OBJECION TAMBIEN EN PRIMARIA: JOSE LUIS BAZAN

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Salamanca Educa en Libertad llama a rechazar la

EpC también en Primaria

By libero

Created 09/06/2009 - 16:08

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José Luis Bazán analizó este lunes la trascendencia de la implantación de la materia en esa etapa, así

como la actualidad y las perspectivas del movimiento objetor.

EpC, de nuevo en los Juzgados [2]

Vídeo: EpC, ¿objeción de conciencia o desobediencia civil?[3], en Profesionales al día

REDACCIÓN HO.- Ayer lunes, 8 de junio, José Luis Bazán, coordinador de la asesoría jurídic a de

Profesionales por la Ética, pronunció en Salamanca una conferencia en la que analizó la actualidada sy l

perspectivas de futuro del movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía (EpC), prestando especli a

atención a la trascendencia de la implantación de esas enseñanzas en el 3.er ciclo de Educación Primaa rai

partir del próximo mes de septiembre.

El acto, organizado por la asociación Salamanca Educa en Libertad y celebrado en la Residencia Sta.

Rafaela María de las Esclavas del Sagrado Corazón, comenzó a las 8 de la tarde y se prolongó hasta l0a sy 1

cuarto de la noche.

Presente y futuro del movimiento cívico contrario a esta EpC

José Luis Bazán, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Católica de París, hizo un análisis del

marco en que se hallan las familias objetoras tras las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 11 de

febrero e insistió en que, para ellas, EpC sigue siendo tan inaceptable como antes de que el Alto Tribunal

se manifestara, porque su currículo no ha cambiado en nada y, consiguientemente, en él siguen vigentes

los elementos que han causado hasta el momento la tramitación de más de 52 mil objeciones en toda

España.

El ponente afirmó que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, es muy claro que la Justicia tendár

que reconocer el derecho a objetar; pero que, bajo el diseño de la materia y de las soluciones judiciales

arbitradas, subyace un planteamiento de carácter político que enturbia la solución. Además, destacó que

las resoluciones del Supremo no han cerrado el tema en absoluto, como lo prueba el hecho de que los

recursos ante el Tribunal Constitucional siguen su trámite. Por otra parte, reiteró que, si ello fuese

necesario, los padres recurrirán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

[4]

Charla sobre EpC en Salamanca (grupo de asistentes)

Bazán valoró positivamente las nuevas vías que en las sentencias del TS se abren y se proponen a l os

padres que rechazan las asignaturas de EpC. Así, invitó a las familias a estar vigilantes y a denunciar l e

adoctrinamiento en los centros docentes, especialmente en los de titularidad estatal, pues en su caso la

observancia de la neutralidad ideológica y moral es una obligación constitucional.

En cuanto a la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humaneons

Primaria a partir del curso 2009-2010, el jurista reconoció que representa un motivo de especial

preocupación para las familias, ya que a partir del próximo mes de septiembre también serán víctimas del

adoctrinamiento que encierra su programa los niños de 10 años de edad.

El coordinador de la asesoría jurídica de Profesionales por la Ética invitó a quienes no aprueban estaC E ap

que muestren su rechazo por cualquier medio legítimo, uno de los cuales es, aunque el TS no lo haya

reconocido aún, seguir solicitando la dispensa de la asignatura. Finalmente, instó a los padres a participar

en los órganos de representación del sistema educativo, como las APAS y los Consejos Escolares, deesd

los que se puede trabajar con gran eficacia para impedir el adoctrinamiento en las actividades de EpC o

en cualesquiera otras del ámbito escolar y para promover el respeto a la libertad de educación en todos

los aspectos.

Balance de las acciones de Salamanca Educa en Libertad

Previamente a la disertación del ponente, había intervenido la presidenta de la entidad organizador,a

Lourdes Ruano Espina, que antes de presentar a José Luis Bazán, hizo un breve recordatorio de cómo se

constituyó la asociación hace algo más de un año y dio cuenta de las actividades que desde entonces ha

llevado a cabo.

Además de haber impartido numerosas charlas, los dirigentes de Salamanca Educa en Libertad,

formando parte de una delegación de todas las plataformas objetoras de Castilla y León, se han reunidon e

tres ocasiones con los máximos responsables de la Consejería de Educación.

Varios representantes de la entidad salmantina también han sido recibidos recientemente por el Director

Provincial de Educación, a quien instaron a ordenar a la Inspección Educativa que realice un estuod i

detallado de los libros de texto, actividades y herramientas pedagógicas utilizadas en los centros de la

provincia para impartir EpC, a fin de que se respeten los derechos de los padres y los principios de

neutralidad y objetividad que deben presidir la práctica docente.

Por otra parte, Salamanca Educa en Libertad, junto con más de 70 plataformas de todas las

comunidades autónomas de España, ha solicitado cita al Defensor del Pueblo Enrique Múgica, así como

audiencia al Ministro de Educación. A este último le solicitan que considere a los responsables de las

entidades promotoras de la objeción de conciencia como interlocutores válidos y necesarios en el pacto

por la educación que el propio Ángel Gabilondo ha prometido impulsar.

ADMITIDO EL PRIMER RECURSO CONTRA MANUALES ADOCTRINADORES

VER LA NOTICIA DE PRENSA

ELECCIONES EUROPEAS: AEL piden explicaciones a Zapatero y a Rajoy antes de votar en las Europeas

74 organizaciones promotoras de la objeción, entre las que se hallan tres asociaciones de la C. Valenciana, les reclaman por carta que antes de la apertura de las urnas les detallen cómo piensan actuar en relación con ese grupo de asignaturas.

REDACCIÓN HO.- A solo 4 días de las elecciones al Parlamento Europeo, varios representantes de los padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) han entregado hoy en las sedes nacionales del PSOE y del PP sendas cartas dirigidas a José Luis Rodríguez Zapatero y a Mariano Rajoy, en su calidad de líderes de los dos principales partidos políticos españoles.

En las misivas, firmadas por 74 plataformas y entidades promotoras de la objeción a EpC (entre ellas, las asociaciones recién constituidas Alicante Educa en Libertad y Castellón Educa en Libertad, además de Valencia Educa en Libertad), los padres piden a ambos políticos que, antes del 7 de junio, respondan públicamente a esta interrogante:

¿Qué iniciativas concretas va a proponer su partido en el Parlamento Europeo para garantizar el derecho que asiste a los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, tal como exige el artículo 27.3 de la Constitución Española y el Derecho Internacional (Artículo 2 del Protocolo I al Convenio Europeo de Derechos Humanos; Artículo 14.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; Artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros) que obliga a España por haberlo incorporado a su ordenamiento jurídico?

Además, la carta dirigida al secretario general del PSOE pregunta específicamente sobre las medidas que piensa adoptar su partido en relación con el conflicto provocado por la implantación en España de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía. Más concretamente, se le pide que responda si va a suprimir o no este conjunto de materias escolares obligatorias o modificar sustancialmente (eliminando su carga ideológica y adoctrinadora) sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

A Mariano Rajoy, por su parte, le solicitan una respuesta sobre las acciones que va a llevar a cabo el PP en las Comunidades Autónomas en las que gobierna, en relación con el conflicto provocado por la implantación de las polémicas asignaturas. En especial, se le pide que explique qué decisiones van a adoptar los gobiernos autonómicos para reconocer el derecho de los padres a la objeción y para garantizar la neutralidad ideológica en materia educativa, mediante la formación de profesores y la supervisión de textos, actividades y materiales didácticos.

Finalmente, los representantes de los padres objetores indican a ambos líderes políticos que sus respuestas a las cuestiones planteadas en las cartas (o su silencio) condicionarán el voto de miles de familias el próximo 7 de junio.

