1.- EDUCACION PARA LA CIUDADANIA ES UNA ASIGNATURA QUE SE IMPARTE EN TODOS LOS PAISES DE LA UNION EUROPEA.
Es cierto que esta asignatura se imparte en todos los países de la Unión Europea, pero los contenidos no son los mismos. En el resto de países de nuestro entorno, las asignaturas de Educación para la Ciudadanía explican las instituciones políticas de la Unión, los cauces de participación ciudadana, la legislación vigente sobre Derechos Humanos, etc, pero, las asignaturas españolas pretenden formar la conciencia de los ciudadanos y así se dice en los propios reglamentos que las desarrollan. No son, pues, asignaturas descriptivas, sino adoctrinadoras.
Quien quiera profundizar en este tema puede leer el excelente artículo de Victoria Llopis: Spain is different: Educación para la Ciudadanía en Europa.
2.- EDUCACION PARA LA CIUDADANIA ES UNA ASIGNATURA COMO MATEMATICAS, NO PRETENDE ADOCTRINAR.
Frente a la anterior afirmación el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria establece expresamente el propósito de "formar la conciencia moral" de los alumnos:
“La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto”
“Para lograr estos objetivos se profundiza en los principios de ética personal y social”
Los centros escolares deben ser espacios “que ayuden a los alumnos y alumnas a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos”
“Centrándose la Educación éticocivica en la reflexión ética que comienza con el entorno más próxima para contribuir, a través de los dilemas morales, a la construcción de una conciencia moral cívica”.
“La educación para la ciudadanía y los derechos humanos en uno de los tres primeros cursos trata aspectos relacionados con las relaciones humanas, bien sean las interpersonales, las familiares o las sociales. Aborda asimismo los deberes y derechos ciudadanos, profundizando en el sentido de los principios que los sustentan”. Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
3.- SI LOS CONTENIDOS DE EPC FUERAN DEL AGRADO DE LOS OBJETORES NO SE OPONDRÍAN A LA ASIGNATURA.
Rotundamente falso. Quienes nos oponemos a la implantación de la EpC no lo hacemos en función de sus contenidos. Nos oponemos a que el Estado pretenda formar moralmente a los ciudadanos -nuestros hijos. Y es que la formación moral de los hijos es competencia exclusiva de sus padres y los colaboradores que, para este menester, ellos elijan. El Estado no es quien para formar moralmente a nadie. Ni este Gobierno del PSOE ni otro que fuera del PP. Es una cuestión de principios, no de contenidos.
4.- EPC PRETENDE DAR A CONOCER VALORES Y PRINCIPIOS COMUNES A TODOS.
FALSO. Frente a quienes como José Antonio Marina consideran que «necesitamos una educación en valores comunes, transculturales, universales, más allá de la moral y las religiones», quienes nos oponemos a esta Epc consideramos que no existe esa “ética de mínimos” .
Quienes han dinamitado el concepto de Ley Natural acuñado por la tradición cristiana, pretenden implantar ahora su caricatura: un conjunto de principios y normas de actuación basados en los valores compartidos de la sociedad democrática. Llegados a este punto, el elenco de preguntas que se plantean resulta interminable: ¿cuáles son esos “valores comunes”? ¿quién o quiénes los determinan y especifican? ¿dónde están recogidos? ¿qué grado de consenso se requiere para calificar a un valor como “común”?
¿cómo y cuándo se refrendan esos valores?
¿cabe la discrepancia hacia alguno de esos valores?
¿es valioso, por tanto, todo lo que el Estado legisla?
etc.
5.- EN MI COLEGIO NO TENGO PROBLEMA HAN ADAPTADO EPC AL IDEARIO DEL CENTRO.
FALSO. No existe ninguna disposición legal que permita realizar esa supuesta adaptación. Los objetivos, contenidos mínimos y criterios de evaluación de estas asignaturas, publicados en los correspondientes decretos, no pueden adaptarse: han de cumplirse en su integridad. Los centros poseen cierta libertad para añadir contenidos a los mínimos propuestos por el ministerio, pero nunca para recortarlos ni modificarlos.
Quienes todavía piensan que los males de la EpC se resuelven mediante la adaptación de sus contenidos al ideario del propio centro, deberían hacerse, al menos, una serie de reflexiones muy sencillas:
¿creen, de verdad, que la ofensiva gubernamental en favor de la EpC y su resistencia al diálogo y, más aún, a mover una sola coma de los decretos, es un empeño compatible con permitir que, en la práctica, cada centro adapte la asignatura haciendo de su capa un sayo?
¿piensan los directores de los centros concertados que van a poder seguir “digiriendo” cualquier imposición injusta por parte de la administración mediante el recurso a su capacidad adaptativa o van a plantarse en algún momento con un más honorable “hasta aquí hemos llegado”? ¿O es que el concierto es el sumo bien al que hay que sacrificar todo?
