VALENCIA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) - Los centros de educación concertada de la Comunitat continúan proponiendo medidas para paliar la situación provocada por el impago de los gastos de funcionamiento por parte del Consell, al tiempo que confían en que, tal y como anunció la consellera del ramo, María José Catalá, este viernes se haga efectivo el pago de una parte de al deuda.
Así, Escuelas Católicas Comunidad Valenciana (ESCACV), que agrupa a más de 450 centros concertados en la Comunitat, ha advertido de que no descarta tomar "medidas de fuerza" en el caso de que no se lleve a cabo este primer pago por parte de la administración autonómica, ya que los centros están "muy decepcionados y con graves dificultades de funcionamiento".
La organización celebró este miércoles tres asambleas simultáneas en sus sedes de Castellón, Valencia y Alicante con el objetivo de analizar la situación con la administración y la deuda pendiente de cobro por parte de los centros educativos y de la que Conselleria se ha comprometido a abonar una parte antes del día 20 de este mes.
El encuentro "puso en evidencia las dificultades de los centros por el retraso, en este caso, de la partida de gastos de funcionamiento correspondientes al tercer trimestre del año pasado, que contempla los sueldos del personal de administración y servicios, así como los gastos de mantenimiento, la luz o el agua y cuya cantidad asciende, según la Conselleria, a unos 35 millones de euros", han recordado fuentes de la entidad en un comunicado.
Y es que, además de los gastos de funcionamiento del tercer y cuarto trimestres, la Conselleria tiene pendiente el pago de otras partidas a los centros concertados como las derivadas de los bonolibros, el bono infantil o módulos de formación profesional.
La presidenta destacó la "fuerza" de los centros educativos de ESCACV, su amplio respaldo social y la necesidad de mantener informados a las familias y al profesorado de la situación de cada centro.
Por su parte, la Federación de sindicatos independientes de enseñanza de la Comunitat Valenciana (Fsie) mantuvo ayer una entrevista con la consellera de Educación, Mª José Catalá, en la que le manifestó su rechazo al Decreto Ley de medidas de ajuste del Consell al entender que "no es la administración con quien se mantienen las relaciones laborales, sino con las empresas contratantes y que las relaciones entre trabajadores y empresas vienen legisladas por medio de un convenio colectivo en el que no participa la administración, siendo tan solo los sindicatos y las patronales firmantes del mismo quienes lo hacen".
"ATAQUE" A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
El sindicato destaca que el convenio colectivo tiene ámbito nacional y que con estas medidas vería reducida su eficacia, produciéndose un "ataque a la negociación colectiva".
Al mismo tiempo, Fsie recalca que este Decreto Ley sólo podría tener efectos sobre el personal propio de la administración y no sobre quienes tienen pago delegado por parte de ella. Los motivos del rechazo al Decreto Ley en general "residen en la recesión que se produce en las condiciones económicas de los trabajadores para pagar una deuda que en ningún caso han generado los propios trabajadores", explican.
El colectivo también propone la creación de una mesa general de centros sostenidos con fondos públicos, en los que participe tanto la educación pública como concertada.
En la reunión también se planteó la necesidad de mantener reuniones periódicas y calendarizadas de los distintos foros en los que participa la enseñanza privada: mesa sindical, mesa de la enseñanza concertada y mesas técnicas.
Fuente: Europa Press.
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