José Carlos Muñoz, portavoz de Valencia Educa en Libertad, sospecha que no recibirán ninguna respuesta satisfactoria ni de Zapatero ni de Rajoy. “Si ello se confirma y alguno de los dos (o ambos) nos menosprecia con un cobarde silencio o nos responde con alguna evasiva dialéctica, las entidades firmantes recomendaremos a los padres que nos han pedido opinión que no voten a quienes, por acción o por omisión, hayan demostrado no estar dispuestos a cumplir con su obligación de garantizar nuestros derechos constitucionales”, advierte.

VAEL RECLAMA A CONSELLERIA QUE SUPERVISE LOS MANUALES DE EPC

Esa es una de las tareas ordinarias que la LOE impone a la Administración educativa.

REDACCIÓN HO.- La asociación Valencia Educa en Libertad (VAEL) comunicó que el lunes 18 de mayo, presentó en el registro de la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana un escrito en el que insta al titular de la misma, Alejandro Font de Mora, a que ordene al Servicio de Inspección Educativa la supervisión de todos los libros de texto y materiales didácticos que utilizan los centros de la región para impartir Educación para la Ciudadanía (EpC), con el fin de garantizar la objetividad, la neutralidad y el pluralismo del sistema educativo.

El documento, firmado por el presidente de la entidad, Alberto de Scals, expone que, tras las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo (TS) sobre EpC, la Administración educativa valenciana tiene el deber de garantizar que en la práctica docente, tanto de ese grupo de asignaturas como de cualesquiera otras, se cumple fielmente lo dispuesto por el Alto Tribunal.

La Administración educativa ha de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por el TS

“Las materias que el Estado, en su irrenunciable función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española”, dispuso la Sala Tercera del Alto Tribunal en el fundamento jurídico penúltimo de sus cuatro sentencias de 11 de febrero del presente año.

A continuación, añaden los magistrados que “en una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa -ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas”. “Estas”, prosigue el texto de las mencionadas resoluciones, “pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales”. Por todo ello, el TS establece que “cuando deban abordarse problemas de esa índole al impartir la materia Educación para la Ciudadanía -o, llegado el caso, cualquiera otra- es exigible la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento”.

Por otra parte, VAEL recuerda en su solicitud a la Conselleria que, según establece la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica de Educación (LOE), “la supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente Ley”.

Peticiones a Font de Mora

En virtud de todo lo expuesto, la asociación pide a Font de Mora que “ordene a la Inspección Educativa que, con carácter prioritario, y en el ejercicio de sus funciones y atribuciones” lleve a cabo las siguientes actuaciones:

* - Que “realice el seguimiento de los libros de texto que se están utilizando en los centros escolares” de la región, así como de “todo el material complementario”, y que, tras haberlos estudiado, informe detalladamente de todo ello.

* - Que “adopte las medidas necesarias para que, se garantice, en todas las actividades escolares y extraescolares, y en los materiales curriculares, el respeto al derecho de los alumnos a ser educados en los valores democráticos y constitucionales, y el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”.

* - Que “sean retirados todos aquellos libros de texto y otros materiales didácticos que puedan utilizarse en la materia de Educación para la Ciudadanía (o en cualquier otra), que no cumplan con las exigencias establecidas por el Tribunal Supremo” o que “vulneren los citados derechos, garantizando de esta forma el respeto a la objetividad, neutralidad y pluralismo que debe presidir e integrarse en el sistema educativo”.

Como documentación complementaria, VAEL acompañó su escrito de solicitud con un informe realizado de los profesores J. J. Escandell, J. A. Ceballos y A. Páramo y titulado La ‘Educación para la Ciudadanía’ en los libros de texto.

Declaraciones del asesor jurídico de VAEL

José M.ª Llanos, asesor jurídico de la asociación, explica que “la Generalitat Valenciana, en el ámbito de sus competencias, tiene el deber de velar por el estricto cumplimiento de la legalidad, así como el de amparar el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas”. “La Conselleria de Educación”, añade, “debe cumplir esas mismas obligaciones en la esfera educativa, por lo deberá instar a la Inspección Educativa a que cumpla su función de vigilancia y asesoramiento a los centros, y de comunicación a la Conselleria de Educación, de las eventuales infracciones de la legalidad vigente; lo que ha de aplicarse, en nuestro caso, a la enseñanza de los valores constitucionales y los derechos humanos, rechazando cualquier tipo de adoctrinamiento, en virtud de lo dispuesto por el Tribunal Supremo”.

“Estamos convencidos, porque así se desprende del texto constitucional y de las sentencias del Tribunal Constitucional dictadas hasta la fecha, que la objeción de conciencia es un derecho constitucional, por cuanto asienta sus bases en la libertad ideológica, religiosa y de culto”, manifiesta Llanos.

“Pero hasta que el Constitucional no se pronuncie nuevamente al respecto, resolviendo los recursos que han sido planteados a su amparo, debemos exigir a los poderes públicos, y concretamente a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana y a su máximo responsable, Alejandro Font de Mora, que aplique en su integridad la doctrina reiterada por el Supremo en las cuatro sentencias de 11 de febrero, por lo que está obligado a adoptar todas las medidas que resulten pertinentes para que pueda conocerse y denunciarse la vulneración de la neutralidad en la enseñanza y del respeto a la libertad ciudadana y al pluralismo de nuestra sociedad; y en consecuencia, está tiene la obligación de actuar en defensa de los alumnos, ante todo lo que pueda suponer un adoctrinamiento en las aulas”, detalla el abogado.

CONSELLERIA INVESTIGA ENCUESTA DE SEXO DE UN INSTITUTO

VER NOTICIA COMPLETA (DIARIO LAS PROVINCIAS)

Cuando la dirección se enteró del contenido de las preguntas obligó a retirar el cuestionario y envió una carta a los padres pidiendo disculpas.

En estos momentos el asunto se encuentra con la apertura de un expediente informativo para saber si de los hechos eran conocedores otros profesores o miembros del equipo de dirección del instituto.

La directora del centro, María Dolores Gómez, que a su vez es concejala de Educación, admitía ayer que el asunto «se puede ir de las manos y se está yendo». Se da la circunstancia de que la psicóloga del instituto, Pilar Pallardó, es la concejala de Bienestar Social e Igualdad.

Las preguntas del test

Algunas de las preguntas que causaron más indignación o sorpresa fueron: «¿Es importante el tamaño del pene?», «¿Por qué los negros la tienen más grande?», «¿A las mujeres les cambia el humor con la regla?», «¿Dónde está el punto G femenino?», «¿Dónde has hecho el amor más veces?», «¿Cuántas veces tienes relaciones a la semana?», «¿Por qué hay hombres que se corren antes que otros?» o «¿Qué son 'las aspas del molino'?»

PROFESORADO GALLEGO CONSIDERA LA FALTA DE DISCIPLINA COMO PRIMERA CAUSA DEL DETERIORO EDUCATIVO

PROFESORADO GALLEGO CONSIDERA LA FALTA DE DISCIPLINA LA PRIMERA CAUSA DEL DETERIORO EDUCATIVO

PUBLICADO EN LA VOZ DE GALICIA
Autor:E. Á.
Fecha de publicación:21/5/2009
El sindicato ANPE presentó ayer los datos de una encuesta hecha al profesorado gallego con casi medio millar de participantes de las cuatro provincias, y los resultados reflejan que se trata de un colectivo decepcionado con el sistema educativo en el que trabajan. Por ejemplo, el mayor porcentaje (un 47%) creen que el nivel académico de sus alumnos es inferior al de sus padres, frente a un 39% que opinan que es superior.

Los jóvenes son los más optimistas. Más del 51% de los docentes de menos de 30 años consideran que los alumnos de ahora tienen más nivel que los de hace unas décadas. Los más pesimistas son los de 30 a 40 años, ya que el 83% aseguran que se ha perdido nivel.

Para los profesores, la conflictividad en las aulas es evidente, hasta el punto de que para el 66% se trata de la principal causa del deterioro educativo. Los que defienden más este argumento son los docentes de secundaria y formación profesional, así como los de 30 a 40 años. Prácticamente ocho de cada diez profesores gallegos dicen que el clima que impera en las aulas no es el adecuado para impartir clase con eficacia.