¿tienen algún mensaje que ofrecer a los millones de padres y alumnos que no pueden acogerse a estas precarias adaptaciones porque sus centros son de titularidad pública?
¿son las leyes injustas menos injustas porque puedo sortearlas?
El pasado día 5 de septiembre, El Presidente de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española, Casimiro López Llorente, publicó una Carta Pastoral titulada ”Sobre Educación para la Ciudadanía”, en la que destacaba, entre otras cosas:
(…) el Ejecutivo de Zapatero “no ha ofrecido garantía jurídica de que los centros de la Iglesia puedan adecuar el programa de la asignatura al ideario católico de los centros”, por lo que “los centros católicos se van a ver obligados” a impartir una materia que “está en contradicción con su carácter propio” y, como consecuencia de ello, estas instituciones “no podrán desarrollar con entera libertad su proyecto educativo y verán limitados sus derechos a la libertad educativa”.
La denuncia de Mons. López Llorente es clara: no hay ningún fundamento jurídico para la “adaptación”. Lo dice el Presidente de la Comisión de Enseñanza de la CEE. Claro que, si los colegios de ideario católico no reconocen su autoridad, seguiremos refugiándonos en el injustificable argumento de la adaptación…
6.- TODOS LOS OBJETORES SON CATOLICOS QUE TEMEN QUE LA IGLESIA PIERDA PODER MORAL FRENTE AL ESTADO.
En este sentido, no es la Iglesia Católica quien se ha opuesto a su implantación ni ha movilizado a sus fieles en su contra. Primero y principalmente, el movimiento objetor a EpC es un movimiento de carácter civil ante una pretensión de recorte de libertades civiles. La Iglesia, junto a otras confesiones religiosas y autoridades morales, ha denunciado este recorte de libertades civiles y se ha posicionado en contra. Pero no tanto por sus contenidos, sino como un recorte de las libertades civiles, es decir, personales y familiares, uno decide libremente ser catolico, o judio, o musulmán o no serlo, pero Epc se imparte obligatoriamente.
El propio cardenal Rouco se mostró en contra de la EpC “aunque sus contenidos fuearn los propios del Catecismo de la Iglesia Católica”, pues serguiría siendo una imposición.
7.- LOS OBJETORES NO SON MAS DE CIEN MIL FAMILIAS.
Siempre serán una minoría los padres que, opuestos a la asignatura, tomen la decisión de presentar una objeción formal. Es una falacia inferir que, quienes no presentan objeción, están de acuerdo con la asignatura.
Una imposición moral no se legitima por que una mayoría la imponga.
8.- LOS OBJETORES PRETENDEN IMPONER SUS CREENCIAS AL RESTO DE LA SOCIEDAD.
La objeción de conciencia no pretende imponer nada a los demás ni causa ningún perjuicio al resto de ciudadanos. Se trata de un derecho individual a ser eximido del cumplimiento de una ley que atenta contra las propias convicciones morales.
La existencia de objetores no perjudica a quienes desean recibir la asignatura. No generan ningún perjuicio social. Si los alumnos objetores no acuden a clase de EpC ¿a quién perjudican?. A nadie. No cuestionan ni impiden el derecho de los alumnos que quieran recibir esta asignatura.
Otras objeciones reconocidas históricamente en España, por el contrario, podrían perjudicar, si no se remedia de algún modo, el ejercicio de un derecho garantizado por el Estado. Piénsese en la objeción al servicio militar: podría originar problemas para establecer los contingentes de tropas necesarias. La objeción de conciencia de un profesional sanitario, para poner otro ejemplo, requiere un ajuste por parte de la administración que se ha comprometido a ofrecer los servicios sanitarios que el profesional rechaza ejercer mediante su objeción de conciencia.
¿A quiénes perjudicamos los padres, los alumnos objetores? ¿Qué repercusiones sociales tiene nuestra postura de no acudir a las clases de EpC? ¿Genera una quiebra o menoscabo del bien común?
10. LOS OBJETORES A EPC DEBERIAN OPONERSE A LA ASIGNATURA DE RELIGION.
La asignatura de religión es optativa. Por tanto, no se impone a nadie. De hecho se cifra en un 80% el porcentaje de alumnos que cursa la asignatura. Por el contrario, Educación para la Ciudadanía (las cuatro asignaturas que conforman el área) son obligatorias y requisito para obtener la titulación de Bachillerato.
