Esa es una de las tareas ordinarias que la LOE impone a la Administración educativa.
REDACCIÓN HO.- La asociación Valencia Educa en Libertad (VAEL) comunicó que el lunes 18 de mayo, presentó en el registro de la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana un escrito en el que insta al titular de la misma, Alejandro Font de Mora, a que ordene al Servicio de Inspección Educativa la supervisión de todos los libros de texto y materiales didácticos que utilizan los centros de la región para impartir Educación para la Ciudadanía (EpC), con el fin de garantizar la objetividad, la neutralidad y el pluralismo del sistema educativo.
El documento, firmado por el presidente de la entidad, Alberto de Scals, expone que, tras las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo (TS) sobre EpC, la Administración educativa valenciana tiene el deber de garantizar que en la práctica docente, tanto de ese grupo de asignaturas como de cualesquiera otras, se cumple fielmente lo dispuesto por el Alto Tribunal.
La Administración educativa ha de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por el TS
“Las materias que el Estado, en su irrenunciable función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española”, dispuso la Sala Tercera del Alto Tribunal en el fundamento jurídico penúltimo de sus cuatro sentencias de 11 de febrero del presente año.
A continuación, añaden los magistrados que “en una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa -ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas”. “Estas”, prosigue el texto de las mencionadas resoluciones, “pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales”. Por todo ello, el TS establece que “cuando deban abordarse problemas de esa índole al impartir la materia Educación para la Ciudadanía -o, llegado el caso, cualquiera otra- es exigible la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento”.
Por otra parte, VAEL recuerda en su solicitud a la Conselleria que, según establece la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica de Educación (LOE), “la supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente Ley”.
Peticiones a Font de Mora
En virtud de todo lo expuesto, la asociación pide a Font de Mora que “ordene a la Inspección Educativa que, con carácter prioritario, y en el ejercicio de sus funciones y atribuciones” lleve a cabo las siguientes actuaciones:
* - Que “realice el seguimiento de los libros de texto que se están utilizando en los centros escolares” de la región, así como de “todo el material complementario”, y que, tras haberlos estudiado, informe detalladamente de todo ello.
* - Que “adopte las medidas necesarias para que, se garantice, en todas las actividades escolares y extraescolares, y en los materiales curriculares, el respeto al derecho de los alumnos a ser educados en los valores democráticos y constitucionales, y el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”.
* - Que “sean retirados todos aquellos libros de texto y otros materiales didácticos que puedan utilizarse en la materia de Educación para la Ciudadanía (o en cualquier otra), que no cumplan con las exigencias establecidas por el Tribunal Supremo” o que “vulneren los citados derechos, garantizando de esta forma el respeto a la objetividad, neutralidad y pluralismo que debe presidir e integrarse en el sistema educativo”.
Como documentación complementaria, VAEL acompañó su escrito de solicitud con un informe realizado de los profesores J. J. Escandell, J. A. Ceballos y A. Páramo y titulado La ‘Educación para la Ciudadanía’ en los libros de texto.
Declaraciones del asesor jurídico de VAEL
José M.ª Llanos, asesor jurídico de la asociación, explica que “la Generalitat Valenciana, en el ámbito de sus competencias, tiene el deber de velar por el estricto cumplimiento de la legalidad, así como el de amparar el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas”. “La Conselleria de Educación”, añade, “debe cumplir esas mismas obligaciones en la esfera educativa, por lo deberá instar a la Inspección Educativa a que cumpla su función de vigilancia y asesoramiento a los centros, y de comunicación a la Conselleria de Educación, de las eventuales infracciones de la legalidad vigente; lo que ha de aplicarse, en nuestro caso, a la enseñanza de los valores constitucionales y los derechos humanos, rechazando cualquier tipo de adoctrinamiento, en virtud de lo dispuesto por el Tribunal Supremo”.
“Estamos convencidos, porque así se desprende del texto constitucional y de las sentencias del Tribunal Constitucional dictadas hasta la fecha, que la objeción de conciencia es un derecho constitucional, por cuanto asienta sus bases en la libertad ideológica, religiosa y de culto”, manifiesta Llanos.
“Pero hasta que el Constitucional no se pronuncie nuevamente al respecto, resolviendo los recursos que han sido planteados a su amparo, debemos exigir a los poderes públicos, y concretamente a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana y a su máximo responsable, Alejandro Font de Mora, que aplique en su integridad la doctrina reiterada por el Supremo en las cuatro sentencias de 11 de febrero, por lo que está obligado a adoptar todas las medidas que resulten pertinentes para que pueda conocerse y denunciarse la vulneración de la neutralidad en la enseñanza y del respeto a la libertad ciudadana y al pluralismo de nuestra sociedad; y en consecuencia, está tiene la obligación de actuar en defensa de los alumnos, ante todo lo que pueda suponer un adoctrinamiento en las aulas”, detalla el abogado.