Es curioso al comprobar los resultados de esta encuesta que los profesores no creen que un mayor salario sea una solución para una mejor práctica docente. Estos profesionales valoran muchísimo más que se disminuyan las ratios de alumnos por profesor, que se incremente el prestigio profesional y los medio materiales. De hecho, casi el 80% dicen que el número de estudiantes por clase no es el adecuado.

Ciudadanía

La asignatura de Educación para a Cidadanía está bastante cuestionada por los profesores gallegos, y de hecho, aunque el 56% de los docentes creen que es una materia necesaria en el currículo, el 41% opinan que no debería estar en él.

LOS MEDICOS ESPAÑOLES CONTRADICEN A ZAPATERO

La Sociedad Española de Médicos de Familia (SEMG)aprecia "efectos adversos" socio-sanitarios en dispensar sin receta la píldora postcoital
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) estima que la decisión del Ministerio de Sanidad y Política Social acerca de la libre dispensación en farmacias de la píldora anticonceptiva de emergencia puede llevar implícitos 'efectos adversos' socio-sanitarios. La entidad señaló en un comunicado que, si el objetivo, tal como ha declarado el Ministerio, es "facilitar el acceso...

¿CAMBIA TODO TRAS LA SENTENCIA DEL SUPREMO?

Entrevista a Lourdes Ruano ( Espina, Catedrática de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de la Facultad de Derecho de la Un. de Salamanca)

PREGUNTA (P) ¿Cuál es el la raíz de la polémica sobre EpC cuando estas materias escolares están impuestas en toda Europa?


RESPUESTA (R) La educación para la ciudadanía democrática ha sido un objetivo prioritario de las políticas educativas en los países europeos desde mediados de los años 90. Ya en 1997 los Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa, reunidos en Estrasburgo, manifestaron su voluntad de desarrollar una educación que esté basada en los derechos y responsabilidades de los ciudadanos y la participación de los jóvenes en la sociedad civil. En el contexto europeo, esta educación está contemplada de forma muy general y tiene por objeto la adquisición de una cultura política y jurídica basada en el conocimiento de las instituciones sociales, políticas y cívicas, así como los derechos humanos. Entre los contenidos se incluyen los derechos y deberes de las personas como ciudadanos europeos, la historia del proceso de integración de la Unión Europea, o el funcionamiento de las instituciones europeas e internacionales. En España, sin embargo, la materia conocida genéricamente como EpC, está cargada de connotaciones ideológicas concretas. Llama la atención que, en el caso español, los alumnos vayan a ser evaluados no por sus conocimientos, sino por sus actitudes, comportamientos y juicios de valor sobre determinadas cuestiones o por los argumentos que utilicen en torno a dilemas y conflictos morales.

(P) ¿Cree Vd. que EpC tiene intención de adoctrinar o, por el contrario, se trata de un riesgo que se ha magnificado?

(R) La materia está concebida y organizada como una doctrina general sobre el hombre, en su dimensión personal, íntima y social, que parte de una concreta antropología, y persigue sin ambages la construcción de una ética común basada en unos principios éticos y morales que han de regir la conducta humana.


Los promotores de estas asignaturas, empezando por el Ministerio de Educación, han dejado claro que su fin es formar las conciencias de los alumnos, sobre la base de unos valores que, se considera forman parte de un mínimo común ético.


Hay que recordar que el Consejo de Estado, al dictaminar sobre el desarrollo legislativo de Educación para la Ciudadanía, ya advirtió que no podían formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo la difusión de valores que no estén consagrados en la Constitución, o sean presupuesto corolario indispensable en el orden constitucional.


(P) ¿Cree Vd. que los padres tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia en el caso de EpC?


(R) La objeción de conciencia es una concreción del derecho fundamental a la libertad de conciencia, que implica no solamente el derecho de toda persona a formar libremente su propia conciencia, sino también a obrar conforme a los imperativos de la misma. Es, por tanto, un derecho constitucional, que deriva del art. 16.1 CE, como ha reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional. En la objeción de conciencia subyace siempre un conflicto entre el deber de obediencia a la norma legal y el deber de resistirse a su cumplimiento, que impone la norma moral o ética.


En el caso de la EpC, los padres que objetan no actúan por mero capricho; se encuentran ante el verdadero dilema de que sus hijos tienen que cursar un conjunto de asignaturas que, tal como han sido configuradas en el sistema escolar español, no constituyen una enseñanza neutral sino que en sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación, implican un adoctrinamiento moral en una ideología y antropología concretas, contraria a sus personales y serias convicciones.
ENTREVISTA A LOURDES RUANO, CATEDRATICA DE DERECHO EN SALAMANCA

Por otra parte, al imponerse esta materia con carácter obligatorio, se está vulnerando el derecho fundamental que asiste a los padres de elegir para sus hijos la educación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, garantizado por el at. 27.3 CE, el art. 2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y por numerosos tratados internacionales. Esto supone una grave intromisión del Estado en un ámbito que no le compete.


Si los alumnos tienen suficiente madurez (normalmente, a partir de los 16 años de edad) podrán presentar también ellos mismos su objeción de conciencia frente a estas materias, ya que los menores son titulares de sus derechos fundamentales.

CARTA PASTORAL OBISPO DE CASTELLON “Sobre Educación para la Ciudadanía”

ANEXO: CARTA PASTORAL “Sobre Educación para la Ciudadanía”

Queridos diocesanos:

A partir de este curso académico comenzará a impartirse también en nuestra Comunidad Valenciana la asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’, implantada por la Ley Orgánica de Educación. He esperado a los últimos desarrollos jurídicos, últimos para nuestra Comunidad, para poder expresar algunas consideraciones sobre EpC. La Orden de la Consellería de Educación de 10 de junio pasado, que paliaba alguna de las graves objeciones que plantea dicha asignatura, fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que ha suspendido su aplicación en puntos importantes, en concreto en la opción B de EpC. En consecuencia EpC ha de ser cursada obligatoriamente por todos los alumnos de segundo curso de ESO en todos los colegios públicos y de iniciativa social sostenidos con fondos públicos.

En el ejercicio de mi responsabilidad pastoral me dirijo a todos los católicos de nuestra diócesis para ofreceros criterios ante la nueva asignatura. Asumo la Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal de 28 de febrero de 2007.

Antes de nada debo decir que no hay nada que objetar contra una educación cívica; como tampoco habría nada que objetar contra una EpC, que, libre de componentes ideológicos, preparara para la convivencia democrática y se centrara en el estudio de los derechos humanos, del ordenamiento constitucional, de las instituciones sociales intermedias, de los organismos comunitarios europeos, etc. Así configurada, la EpC sería aceptable por todos y una materia importante para la formación de los alumnos. Así se viene haciendo en otros países de la Comunidad Europea.

Pero sí hay que decir que la EpC tal como está concebida en la LOE y desarrollada en los Reales Decretos, vinculantes también en nuestra Comunidad, “es inaceptable en la forma y en el fondo: en la forma, porque impone legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten y, en el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona”. Con esta materia, el Estado va a imponer con carácter obligatorio para todos los alumnos y en todos los centros una determinada formación de la conciencia moral, al margen de la elección de los padres. De este modo se conculca el derecho originario y prioritario de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones; un derecho que el Estado ha de garantizar tal como está reconocido por la Constitución española (Art. 27, 3).

No cabe duda que la normativa estatal sobre la nueva asignatura “pretende formar, con carácter obligatorio ‘la conciencia moral cívica’ de todos los alumnos en todos los centros”. En concreto, esta asignatura intenta educar a todos los alumnos en una concepción del mundo y del hombre ajena a Dios, donde las nociones del bien y del mal moral son relativas y donde se transmite una ‘ideología del género’ opuesta a la antropología cristiana. Recordemos que en nuestra diócesis en torno al 90% de los padres con hijos en educación primaria y en torno al 70% en secundaria piden, año tras año, libremente y en virtud del derecho fundamental que les asiste, la formación religiosa y moral católica, con la que entra en clara contradicción la nueva materia.