La segunda diferencia, y más relevante, es que la asignatura de religión pretende transmitir unos contenidos, pero en ningún caso pretende evaluar el asentimiento del alumno a su doctrina. Los alumnos de religión son examinados sobre verdades de la fe, historia bíblica o cualquier otro contenido teórico, pero nunca son evaluados en función del ejercicio de sus creencias. No obtiene sobresaliente en religión el alumno más piadoso ni quien demuestra tener una fe más firme. Tampoco el más caritativo
Educación para la Ciudadanía pretende, por el contrario, que los alumnos asuman su doctrina y lo demuestren en su comportamiento personal .
Frente a la anterior afirmación el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria establece expresamente el propósito de "formar la conciencia moral" de los alumnos:
“La dimensión ética de la competencia social y ciudadana entraña ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto”
“Para lograr estos objetivos se profundiza en los principios de ética personal y social”
Los centros escolares deben ser espacios “que ayuden a los alumnos y alumnas a construirse una conciencia moral y cívica acorde con las sociedades democráticas, plurales, complejas y cambiantes en las que vivimos”
“Centrándose la Educación éticocivica en la reflexión ética que comienza con el entorno más próxima para contribuir, a través de los dilemas morales, a la construcción de una conciencia moral cívica”.
“La educación para la ciudadanía y los derechos humanos en uno de los tres primeros cursos trata aspectos relacionados con las relaciones humanas, bien sean las interpersonales, las familiares o las sociales. Aborda asimismo los deberes y derechos ciudadanos, profundizando en el sentido de los principios que los sustentan”. Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA: REAL DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.
3.- SI LOS CONTENIDOS DE EPC FUERAN DEL AGRADO DE LOS OBJETORES NO SE OPONDRÍAN A LA ASIGNATURA.
Rotundamente falso. Quienes nos oponemos a la implantación de la EpC no lo hacemos en función de sus contenidos. Nos oponemos a que el Estado pretenda formar moralmente a los ciudadanos -nuestros hijos. Y es que la formación moral de los hijos es competencia exclusiva de sus padres y los colaboradores que, para este menester, ellos elijan. El Estado no es quien para formar moralmente a nadie. Ni este Gobierno del PSOE ni otro que fuera del PP. Es una cuestión de principios, no de contenidos.
4.- EPC PRETENDE DAR A CONOCER VALORES Y PRINCIPIOS COMUNES A TODOS.
FALSO. Frente a quienes como José Antonio Marina consideran que «necesitamos una educación en valores comunes, transculturales, universales, más allá de la moral y las religiones», quienes nos oponemos a esta Epc consideramos que no existe esa “ética de mínimos” .
Quienes han dinamitado el concepto de Ley Natural acuñado por la tradición cristiana, pretenden implantar ahora su caricatura: un conjunto de principios y normas de actuación basados en los valores compartidos de la sociedad democrática. Llegados a este punto, el elenco de preguntas que se plantean resulta interminable: ¿cuáles son esos “valores comunes”? ¿quién o quiénes los determinan y especifican? ¿dónde están recogidos? ¿qué grado de consenso se requiere para calificar a un valor como “común”?
¿cómo y cuándo se refrendan esos valores?
¿cabe la discrepancia hacia alguno de esos valores?
¿es valioso, por tanto, todo lo que el Estado legisla?
etc.
5.- EN MI COLEGIO NO TENGO PROBLEMA HAN ADAPTADO EPC AL IDEARIO DEL CENTRO.
FALSO. No existe ninguna disposición legal que permita realizar esa supuesta adaptación. Los objetivos, contenidos mínimos y criterios de evaluación de estas asignaturas, publicados en los correspondientes decretos, no pueden adaptarse: han de cumplirse en su integridad. Los centros poseen cierta libertad para añadir contenidos a los mínimos propuestos por el ministerio, pero nunca para recortarlos ni modificarlos.
Quienes todavía piensan que los males de la EpC se resuelven mediante la adaptación de sus contenidos al ideario del propio centro, deberían hacerse, al menos, una serie de reflexiones muy sencillas:
¿creen, de verdad, que la ofensiva gubernamental en favor de la EpC y su resistencia al diálogo y, más aún, a mover una sola coma de los decretos, es un empeño compatible con permitir que, en la práctica, cada centro adapte la asignatura haciendo de su capa un sayo?
¿piensan los directores de los centros concertados que van a poder seguir “digiriendo” cualquier imposición injusta por parte de la administración mediante el recurso a su capacidad adaptativa o van a plantarse en algún momento con un más honorable “hasta aquí hemos llegado”? ¿O es que el concierto es el sumo bien al que hay que sacrificar todo?
¿tienen algún mensaje que ofrecer a los millones de padres y alumnos que no pueden acogerse a estas precarias adaptaciones porque sus centros son de titularidad pública?
¿son las leyes injustas menos injustas porque puedo sortearlas?
