Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 recortan en un 90% las ayudas a las confederaciones estatales de AMPA, que quedarían en 43.600 euros a repartir fundamentalmente entre Ceapa (con implantación en la escuela pública) y Concapa (en la privada-concertada). Además, el Gobierno suprime la partida destinada a la financiación de las federaciones territoriales de AMPA.
"Este recorte –denuncia Ceapa– es un ataque al ejercicio del derecho constitucional de los padres y las madres al control y gestión de los centros educativos, porque deja a estas confederaciones en una situación tan precaria que será muy difícil defender los intereses de los padres y madres de alumnos en las decisiones que tomen las administraciones educativas y ante otros sectores educativos". Los Presupuestos Generales del Estado amenazan la propia supervivencia de estas organizaciones, "en una destrucción, sin precedentes en el periodo democrático, del tejido social de nuestro país", dice Ceapa, que añade que "etos presupuestos son un desprecio hacia los aproximadamente tres millones de familias a quienes Ceapa representa y, en particular, hacia las decenas de miles de padres y madres del alumnado que realizan una labor voluntaria y desinteresada en las AMPA, en sus federaciones territoriales y en Ceapa a nivel estatal".
Tanto Ceapa (lo mismo se podría decir de Concapa) como sus federaciones territoriales necesitan un local con la infraestructura necesaria y un mínimo de personal laboral que garantice el asesoramiento y apoyo a las AMPA, y la representación en los centros educativos, consejos escolares y mesas de negociación, a nivel local, autonómico y estatal, donde los padres y las madres siempre estamos en inferioridad de condiciones en relación al profesorado y a las Administraciones educativas. "Además, sin esa pequeña estructura administrativa no se puede garantizar la continuidad de unas organizaciones en constante renovación, como consecuencia de que muchos progenitores deben abandonar su cargo cuando los hijos finalizan la Secundaria postobligatoria, coincidiendo con la mayoría de edad", se queja la confederación de padres de la Pública.
Ceapa dice que ellos y las federaciones territoriales de AMPA "defienden los derechos de los padres y madres y del alumnado, participan en los consejos escolares, forman a otros padres, y cubren muchas carencias que deberían ser atendidas por el Estado, como la gestión de programas de préstamo de libros, comedores escolares, actividades extraescolares, entre otras". "Por su mera existencia en la defensa de los intereses de las familias, por las actividades de formación y divulgación que desarrolla y por promover la implicación de las familias en la escuela, éste es un movimiento asociativo que debería estar amparado mínimamente por el Estado", añade esta confederación. Como señala Jesús Mª Sánchez, presidente de Ceapa, "esos fondos tienen un valor social multiplicador, porque con ellos damos mucho a la sociedad; sin embargo, y a juzgar por los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno cree que nuestra labor es totalmente prescindible". Fundada en 1979, Ceapa aglutina a 42 federaciones territoriales que, a su vez, integran a cerca de 11.000 asociaciones de padres y madres de alumnos, fundamentalmente de la escuela pública.
Por su parte, Concapa lamenta que "tampoco se haya tenido en cuenta, una vez más, el papel fundamental de las familias y de las asociaciones de padres, a quienes deberían dotarse de los medios necesarios para poder llevar a cabo su función formativa y participativa". "Reiteramos –señala en un comunicado– que con respecto a los recortes en Educación existe un límite que no puede traspasarse: la merma en la calidad de la enseñanza y de las libertades y derechos educativos".
Tanto Ceapa (lo mismo se podría decir de Concapa) como sus federaciones territoriales necesitan un local con la infraestructura necesaria y un mínimo de personal laboral que garantice el asesoramiento y apoyo a las AMPA, y la representación en los centros educativos, consejos escolares y mesas de negociación, a nivel local, autonómico y estatal, donde los padres y las madres siempre estamos en inferioridad de condiciones en relación al profesorado y a las Administraciones educativas. "Además, sin esa pequeña estructura administrativa no se puede garantizar la continuidad de unas organizaciones en constante renovación, como consecuencia de que muchos progenitores deben abandonar su cargo cuando los hijos finalizan la Secundaria postobligatoria, coincidiendo con la mayoría de edad", se queja la confederación de padres de la Pública.
Ceapa recuerda que las madres y los padres que participan en las AMPA, en sus federaciones territoriales, o en la propia confederación a nivel estatal, no reciben ningún tipo de remuneración y realizan una labor social totalmente voluntaria. El dinero de estas ayudas estatales se dedica a garantizar la presencia en los órganos de representación, asesorar a las AMPA, impartir cursos de formación y jornadas en asuntos de marcado interés educativo, y mantener el personal laboral y la infraestructura administrativa necesaria.
Ceapa dice que ellos y las federaciones territoriales de AMPA "defienden los derechos de los padres y madres y del alumnado, participan en los consejos escolares, forman a otros padres, y cubren muchas carencias que deberían ser atendidas por el Estado, como la gestión de programas de préstamo de libros, comedores escolares, actividades extraescolares, entre otras". "Por su mera existencia en la defensa de los intereses de las familias, por las actividades de formación y divulgación que desarrolla y por promover la implicación de las familias en la escuela, éste es un movimiento asociativo que debería estar amparado mínimamente por el Estado", añade esta confederación. Como señala Jesús Mª Sánchez, presidente de Ceapa, "esos fondos tienen un valor social multiplicador, porque con ellos damos mucho a la sociedad; sin embargo, y a juzgar por los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno cree que nuestra labor es totalmente prescindible". Fundada en 1979, Ceapa aglutina a 42 federaciones territoriales que, a su vez, integran a cerca de 11.000 asociaciones de padres y madres de alumnos, fundamentalmente de la escuela pública.
Por su parte, Concapa lamenta que "tampoco se haya tenido en cuenta, una vez más, el papel fundamental de las familias y de las asociaciones de padres, a quienes deberían dotarse de los medios necesarios para poder llevar a cabo su función formativa y participativa". "Reiteramos –señala en un comunicado– que con respecto a los recortes en Educación existe un límite que no puede traspasarse: la merma en la calidad de la enseñanza y de las libertades y derechos educativos".
Fuente: Magisnet.
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