Muchos de [los] padres han elegido centros de la Iglesia para la educación de sus hijos con su carácter o proyecto educativo cristiano que también se ve contradicho por esta nueva materia. El Gobierno no ha ofrecido garantía jurídica de que los centros de la Iglesia puedan adecuar el programa de la asignatura al ideario católico de los centros. También los centros y las instituciones o titulares de los centros católicos se van a ver obligados a poner una materia que, en su conjunto o parcialmente, está en contradicción con su carácter propio, con lo que también se cercena la libertad de estas instituciones; no podrán desarrollar con entera libertad su proyecto educativo y verán limitados sus derechos a la libertad educativa. Al actuar así el Estado traspasa sus competencias y lesiona derechos fundamentales de los padres y de la escuela libremente elegida. Esta injerencia del Estado no debería darse, si queremos una sociedad libre.

Por todo ello decimos los Obispos que “las enseñanzas antropológicas orientadas a la formación de la conciencia moral -tanto en lo ‘personal’ como en lo ‘social’- no son competencia del Estado. La autoridad pública no puede imponer ninguna moral a todos: ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra. Son los padres y es la escuela, como colaboradora de aquéllos, quienes tienen el derecho y el deber de la educación de las conciencias, sin más limitaciones que las derivadas de la dignidad de la persona y del justo orden público… Lo que denunciamos son unas enseñanzas concretas que, bajo el nombre de ‘Educación para la ciudadanía’, constituyen una lesión grave del derecho de los padres a determinar la educación moral para sus hijos”.

¿Qué hacer, en consecuencia? “Los padres harán muy bien en defender con todos los medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que desean para sus hijos”. Entre estos medios legítimos está la objeción de conciencia frente a EpC sea en centros públicos sea en los de iniciativa social, también en colegios católicos. La objeción de conciencia es reconocida explícitamente en la Constitución española en relación con la prestación del servicio militar obligatorio. Pero el Tribunal Constitucional ha interpretado que el derecho a la objeción de conciencia existe y puede ser ejercido sin necesidad de que haya una ley que lo regule, pues forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa, reconocido en el art. 16.1. de la Constitución. Y la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales. De esto se deriva que la objeción de conciencia es una exención legítima de la observancia de una ley y no puede ser confundida con la insumisión a la ley. Por ello, los objetores no son insumisos ni pueden ser intimidados [con] amenazas del tipo que sean.

La objeción de conciencia es algo que responsable y libremente han de decidir los propios padres. Está en juego la educación de sus hijos y la libertad de educación. Los padres que presentan objeción de conciencia no actúan contra los centros escolares, sino que defienden su derecho a elegir la formación moral de sus hijos, y defienden también la neutralidad de la escuela pública y el carácter e ideario propio de los centros privados. Nadie puede legítimamente impedir ni tampoco forzar la opción de presentar objeción de conciencia. Tanto los colegios públicos como los de iniciativa social habrán de respetar la opción que los padres hagan. Y la Administración educativa debería respetar el derecho subjetivo de los padres a la objeción de conciencia y ofrecer a estos alumnos el tratamiento adecuado hasta que el Tribunal Supremo resuelva las cuestiones pendientes sobre este asunto.

Con mi afecto y bendición,

+ Casimiro López Llorente

Obispo de Segorbe-Castellón

FALSOS TOPICOS SOBRE EPC

FUENTE: DIARIO DE UN PADRE OBJETOR

1.- EDUCACION PARA LA CIUDADANIA ES UNA ASIGNATURA QUE SE IMPARTE EN TODOS LOS PAISES DE LA UNION EUROPEA.

Es cierto que esta asignatura se imparte en todos los países de la Unión Europea, pero los contenidos no son los mismos. En el resto de países de nuestro entorno, las asignaturas de Educación para la Ciudadanía explican las instituciones políticas de la Unión, los cauces de participación ciudadana, la legislación vigente sobre Derechos Humanos, etc, pero, las asignaturas españolas pretenden formar la conciencia de los ciudadanos y así se dice en los propios reglamentos que las desarrollan. No son, pues, asignaturas descriptivas, sino adoctrinadoras.

Quien quiera profundizar en este tema puede leer el excelente artículo de Victoria Llopis: Spain is different: Educación para la Ciudadanía en Europa.

2.- EDUCACION PARA LA CIUDADANIA ES UNA ASIGNATURA COMO MATEMATICAS, NO PRETENDE ADOCTRINAR.

Frente a la anterior afirmación el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria establece expresamente el propósito de "formar la conciencia moral" de los alumnos:
“La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto”
“Para lograr estos objetivos se profundiza en los principios de ética personal y social”
Los centros escolares deben ser espacios “que ayuden a los alumnos y alumnas a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos”
“Centrándose la Educación éticocivica en la reflexión ética que comienza con el entorno más próxima para contribuir, a través de los dilemas morales, a la construcción de una conciencia moral cívica”.
“La educación para la ciudadanía y los derechos humanos en uno de los tres primeros cursos trata aspectos relacionados con las relaciones humanas, bien sean las interpersonales, las familiares o las sociales. Aborda asimismo los deberes y derechos ciudadanos, profundizando en el sentido de los principios que los sustentan”. Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

3.- SI LOS CONTENIDOS DE EPC FUERAN DEL AGRADO DE LOS OBJETORES NO SE OPONDRÍAN A LA ASIGNATURA.

Rotundamente falso. Quienes nos oponemos a la implantación de la EpC no lo hacemos en función de sus contenidos. Nos oponemos a que el Estado pretenda formar moralmente a los ciudadanos -nuestros hijos. Y es que la formación moral de los hijos es competencia exclusiva de sus padres y los colaboradores que, para este menester, ellos elijan. El Estado no es quien para formar moralmente a nadie. Ni este Gobierno del PSOE ni otro que fuera del PP. Es una cuestión de principios, no de contenidos.


4.- EPC PRETENDE DAR A CONOCER VALORES Y PRINCIPIOS COMUNES A TODOS.


FALSO. Frente a quienes como José Antonio Marina consideran que «necesitamos una educación en valores comunes, transculturales, universales, más allá de la moral y las religiones», quienes nos oponemos a esta Epc consideramos que no existe esa “ética de mínimos” .
Quienes han dinamitado el concepto de Ley Natural acuñado por la tradición cristiana, pretenden implantar ahora su caricatura: un conjunto de principios y normas de actuación basados en los valores compartidos de la sociedad democrática. Llegados a este punto, el elenco de preguntas que se plantean resulta interminable: ¿cuáles son esos “valores comunes”? ¿quién o quiénes los determinan y especifican? ¿dónde están recogidos? ¿qué grado de consenso se requiere para calificar a un valor como “común”?
¿cómo y cuándo se refrendan esos valores?
¿cabe la discrepancia hacia alguno de esos valores?
¿es valioso, por tanto, todo lo que el Estado legisla?
etc.


5.- EN MI COLEGIO NO TENGO PROBLEMA HAN ADAPTADO EPC AL IDEARIO DEL CENTRO.


