Nadie puede imponer su concepción de la sexualidad a nuestros hijos

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 Las asociaciones Educa en Libertad de Valencia, Alicante y Castellón solicitan a la Generalitat Valenciana que ponga orden en la aplicación de las “medidas educativas” de la ley del aborto. Dichas asociaciones responden así al comunicado del Consejo de Enfermería de la C. Valenciana en el que se arroga prerrogativas que, tal y como recuerdan, solo corresponden a los padres, en cuanto titulares del derecho a la educación de los hijos conforme a sus propias convicciones ideológicas y morales.

Redacción Familia - 21-05-10

Estas organizaciones animan a los padres a ejercer sus derechos sobre la educación de los hijos

A propósito de algunas de las afirmaciones que en ese documento se expresan, las asociaciones Alicante Educa en Libertad (AEL), Castellón Educa en Libertad (CEL) y Valencia Educa en Libertad (VAEL) manifiestan:

1.- Que la forma en que la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo pretende implantar en el sistema educativo una formación en valores “con perspectiva de género”, constituye una intromisión ilegítima en los derechos de los padres y una atribución al Estado de facultades que no le corresponden.

2.- Que la delegación de la formación académica de nuestros hijos en los centros de enseñanza reglada no puede interpretarse como una renuncia a su educación conforme a nuestras propias convicciones ideológicas y morales.

3.- Que la formación en salud sexual y reproductiva, más allá de lo puramente biológico, implica facetas de la personalidad en las que intervienen, de manera profunda y especial, convicciones e ideas que pertenecen a la esfera más íntima de la conciencia de los individuos, en la que el Estado no puede ni debe interferir.

4.- Que un estudio del colectivo Lambda, citado por el CECOVA como argumento de autoridad, carece de relevancia científica y responde a los intereses ideológicos de esa organización. La ideología de género y el homosexualismo se presentan con una pretensión de validez universal de la que carecen; son tan solo manifestaciones subjetivas de un modo particular de entender la sexualidad humana, que puede o no ser compartido por el resto de ciudadanos. Así pues, no son admisibles ni los intentos de imponerla ni la pretensión de discriminar a quienes disentimos del ‘pensamiento único’.

Puesto que ella es el organismo competente y responsable de la planificación y organización de la actividad académica en nuestra región, solicitamos a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana que ponga orden en la aplicación de las “medidas educativas” a las que hace referencia la ley del aborto.

Para ello, le pedimos que, en el menor plazo de tiempo posible, dicte instrucciones en las que expresamente se ordene a todos los centros docentes que, antes de aplicar ningún programa de intervención externa y con anterioridad a la realización de cualquier actividad extracurricular –aun las incluidas en la Programación General Anual–, transmitan a las familias detallada información sobre sus contenidos y  sus posibles orientaciones ideológicas o morales, así como la relativa a las entidades y/o personas encargadas de su puesta en práctica. Además, esas instrucciones habrían de exigir a las direcciones de los centros que se abstengan de permitir la asistencia a tales actividades o programas de los estudiantes cuyos padres no la hayan solicitado explícitamente.

Por último, animamos a los padres de nuestras tres provincias –y por extensión a los de toda España– a ejercer sus derechos en relación con la educación de los hijos, sin complejos ni temores de ninguna clase. En relación con el caso que nos ocupa y otros similares –por ejemplo, la aplicación del programa PIES en tantos colegios e institutos valencianos–, les recordamos que les asiste el derecho a vetar la asistencia de sus hijos a toda actividad no curricular que no cuente con su expresa autorización, después de haber sido previa y detalladamente informados de ella.