PSPV firma el manifiesto estudiantil que exige retirar la autoridad del profesor en el aula

La norma fue pionera en España y ha conseguido reducir en un 50% las agresiones contra el profesorado. 

  

Sarrión (PSPV), Ferri (Compromís), Alarte (PSPV), Ordóñez (Faavem), Sanz (EU) y López (EU), tras la firma del manifiesto | LP

     

03.03.12 - J. BATISTA | VALENCIA 

  

La oposición en bloque -PSPV, Compromís y EU- ha suscrito un manifiesto elaborado por la Federación Valenciana de Estudiantes (Faavem), la entidad que más protagonismo adquirió durante las protestas estudiantiles que derivaron en altercados y cargas policiales, con un balance de 42 personas detenidas, la mayoría jóvenes. 

  

Aunque algunos de los puntos que defiende la entidad son reivindicaciones compartidas por los partidos firmantes, como la necesidad de una «escuela pública, laica y de calidad», otros planteamientos resultan más peliagudos si se leen con detenimiento. Es lo que sucede con el noveno enunciado, que exige la retirada de la ley de Autoridad del Profesorado al considerarla «injusta». En el documento, se apuesta «por instruir a los docentes en la educación metodológica y dinámica para conseguir una horizontalidad entre profesores y alumnos». 

  

De esta forma, la oposición asume una exigencia contra una normativa reclamada por el propio colectivo docente para facilitar su trabajo en las aulas. Fue una ley pionera en España que con posterioridad han adaptado otras comunidades autónomas y se desprende de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, aprobada por el Gobierno socialista. 

  

La norma dice que el personal docente tendrá la «condición de autoridad» y gozará «de la protección reconocida por el ordenamiento jurídico». Esto se traduce, por ejemplo, en la presunción de veracidad «en el ejercicio de sus competencias correctoras o disciplinarias» respecto a los hechos que hayan constatado personalmente. En otras palabras, prevalece su palabra, como sucede con un policía, en relación a situaciones violentas, de acoso o de desobediencia. 

   La ley también garantiza «la adecuada defensa jurídica y protección en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional» en casos de agresiones y amenazas. La Comunitat fue una de las primeras autonomías en desarrollar una normativa de este tipo, que se aprobó en Les Corts en 2010 con los únicos votos favorables del PP. 

  

La medida ha sido efectiva. Al menos así lo dicen los sindicatos educativos. Para Anpe, que gestiona un teléfono de asistencia para los docentes que sufren problemas y vejaciones, leyes como esta están detrás de la reducción de los casos que se registran en las aulas valencianas y que son comunicados al sindicato, tal y como se explicó durante la presentación del último balance de esta herramienta, llamada el Defensor del Profesor. Durante el curso pasado (2010-2011), el número de contactos cayó a la mitad en la Comunitat, con un descenso especialmente alto en las consultas provenientes de institutos.

  

El segundo punto del manifiesto también ha resultado polémico. No tanto por su arranque, que aboga por aumentar los presupuestos y evitar retrasos en los pagos a los colegios, sino por la conclusión, pues se propone incrementar los recursos «eliminando las subvenciones públicas a escuelas concertadas o sumarlas al sistema público de enseñanza». 

  

Lógicamente entre las patronales que agrupan a la mayoría de colegios concertados de la Comunitat no sentó bien el apoyo político a este planteamiento, especialmente el del PSPV. Desde la Federación de Centros de Enseñanza (Feceval), tildaron el posicionamiento socialista de «sinsentido», al recordar que todas las leyes educativas impulsadas por el PSOE (LOE, Logse y Lode) defienden un sistema de enseñanza dual donde se garantice la libertad de elección de centro. «Ha sido una cuestión de oportunismo político», añadieron desde la Federación. 

  

También reaccionó Escuelas Católicas de la Comunitat. Durante unas jornadas pastorales celebradas en Alicante se recordó que la existencia de la escuela concertada responde a una demanda social. 

  

Al día siguiente de la firma del documento el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, matizó levemente su postura, al asegurar que había que respetar la necesidad de algunos conciertos con carácter subsidiario, como por ejemplo, durante las obras de construcción de un colegio público. 

  

El manifiesto de Faavem incluye otras peticiones, como la gratuidad del material escolar, transporte y comedor, que se aumente la participación estudiantil, que las prácticas de Formación Profesional sean remuneradas y que las becas se rijan por criterios económicos. 

  

Fuente: Las Provincias.