FALSO. No existe ninguna disposición legal que permita realizar esa supuesta adaptación. Los objetivos, contenidos mínimos y criterios de evaluación de estas asignaturas, publicados en los correspondientes decretos, no pueden adaptarse: han de cumplirse en su integridad. Los centros poseen cierta libertad para añadir contenidos a los mínimos propuestos por el ministerio, pero nunca para recortarlos ni modificarlos.
Quienes todavía piensan que los males de la EpC se resuelven mediante la adaptación de sus contenidos al ideario del propio centro, deberían hacerse, al menos, una serie de reflexiones muy sencillas:
¿creen, de verdad, que la ofensiva gubernamental en favor de la EpC y su resistencia al diálogo y, más aún, a mover una sola coma de los decretos, es un empeño compatible con permitir que, en la práctica, cada centro adapte la asignatura haciendo de su capa un sayo?
¿piensan los directores de los centros concertados que van a poder seguir “digiriendo” cualquier imposición injusta por parte de la administración mediante el recurso a su capacidad adaptativa o van a plantarse en algún momento con un más honorable “hasta aquí hemos llegado”? ¿O es que el concierto es el sumo bien al que hay que sacrificar todo?
¿tienen algún mensaje que ofrecer a los millones de padres y alumnos que no pueden acogerse a estas precarias adaptaciones porque sus centros son de titularidad pública?
¿son las leyes injustas menos injustas porque puedo sortearlas?

El pasado día 5 de septiembre, El Presidente de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española, Casimiro López Llorente, publicó una Carta Pastoral titulada ”Sobre Educación para la Ciudadanía”, en la que destacaba, entre otras cosas:
(…) el Ejecutivo de Zapatero “no ha ofrecido garantía jurídica de que los centros de la Iglesia puedan adecuar el programa de la asignatura al ideario católico de los centros”, por lo que “los centros católicos se van a ver obligados” a impartir una materia que “está en contradicción con su carácter propio” y, como consecuencia de ello, estas instituciones “no podrán desarrollar con entera libertad su proyecto educativo y verán limitados sus derechos a la libertad educativa”.
La denuncia de Mons. López Llorente es clara: no hay ningún fundamento jurídico para la “adaptación”. Lo dice el Presidente de la Comisión de Enseñanza de la CEE. Claro que, si los colegios de ideario católico no reconocen su autoridad, seguiremos refugiándonos en el injustificable argumento de la adaptación…





6.- TODOS LOS OBJETORES SON CATOLICOS QUE TEMEN QUE LA IGLESIA PIERDA PODER MORAL FRENTE AL ESTADO.

En este sentido, no es la Iglesia Católica quien se ha opuesto a su implantación ni ha movilizado a sus fieles en su contra. Primero y principalmente, el movimiento objetor a EpC es un movimiento de carácter civil ante una pretensión de recorte de libertades civiles. La Iglesia, junto a otras confesiones religiosas y autoridades morales, ha denunciado este recorte de libertades civiles y se ha posicionado en contra. Pero no tanto por sus contenidos, sino como un recorte de las libertades civiles, es decir, personales y familiares, uno decide libremente ser catolico, o judio, o musulmán o no serlo, pero Epc se imparte obligatoriamente.
El propio cardenal Rouco se  mostró en contra de la EpC “aunque sus contenidos fuearn los propios del Catecismo de la Iglesia Católica”, pues serguiría siendo una imposición.
 
7.- LOS OBJETORES NO SON MAS DE CIEN MIL FAMILIAS.
Siempre serán una minoría los padres que, opuestos a la asignatura, tomen la decisión de presentar una objeción formal. Es una falacia inferir que, quienes no presentan objeción, están de acuerdo con la asignatura.
Una imposición moral no se legitima por que una mayoría la imponga.


8.- LOS OBJETORES PRETENDEN IMPONER SUS CREENCIAS AL RESTO DE LA SOCIEDAD.

La objeción de conciencia no pretende imponer nada a los demás ni causa ningún perjuicio al resto de ciudadanos. Se trata de un derecho individual a ser eximido del cumplimiento de una ley que atenta contra las propias convicciones morales.
La existencia de objetores no perjudica a quienes desean recibir la asignatura. No generan ningún perjuicio social. Si los alumnos objetores no acuden a clase de EpC ¿a quién perjudican?. A nadie. No cuestionan ni impiden el derecho de los alumnos que quieran recibir esta asignatura.
Otras objeciones reconocidas históricamente en España, por el contrario, podrían perjudicar, si no se remedia de algún modo, el ejercicio de un derecho garantizado por el Estado. Piénsese en la objeción al servicio militar: podría originar problemas para establecer los contingentes de tropas necesarias. La objeción de conciencia de un profesional sanitario, para poner otro ejemplo, requiere un ajuste por parte de la administración que se ha comprometido a ofrecer los servicios sanitarios que el profesional rechaza ejercer mediante su objeción de conciencia.
¿A quiénes perjudicamos los padres, los alumnos objetores? ¿Qué repercusiones sociales tiene nuestra postura de no acudir a las clases de EpC? ¿Genera una quiebra o menoscabo del bien común?



10. LOS OBJETORES A EPC  DEBERIAN OPONERSE  A LA ASIGNATURA DE RELIGION.
La asignatura de religión es optativa. Por tanto, no se impone a nadie. De hecho se cifra en un 80% el porcentaje de alumnos que cursa la asignatura. Por el contrario, Educación para la Ciudadanía (las cuatro asignaturas que conforman el área) son obligatorias y requisito para obtener la titulación de Bachillerato.

La segunda diferencia, y más relevante, es que la asignatura de religión pretende transmitir unos contenidos, pero en ningún caso pretende evaluar el asentimiento del alumno a su doctrina. Los alumnos de religión son examinados sobre verdades de la fe, historia bíblica o cualquier otro contenido teórico, pero nunca son evaluados en función del ejercicio de sus creencias. No obtiene sobresaliente en religión el alumno más piadoso ni quien demuestra tener una fe más firme. Tampoco el más caritativo
Educación para la Ciudadanía pretende, por el contrario,  que los alumnos asuman su doctrina y lo demuestren en su comportamiento personal .

UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS

En este manual de EpC todo esta muy claro; los niños deben aprender que los padres son maltratadores de mujeres

LA TOLERANCIA EN LOS MANUALES DE EPC

Un manual de EpC que ironiza sobre una religiosa.
Sus objetivos estan claros.

¿POR QUÉ RECHAZAMOS EPC?

1. PORQUE INVADE UNA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LOS PADRES:  Los decretos que regulan actualmente Epc reconocen expresamente que pretenden la “construcción de la conciencia moral”, revelando así su carácter contrario a nuestra constitución española que establece en su art. 27,3 CE: "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". La actual regulación de EpC pretende invadir un ámbito sagrado, cual es el de las conciencias de los alumnos.
2. POR QUE EL ESTADO SE CONSIDERA FORMADOR MORAL DE LOS ALUMNOS: El Estado considera que para mejorar la convivencia no es suficiente con dictar normas, sino que debe llegar mas lejos, moldeando la conciencia de los jóvenes, tal y como han dicho los dictadores en la historia, es el estado del pensamiento único.
3. IDEOLOGÍA DE GENERO: Epc hace constantes alusiones a la ideología de género, según la cual no nacemos hombre o mujer, sino que la opción sexual se elige posteriormente independientemente de la genitalidad. Según esta ideología-teoría existen, según la libre elección de cada uno, diferentes “orientaciones afectivo-sexuales”, todas ellas equiparables, y la diferenciación y complementariedad sexual entre varón y mujer -base de la familia- es una construcción cultural que debe superarse por antigua. No se nace hombre o mujer, cada uno elige, según los defensores de esta ideología.
4. CRITERIOS DE EVALUACION: los decretos que regulan la asignatura establece que los “criterios de evaluación” de ésta no se basan en la adquisición de conocimientos (aprendizaje), sino en la observación de los comportamientos de los alumnos para comprobar que han asimilado los planteamientos ideológicos de los contenidos. No basta con "aprender" lo que enseña el profesor, los alumnos deberán demostrar con sus "actitudes" que han captado el contenido de la asignatura.
5. ETICA PUBLICA : EpC defiende la construcción de un “mínimo común ético”, pero para ello pretende sacrificar la ética privada, la de cada persona, así como la opción religiosa individual, con el grave peligro de crear en los alumnos una confusión en cuanto a la separación de la vida privada y pública.
6. VALORES?: aunque presume de formar en valores a los alumnos se hace referencia a valores que no están recogidos en la Constitución o en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Es decir, que no son comunes a toda la sociedad y sí de una determinada parte de la sociedad que pretende imponer a los demás su visión.
7. INNECESARIA: los contenidos de la asignatura que sí son necesarios y justificables -conocimiento de las Declaraciones de Derechos Humanos, de la Constitución o del funcionamiento del sistema político- pueden incorporarse a otras asignaturas, como Conocimiento del Medio o Ciencias Sociales, o bien ser tratados de forma transversal.

