El Consejo de Estado pide en su dictamen sobre la reforma educativa impulsada por el actual Gobierno del PP que no desaparezca la asignatura de Educación para la Ciudadanía como prevé el texto que debe debatirse en el Congreso.
El dictamen, al que ha tenido acceso Efe, afirma que "procedería imponerla como obligatoria -la citada asignatura- en algún momento" pues han sido numerosos los acuerdos y recomendaciones suscritos por España del Consejo Europeo y la UE para "velar por el aprendizaje de los valores democráticos (...) con el fin de preparar a las personas para una ciudadanía activa".
La reforma que defiende el ministro José Ignacio Wert propone cambiar Educación para la Ciudadanía por otra denominada "Valores culturales y sociales" en Primaria y "Valores éticos" en la ESO, clases que serían obligatorias y alternativas a la asignatura de Religión.
El texto está firmado por el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, y por otros nueve miembros de esta institución, entre ellos la exvicepresidenta del Gobierno socialista María Teresa Fernández de la Vega; Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Constitución, y el expresidente de UCD Landelino Lavilla.
Contrario a que las autonomías tengan que pagar centros privados
El Consejo de Estado se muestra también contrario a que las comunidades deban costear un centro privado a aquellos alumnos que quieran estudiar en castellano y no dispongan de esa oferta, uno de los puntos más polémicos de la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce)
"No debería figurar en la ley por afectar al ámbito de decisión de las comunidades autónomas con lengua propia", han concluido los expertos del Consejo de Estado.
"La regla de que las Administraciones educativas deberán sufragar los gastos de escolarización cuando los padres o tutores decidan escolarizar a sus hijos en centros privados que utilicen el castellano como vehicular, más allá de las dificultades técnico-jurídicas que podría conllevar su aplicación, no debería figurar en la ley", señala el dictamen.
El documento sostiene que, aunque comparte la posición de la Lomce respecto a que las Administraciones educativas son las que tienen las competencias para determinar la "proporción razonable" del uso de las lenguas cooficiales, debe quedar en el marco autonómico "las medidas a adoptar" cuando no se disponga de "medios o recursos" para garantizar el uso del castellano como lengua vehicular en los centros públicos.
Los expertos recuerdan que tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional han reconocido la competencia de las CCAA con lengua oficial propia para orientar su sistema educativo hacia un modelo de integración, como han hecho Cataluña y Galicia, o hacia otro de enseñanza lingüística diferenciado como la Comunidad Valenciana y País Vasco.
"Ambas posibilidades se ajustan plenamente a la Constitución, correspondiendo al legislador autonómico la libertad de opción entre uno u otro modelo, sin que la legislación básica del Estado pueda, por su densidad normativa, frustrar la elección del modelo a seguir", según el Consejo.
Las comunidades son las que deben decidir
Y resalta que son las autonomías las que están "en condiciones" de determinar dónde es preciso "intensificar medidas de apoyo especiales", lo que sin duda, según los expertos, "producirá gran variedad de situaciones entre comunidades autónomas".
La polémica sobre el punto de las lenguas cooficiales en la Lomce tuvo su momento más álgido cuando el pasado mes de octubre el ministro de Educación, José Ignacio Wert, destacó en el Congreso el "interés" del Gobierno en "españolizar a los alumnos catalanes", una manifestación que provocó un aluvión de críticas de los partidos de la oposición y de la Generalitat catalana.
Además, la mayoría absoluta del PP impidió el 30 de octubre un intento de la oposición (UPyD se abstuvo) de reprobar a Wert por esas declaraciones.
Este punto de la Lomce también provocó malestar entre las Consejerías de Educación de las comunidades con lengua propia en sus reuniones sectoriales en el ministerio, como en la del pasado diciembre, cuando la consejera catalana, Irene Rigau, abandonó el encuentro para mostrar su rechazo al borrador de la ley.
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