar"
los recursos humanos de tal manera que abría la puerta a posibles
movimientos de profesores de un tipo de asignaturas a otras,
transferencias de primaria a secundaria o FP e incluso de escuelas
oficiales de idiomas a institutos.Al principoio, este punto hablaba
incluso de "traslados forzosos".
El ministerio mantiene sus apuestas por las pruebas externas al final
de la educación de todas las etapas que en la ESO y el bachillerato
serán reválidas (si no se aprueba, no se pasa al siguiente) curso. La
del bachillerato sustituye a la Selectividad. Además, se mantiene la
idea hacer públicos los resultados de los centros, a pesar de las
peticiones contrarias de las consejerías socialistas y de distintos
colectivos educativos.