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El manual de Marina también adoctrina Sr. Zapatero

FUENTE LIBERTAD DIGITAL

LD (Víctor Gago) El pasado 3 de julio, desde la Tribuna del Congreso, el presidente enarboló un ejemplar del libro de texto de Educación para la Ciudadanía (EpC) de SM, escrito por José Antonio Marina. La asignatura empezará a impartirse en septiembre en segundo o tercero de la ESO –según comunidades autónomas–, y desde ahí, se extenderá a Primaria y a Bachillerato, impregnando ocho años de la formación de niños y adolescentes, entre los 10 y los 18. José Luis Rodríguez Zapatero prometió entregar su exclusivo ejemplar del libro de Marina –aún no está a la venta, según ha podido comprobar LIBERTAD DIGITAL, consultando en tres establecimientos especializados de Madrid– al final del Debate sobre el estado de la Nación a Mariano Rajoy, al que retó a leerlo e indicar en qué adoctrina o recorta la libertad de las familias.

"Es inaceptable, una mentira intolerable", espetó exactamente Zapatero. "Y si Usted no sube aquí, se habrá demostrado claramente que todos son infundios, insidias y visiones apocalípticas", desafió a su oponente.

LD recoge el guante lanzado por el presidente –casi una semana después, el PP no lo ha hecho aún– e identifica diez ideas del libro de José Antonio Marina, moldeadas por el decreto de contenidos y objetivos de la asignatura aprobado en diciembre de 2006 por el Gobierno, que chocan frontalmente con la libertad educativa y de conciencia consagradas por la Constitución Española.

Los excesos de la obra de Marina pueden servir de referencia a las familias del contenido y el enfoque ideológico concreto de la nueva materia, ya que se trata –según la promoción que del libro hacen SM, su autor y hasta el Ministerio de Educación–, de la versión más moderada de los manuales que se aplicarán en las aulas, frente a las aproximaciones más doctrinarias de editores como Octaedro, Akal, Laberinto o Santillana.


1)      Programando el "Gran Proyecto Ético"

José Antonio Marina no oculta lo ambicioso de su experimento con las mentes de los escolares. Su libro pretende inculcarles el "Gran Proyecto Ético", basado en "las características y necesidades de los seres humanos".

"La idea matriz" del manual es que "estamos intentando realizar el Gran Proyecto Humano –que permita a todos los seres humanos alcanzar cinco bienes: los bienes materiales imprescindibles, la libertad, la igualdad, la seguridad y la paz–", apunta el autor de EpC para SM.

Marina da por hecho que es posible determinar las "características y necesidades" o "los bienes materiales imprescindibles" de una persona y construir, a partir de estas necesidades previamente determinadas por el pedagogo –por delegación del Estado–, un sistema universal de valores que siempre tendrá la última palabra en los "conflictos" entre valores subalternos, como los transmitidos por la familia.

Una de las "necesidades" de los niños –aunque ellos no lo sepan, ni sus padres– es "determinar su personalidad", avisa Marina a las familias que recibirán el nuevo programa de formación en valores desde el próximo curso.

Marina anuncia que su libro de texto forjará un nuevo molde de "identidades múltiples" o "concéntricas", en el que se enseñará al niño que "tiene que elaborar varias identidades: la identidad de género, la identidad religiosa o ideológica, la identidad nacional, la identidad humana, es decir, el sentimiento de pertenencia a la humanidad".

No hay nada nuevo en esta visión, que ya fue formulada por Marx en el núcleo de su programa político colectivista: "A cada uno según su necesidad, de cada uno según su capacidad".

En otro momento de la exposición de intenciones de su manual, Marina admite que "me dan de vez en cuando ataques de megalomanía educativa que debo controlar", aunque no cree "exagerar" cuando atribuye a la nueva asignatura –en línea con lo manifestado este domingo por la ministra de Educación– el poder de mejorar "no sólo nuestra convivencia, sino el sistema educativo entero".

2)      Un individuo al servicio del "Gran Proyecto Humano"

Que EpC es un experimento pedagógico que sobrepasa la simple instrucción en preceptos constitucionales lo demuestra la declaración de Marina sobre el impacto que se persigue en la mente de los niños:

"Del individuo al Gran Proyecto Humano" y "Del Gran Proyecto Humano al individuo" resumen los dos recorridos del programa doctrinario, según los define el propio autor del manual de SM.

"Se estudia cómo ese Gran Proyecto abre el campo de juego de las expectativas privadas de felicidad. Indica los modos de identidad nacional, religiosa, o de género que son compatibles con el Gran Proyecto Ético. En ese sentido no puede negar ninguna de ellas –ni religión, ni patriotismos, ni modelos de género–, sino solamente indicar los que resultan imposibles o difíciles de compaginar con el mundo de la dignidad y de los derechos que queremos construir".

De nuevo, el pedagogo habla por boca de ganso del Estado, que se reserva el derecho a decidir qué valores y qué "identidades" son compatibles con el "Gran Proyecto" que se está programando cuidadosamente en la mente de los jóvenes.

¿El aborto? ¿La eutanasia? ¿El diálogo con terroristas? ¿La poligamia? ¿La familia abierta? ¿La libertad de consumir? ¿La propiedad privada? Todo encaja, o no, en el "Gran Proyecto" según lo que dictamine el Estado en cada momento.

El "Gran Proyecto" determina las necesidades del individuo y éste se pone al servicio del "Gran Proyecto", que no es otro que lo que indica el Estado.

3)      El Estado como formador moral

Marina insiste en que el Estado, a través del currículo educativo, debe suplantar a las familias cuando éstas no transmiten de manera "eficaz" valores a los hijos.

"¿Tienen razón los padres que reclaman su derecho a educar moralmente a sus hijos? Sin duda. Y si todos los hicieran con una maravillosa eficacia, la escuela podría dedicarse a otra cosa", afirma Marina en la exposición de los principios que le han guiado en la escritura del manual de texto de SM.

El pedagogo asigna al Estado un papel típicamente despótico: decidir cuándo son, o no eficaces las familias al transmitir valores y sustituirlas para impartir su propia moral de Estado.

En segundo lugar, atribuye a la escuela un papel de formador moral de la juventud, una filosofía pedagógica que choca con la tradición liberal en la que la escuela instruye en conocimientos y respeta el libre albedrío de las familias para formar en valores a sus hijos.

Al respecto, escribe Jean-François Revel en La traición de los profes, uno de los capítulos de El conocimiento inútil:

"El profesor puede enseñar o adoctrinar. Cuando la enseñanza prima sobre el adoctrinamiento, la educación cumple su función principal, en el interés de los que la reciben y en el interés de la democracia bien entendida. En cambio, cuando es el adoctrinamiento el que se impone, se convierte en nefasta, abusa de la infancia y sustituye la cultura por impostura"

4)      "Un test de inteligencia del consumidor"

Uno de los capítulos del libro de José Antonio Marina está dedicado a la idea de "consumo responsable". De nuevo, el pedagogo –al servicio del Estado– va más allá de la descripción de conceptos y entra en elección de valores: "Consumo responsable".

Al definirlo, Marina sostiene que "es posible hacer un test de inteligencia del consumidor. Es inteligente el que compra sólo lo que necesita y no algo innecesario porque está rebajado".

Este simple enunciado contiene todo un programa ideológico. En primer lugar, ¿quién dice cuándo un consumidor compra por necesidad y cuándo lo hace por "vicio" –siguiendo la lógica de esta pedagogía, en la que todo lo que no sea necesidad en las decisiones de la gente es una desviación inmoral–? Por otra parte, ¿quién decide lo que cada persona necesita y aquello de lo que puede prescindir?