El pasado día 5 de septiembre, El Presidente de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española, Casimiro López Llorente, publicó una Carta Pastoral titulada ”Sobre Educación para la Ciudadanía”, en la que destacaba, entre otras cosas:
(…) el Ejecutivo de Zapatero “no ha ofrecido garantía jurídica de que los centros de la Iglesia puedan adecuar el programa de la asignatura al ideario católico de los centros”, por lo que “los centros católicos se van a ver obligados” a impartir una materia que “está en contradicción con su carácter propio” y, como consecuencia de ello, estas instituciones “no podrán desarrollar con entera libertad su proyecto educativo y verán limitados sus derechos a la libertad educativa”.
La denuncia de Mons. López Llorente es clara: no hay ningún fundamento jurídico para la “adaptación”. Lo dice el Presidente de la Comisión de Enseñanza de la CEE. Claro que, si los colegios de ideario católico no reconocen su autoridad, seguiremos refugiándonos en el injustificable argumento de la adaptación…
6.- TODOS LOS OBJETORES SON CATOLICOS QUE TEMEN QUE LA IGLESIA PIERDA PODER MORAL FRENTE AL ESTADO.
En este sentido, no es la Iglesia Católica quien se ha opuesto a su implantación ni ha movilizado a sus fieles en su contra. Primero y principalmente, el movimiento objetor a EpC es un movimiento de carácter civil ante una pretensión de recorte de libertades civiles. La Iglesia, junto a otras confesiones religiosas y autoridades morales, ha denunciado este recorte de libertades civiles y se ha posicionado en contra. Pero no tanto por sus contenidos, sino como un recorte de las libertades civiles, es decir, personales y familiares, uno decide libremente ser catolico, o judio, o musulmán o no serlo, pero Epc se imparte obligatoriamente.
El propio cardenal Rouco se mostró en contra de la EpC “aunque sus contenidos fuearn los propios del Catecismo de la Iglesia Católica”, pues serguiría siendo una imposición.
7.- LOS OBJETORES NO SON MAS DE CIEN MIL FAMILIAS.
Siempre serán una minoría los padres que, opuestos a la asignatura, tomen la decisión de presentar una objeción formal. Es una falacia inferir que, quienes no presentan objeción, están de acuerdo con la asignatura.
Una imposición moral no se legitima por que una mayoría la imponga.
8.- LOS OBJETORES PRETENDEN IMPONER SUS CREENCIAS AL RESTO DE LA SOCIEDAD.
La objeción de conciencia no pretende imponer nada a los demás ni causa ningún perjuicio al resto de ciudadanos. Se trata de un derecho individual a ser eximido del cumplimiento de una ley que atenta contra las propias convicciones morales.
La existencia de objetores no perjudica a quienes desean recibir la asignatura. No generan ningún perjuicio social. Si los alumnos objetores no acuden a clase de EpC ¿a quién perjudican?. A nadie. No cuestionan ni impiden el derecho de los alumnos que quieran recibir esta asignatura.
Otras objeciones reconocidas históricamente en España, por el contrario, podrían perjudicar, si no se remedia de algún modo, el ejercicio de un derecho garantizado por el Estado. Piénsese en la objeción al servicio militar: podría originar problemas para establecer los contingentes de tropas necesarias. La objeción de conciencia de un profesional sanitario, para poner otro ejemplo, requiere un ajuste por parte de la administración que se ha comprometido a ofrecer los servicios sanitarios que el profesional rechaza ejercer mediante su objeción de conciencia.
¿A quiénes perjudicamos los padres, los alumnos objetores? ¿Qué repercusiones sociales tiene nuestra postura de no acudir a las clases de EpC? ¿Genera una quiebra o menoscabo del bien común?
10. LOS OBJETORES A EPC DEBERIAN OPONERSE A LA ASIGNATURA DE RELIGION.
La asignatura de religión es optativa. Por tanto, no se impone a nadie. De hecho se cifra en un 80% el porcentaje de alumnos que cursa la asignatura. Por el contrario, Educación para la Ciudadanía (las cuatro asignaturas que conforman el área) son obligatorias y requisito para obtener la titulación de Bachillerato.
La segunda diferencia, y más relevante, es que la asignatura de religión pretende transmitir unos contenidos, pero en ningún caso pretende evaluar el asentimiento del alumno a su doctrina. Los alumnos de religión son examinados sobre verdades de la fe, historia bíblica o cualquier otro contenido teórico, pero nunca son evaluados en función del ejercicio de sus creencias. No obtiene sobresaliente en religión el alumno más piadoso ni quien demuestra tener una fe más firme. Tampoco el más caritativo
Educación para la Ciudadanía pretende, por el contrario, que los alumnos asuman su doctrina y lo demuestren en su comportamiento personal .
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