De nuevo, EpC tiene una respuesta infalible como la de un catecismo: el Estado.

5)      La globalización genera "profundas desigualdades"

¿Una asignatura neutral? El Gobierno insiste en que EpC se dedicará sólo a enseñar valores constitucionales y Derechos Humanos.

El presidente Rodríguez Zapatero, el pasado 3 de julio, durante el Debate sobre el estado de la Nación, dijo:

"No adoctrina, no obliga a asumir ningún criterio, no impone ninguna ortodoxia. Ya tuvimos bastantes décadas de ortodoxia".

Sin embargo, basta un vistazo superficial a algunos de los capítulos del libro de José Antonio Marina citado por Rodríguez Zapatero como ejemplo de asepsia pedagógica, para darse cuenta de que contienen ideología concentrada.

Al hablar de la Globalización, por ejemplo, el manual de Marina –como el resto de libros de texto: se trata de un enfoque claramente prescrito en el decreto de contenidos mínimos aprobado por el Ministerio– hace suyo el consenso progresista sobre la injusta distribución de la riqueza causada por la globalización, en contra de todas las evidencias que indican su impacto en una significativa reducción de la pobreza.

Así define Marina la integración del mundo en el capitalismo:

"Es el proceso, fundamentalmente económico, que consiste en la creciente integración de las economías nacionales en un mercado mundial. Genera riqueza, pero también da lugar a profundas desigualdades".

6)      Una religión de Estado

"Sin duda alguna", apunta José Antonio Marina al exponer los principios de su manual, "las familias pueden educar a sus hijos en su religión y en su moral; pero el Estado debe encargarse de facilitar a todos nuestros jóvenes aquella educación que la sociedad considera necesaria para el desarrollo de los proyectos personales, la buena convivencia, la justa resolución de los problemas y el progreso económico".

De nuevo, el Estado como prescriptor coactivo de lo que necesitan las personas. Basta con que el Estado diga lo que está bien y lo que está mal, para que las familias depongan su resistencia moral. Se trata de una obsesión del autor a lo largo de toda su obra y la base filosófica de su enfoque de la asignatura, "modélico" para Rodríguez Zapatero.

7)      El salario del alumno

Al definir el concepto de "escuela", Marina indica en su manual del buen ciudadano:

"Los adultos van a trabajar, y los niños y los jóvenes también. La escuela es el lugar de trabajo de la gente joven. Estos últimos podrían replicar que no se les paga un sueldo, pero esto no es verdad. Todos los ciudadanos se comprometen a pagar a cada estudiante de enseñanza secundaria 4.000 euros al año. Lo que ocurre es que no se lo pagan en dinero sino en clases, profesores, libros".

De nuevo, la idea de un Estado providencial capaz de dar "a cada uno su necesidad" y de esperar, a cambio, "de cada uno su capacidad".

En este ideal de la escuela va implícita la legitimación del adoctrinamiento, esfuerzo este –el de la justificación– al que Marina dedica su mayor energía a lo largo de las páginas que dedica a explicar su pedagogía de la asignatura a profesores y padres. Quien paga, manda. Si el Estado paga, el estado decide qué valores se enseñan.

Por lo demás, la descripción de Marina es sutilmente manipuladora, lo que lo desacredita como el pedagogo neutral que promete ser y al que elogia Zapatero:

"Todos los ciudadanos se comprometen a pagar a cada estudiante..." ¿Seguro? ¿Se trata de un compromiso, es decir, de un contrato voluntariamente contraído, o de una vulgar coacción del Estado para recaudar impuestos? ¿Se les ha preguntado a los padres si preferiría disponer de sus recursos para educar libremente a sus hijos, en el colegio que eligieran, en vez de ese compromiso forzoso por el que el Estado, además de recaudar, se otorga a sí mismo el derecho de adoctrinar en valores?

No hay una sola línea neutral en el proyecto educativo del Gobierno socialista y, en consecuencia, tampoco puede neutralidad en los manuales que resultan de sus decretos, como el de José Antonio Marina.

8)      Un mundo feliz

Para que el individuo sea feliz, la sociedad debe serlo antes que él, dicta Marina.

Concretamente, dice el autor del manual de EpC para la editorial católica SM:

"Todo lo que hacemos, lo hacemos para ser felices. La felicidad personal es un estado de satisfacción personal y de plenitud en el que podemos desarrollar nuestro proyecto de vida".

"Para conseguirla" –continúa– "necesitamos vivir en un ambiente que no lo impida y, a ser posible, que la facilite. Necesitamos que la sociedad sea feliz".

La primacía de la sociedad sobre el individuo y del Estado sobre la familia es una constante a lo largo de toda la obra. El programa educativo socialista no concibe la plenitud de la persona sin la aquiescencia de la sociedad y sin el marco ético –ese "Gran Proyecto" del que habla Marina– impuesto por el Estado.

Siguiendo la lógica del pensamiento de Marina, ¿Cómo se mide el estado de felicidad de una sociedad? ¿Debe ser feliz, por ejemplo, un disidente viviendo en la feliz sociedad nacionalista vasca? ¿Puede aspirar a la felicidad un padre que no puede escolarizar a su hija en castellano en una pletórica sociedad catalanista?


9)      El "buen ciudadano"

José Antonio Marina sostiene en su libro la idea de que "el buen ciudadano es el que piensa bien, tiene los sentimientos adecuados y obra rectamente".

Obsérvese la intromisión del pedagogo en la esfera del pensamiento. Al "buen ciudadano" no sólo hay que juzgarle por lo que haga –jurisdicción del Derecho y, por lo tanto, sobrante en un programa educativo–, sino por cómo piense y por lo que sienta –jurisdicción del Estado, para el pedagogo citado por Zapatero en el Congreso–.

10)  ¿Alguna objeción?

"La Constitución española –que es una constitución laica–", indica Marina, "incluye un sistema de valores éticos fundamentales que son, fundamentalmente (sic), los derechos humanos. Y estos son el criterio básicos para determinar los contenidos de la EpC. ¿Hay algún padre que tenga inconveniente en que sus hijos reciban esta enseñanza?"

Un inconveniente no menor a lo que ofrece Marina puede ser la mentira.

Porque ni el decreto de contenidos de EpC ni el manual del pedagogo predilecto de Zapatero son lo que el autor de SM y el Gobierno dicen que son.

Ni la asignatura se limita a transmitir preceptos constitucionales, ni es un simple recitativo de la Declaración de los Derechos Humanos, tareas para las que no se necesitaría crear una asignatura específica.

Como se ha demostrado –recogiendo el guante del reto lanzado por Rodríguez Zapatero a Mariano Rajoy durante el reciente debate sobre el estado de la Nación–,  EpC encierra un calculado proyecto para adoctrinar a toda una generación en la ideología socialista.

Se comprende que la ministra haya dado a la asignatura la misma importancia que a las Matemáticas o las Humanidades.

¿Alguna objeción?

El Parlamento Europeo respalda la educación diferenciada por sexos

FUENTE: LA RAZON 24 Abril 09 - Jorge Valero

La polémica sobre la educación diferenciada se ha trasladado a Europa. La UE prepara un estudio para noviembre.

 

Bruselas/Madrid-En pleno proceso en el que la educación a niños y a niñas en aulas separadas se ve amenazada en Cantabria y en Asturias (en Galicia el proceso ha quedado en el aire por el reciente cambio de Gobierno), Europa ha dado un espaldarazo a la también llamada educación diferenciada en su último informe sobre educación. Para el Parlamento Europeo, un principio está claro: los estados miembros deben respetar la decisión de las escuelas que quieran diferenciar a los alumnos por sexos.

En un informe aprobado el 1 de abril, la Eurocámara indica que las diferencias de trato en la admisión de alumnos a centros educativos confesionales o basados en ciertas convicciones estarán permitidas «para preservar el carácter y la ética específicos de tales centros y la pluralidad de centros educativos», precisa.

Los eurodiputados recordaron que esta diferenciación no debe dar lugar a la denegación del derecho a la educación ni tampoco se puede utilizar este derecho para justificar discriminaciones por otros motivos.

Tal es la complejidad del debate, y la necesidad de contar con una base empírica fiable para evaluar las ventajas o desventajas de este sistema, que la UE prepara un estudio sobre la educación diferenciada. Se prevé su presentación el próximo noviembre, durante la celebración de una conferencia sobre el asunto.

Suecia, que ostentará la presidencia de la Unión el próximo semestre, encargó a Eurydice, el observatorio europeo de la educación, un estudio sobre el impacto de los géneros en la educación, en el que una de las dos partes se centrará en la educación diferenciada por sexos.

Según explica la responsable del trabajo, Bernadette Forsthuber, el motivo de este estudio es «la preocupación de que las chicas obtienen mejores resultados que los varones, sobre todo en lectura, matemáticas y ciencia». Por esta razón, el trabajo intentará averiguar el impacto del sexo en los resultados. Euridyce ha pedido a los estados miembros que indiquen qué porcentaje del sistema educativo nacional está dedicado a la educación diferenciada, si existen centros públicos que diferencien por sexos y si se cuenta con datos estadísticos nacionales relacionados con este esquema de enseñanza.

«A pesar del resurgir de la educación por sexos en EE UU o Reino Unido, el principio general en los países europeos es la enseñanza conjunta», comenta la experta. En su opinión, no se puede decir que un modelo es mejor que otro porque depende del proyecto pedagógico.

Sin ideologías

Por otra parte, el presidente de la Asociación Nacional para la Educación Pública de un Sólo Sexo en Estados Unidos, Leonard Sax, defendió ayer en Madrid en el Foro Nueva Economía el modelo diferenciado que, a su juicio, tiene que alejarse de prejuicios políticos y religiosos.

El experto destacó que hay estudios que demuestran que la progresión profesional de los que fueron a centros privados diferenciados en EE UU «es superior» a los que acudieron a una escuela mixta. Un ejemplo es la anterior secretaria de Estado de los EE UU, Condoleezza Rice.

¿CABE LA OBJECION TRAS LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO?

Se ha presentado Alicante Educa en Libertad (AEL)

Más de cien alumnos de la provincia han permanecido fuera de las clases de EpC tras las sentencias del TS. La implantación de la materia en 5.º de Primaria origina nuevas objeciones.

 Al mediodía de hoy se ha presentado en rueda de prensa celebrada en el Colegio Jesús María CEU de Alicante la asociación Alicante Educa en Libertad (AEL). La nueva entidad es una organización independiente, constituida para defender la libertad de educación, y tiene entre sus fines ayudar a los padres de la provincia que se oponen a la actual configuración de las asignaturas englobadas bajo el nombre de Educación para la Ciudadanía (EpC).

En el acto ha estado presente José Luis Bazán, experto jurídico en temas educativos, que ha criticado la actual regulación de ese grupo de materias. "Llaman ciudadanía a lo que una persona libre llamaría servidumbre moral", ha dicho respecto de EpC, a la que ha definido como "un acto de cirugía moral altamente invasiva que pretende extirpar la libertad de conciencia". Lo ha acompañado el director del colegio en el que se ha llevado a cabo el acto, Alejandro Pollicino, y también han asistido Juan Carlos Córdoba y Rafael Martín, presidente y vicepresidente de AEL respectivamente.

A pesar de que el Tribunal Supremo en sus sentencias del 11 de febrero rechazó algunas objeciones planteadas en Andalucía y Asturias, AEL ha confirmado que más de un centenar de alumnos de la provincia ha permanecido fuera de las clases de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2.º de la ESO, de Educación Ético-Cívica de 4.º de la ESO y de Filosofía y Ciudadanía de 1.º de Bachillerato.

Para los objetores, la libertad ideológica, reconocida por la Constitución de 1978 (art. 16) y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, consagrado en el artículo 27.3 de la Carta Magna, son derechos innegociables y en este final del curso académico no han querido asistir a las clases ni examinarse de unas asignaturas que consideran adoctrinadoras, dando por bueno el suspenso.

Para AEL, otra EpC es posible, pues los currículos de otros países europeos se han limitado a exponer los principios democráticos y constitucionales, las instituciones europeas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los objetores no se opondrían a EpC si en España estuviese regulada de forma similar. Pero en nuestra nación esos valores y principios ya se impartían de forma transversal en otras asignaturas y se ha utilizado EpC para introducir conceptos y valores no emanados de la Constitución y sobre los que existe un claro debate social: "la condición humana", "la identidad personal" o "la educación afectivo-sexual". Los decretos que desarrollan la asignatura declaran expresamente que su finalidad es ayudar a los alumnos a "construirse una conciencia moral y cívica", peligrosa y obsesiva pretensión de sistemas o regímenes políticos no democráticos, a juicio de AEL.

La implantación de EpC en 5.º de Primaria origina nuevas objeciones

Hoy mismo, a las 21:00 horas, la asociación celebra una reunión informativa en la Parroquia del Buen Pastor de Aspe. En ella que intervendrán Juan Carlos Córdoba, presidente de AEL y padre objetor; José Berná, asesor jurídico de AEL y padre objetor; José María Fernández Corredor, Delegado de Enseñanza del Obispado, y José Luis Bazán, coordinador del Área Jurídica de Profesionales de la Ética.

En la reunión se informará a las familias de la situación del movimiento objetor tras las sentencias del Supremo y, de forma más concreta, de cómo es la actual coyuntura en la Comunidad Valenciana. Además, los dirigentes de AEL tienen previsto recoger nuevas objeciones, anunciadas por familias que han adoptado esa decisión por la inmediatez con que la EpC afectará a sus hijos que el próximo curso estudiarán 5.º de Primaria.

AEL pretende asesorar y ayudar a los padres en la defensa de sus derechos en relación con la educación de sus hijos y no descarta ningún medio legal para ello, desde la objeción de conciencia, pendiente de recurso ante el Tribunal Constitucional, hasta la denuncia de casos concretos de adoctrinamiento por parte de los centros, los profesores o los manuales que se utilicen en la provincia, conforme establecieron las citadas sentencias del Tribunal Supremo.

Para más información:

E-mail: ael@alicanteeducaenlibertad.es
Página web: www.alicanteeducaenlibertad.es

QUIENES SOMOS

ALICANTE EDUCA EN LIBERTAD, AEL, es una asociación constituida al amparo de la ley 1/2002, por padres de familia, profesores y demás ciudadanos de la provincia de Alicante que pretende informar y ayudar a las familias frente la creciente intromisión de nuestros gobernantes en los ámbitos de la educación que son exclusiva competencia de cada familia (moral, afectividad, sexualidad,....).

Artículo 27. CONSTITUCION ESPAÑOLA 1978

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que este de acuerdo con sus propias convicciones.

I ENCUENTRO DE OBJETORES A EPC EN ALICANTE

En las instalaciones del CEU JESUS Y MARIA DE ALICANTE, EL 8 de 

noviembre de 2008, tuvo lugar el I Encuentro de Objetores de la 

provincia de Alicante.

Tras unas sentidas palabras de Alejandro Pollicino, director del 

Colegio, contamos la intervención de BENIGNO BLANCO y de FRANCISCO 

JIMENEZ AMBEL, letrado de Valencia encargado de los primeros recursos 

que se interpusieron ante el TSJ frente a la desestimacion presunta de 

nuestras objeciones de conciencia.

A continuación, contaron su experiencia como padres objetores, Juan 

Carlos Córdoba y Marisa de Hoyos y tras las manifestaciones de otras 

personalidades relacionadas con la enseñanza en la provincia, los 

padres pudieron formular sus preguntas y contar sus viviencias.