¿COMO RECURRIR LA DENEGACION DE OBJECION DE CONCIENCIA?

Queridos amigos:

Si habéis recibido una CARTA-RESOLUCION DE LA CONSELLERIA DE EDUCACION que os comunica que "no reconoce el derecho a la objeción de conciencia", comprobareis que en la misma se os indica que podéis recurrir esta decisión; si queréis hacerlo, AEL (Alicante Educa en Libertad) puede ayudaros:

• tenemos a vuestra disposición un modelo de recurso de reposición (previo a la via judicial)
• cumplimentadlo por duplicado y adjuntadle fotocopia de la carta que habeis recibido
• es suficiente con un recurso por familia y es suficiente si firma el padre o la madre, (siempre que sea destinatario de la carta de Conselleria)
• presentadlo ante la Conselleria de Educación, personalmente o por correo certificado, (DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN C/ CARRATALÀ, 47 Alicante 03007)
• enviadnos copia una vez sellada a AEL (Aptdo 158 de Albatera 03340) para que os tengamos informados de los trámites a seguir posteriormente. Indicadnos teléfono y correo electronico si teneis.

Un cordial saludo.

Solicita el modelo de recurso de reposicion en: alicanteeducaenlibertad@gmail.com o descárgalo tu mismo aquí

NO TARDES, PUEDE QUE EL PLAZO HAYA TERMINADO

OBJETORES VALENCIANOS RECURRIRAN LAS DENEGACIONES DE LA OBJECION A EPC

Los padres recurrirán la denegación de Conselleria de reconocer la objeción a EpC

Aseguran que "serán numerosos los padres que plantearán recursos de reposición ante el propio conseller o interpondrán contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia"

28.07.09 - EUROPA PRESS | VALENCIA

Padres de la Comunitat Valenciana anunciaron hoy que recurrirán la denegación administrativa por parte de la Conselleria de Educación del reconocimiento a que, por razones de conciencia, sus hijos sean eximidos de cursar Educación para la Ciudadanía (EpC) por lo que plantearán recursos de reposición ante el propio conseller o interpondrán contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV).

Así, las asociaciones Alicante Educa en Libertad (AEL), Castellón Educa en Libertad (CEL) y Valencia Educa en Libertad (VAEL) confirmaron que algunas familias objetoras a Educación para la Ciudadanía de las tres provincias valencianas están recibiendo notificación de la denegación administrativa del derecho a objetar.

En un comunicado, estas entidades recordaron al conseller de Educación, Alejandro Font de Mora que, en los documentos mediante los que formulan sus objeciones, los padres "expresan su rechazo a que sus hijos cursen estudios de todas las asignaturas de EpC y, para que no quepa ambigüedad alguna, detallan las cuatro a las que afecta su decisión".

Por eso, las tres asociaciones manifiestan su "perplejidad" por el hecho de que la Administración autonómica, en su resolución, se refiera tan sólo a Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2.º de la ESO y a Educación Etico-Cívica de 4.º de la ESO.

Con ello, la autoridad educativa de la Comunidad hace "caso omiso" del rechazo a cursar Filosofía y Ciudadanía de 1.º de Bachillerato --materia que se implantó en el curso recién terminado-- e ignora que del plan de estudios de 5.º de Primaria también formará parte desde el ya inminente curso 2009-2010 otra asignatura de las que conforman el grupo de EpC, también denominada Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, consideraron.

Por último, las entidades que aglutinan al movimiento objetor valenciano comunicaron que, pese a las dificultades que se derivan del hecho de que la Administración haya elegido el período estival para ello, serán "numerosos los padres que, tras habérseles comunicado desde las respectivas direcciones territoriales la resolución adoptada por Font de Mora con fecha 24 de junio, plantearán recursos de reposición ante el propio conseller o interpondrán contenciosos ante el Tribunal Superior de Justicia".

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LECTURA RECOMENDADA

Recién aparecido, leí de un tirón el libro de Michael D. O'Brien LA ÚLTIMA ESCAPADA (Libros Libres, mayo de 2009):

Nathaniel Delaney dirige un modesto periódico local muy incómodo para el poder establecido. Sus páginas denuncian, incansables, la deriva del país hacia el totalitarismo, al imponerse a todos los niveles una ideología de apariencia benéfica y despiadada aplicación, incluso en la escuela. Cuando el gobierno decida eliminar ese foco de disidencia, la vida de Nathaniel y los suyos experimentará una tensión brutal e imprevista, que pondrá a prueba la solidez de los lazos familiares, de la amistad y del amor. Será el momento de tomar decisiones difíciles, tal vez dramáticas.

La acción del relato es trepidante, pero viene hoy a colación porque constituye una detallada profecía de lo que supone el adoctrinamiento educativo bajo la forma de Educación para la Ciudadanía. Cuando uno está leyendo el libro no deja de asombrarse ante retratos actuales escritos por un canadiense hace ya diez años:

12 de abril

Estoy tan molesto que tengo la expresión de estar echando veneno. Tras la cena, Bam ha puesto sus deberes sobre la mesa de la cocina y ha dicho: «Papá, ¿por qué tenemos que aprendernos todo esto?». A continuación me ha mostrado los libros de las nuevas asignaturas que va a comenzar a estudiar en la escuela. En un primer momento, aquello parecía un material bueno y razonable. Pero no se trataba -lo vi- de inculcarle una formación académica, sino de estimular su conciencia social.

Cuando los niños se fueron a dormir, me quedé un rato leyendo los libros despacio. Es una ingeniería social de magnitud tremenda, con expertos que dictan cómo tenemos que vivir, pero en el mejor tono del estilo académico: nada que pueda poner nervioso a un padre salvo que uno se acerque mucho y empiece a reflexionar sobre lo que dice de verdad. El contenido mismo es un problema: sexo, orientación sexual, «discernimiento de valores», raza, religión. Lo que me molesta más del tema es que estas son materias que son desde siempre competencia de los padres.

La última escapada, p. 39

No voy a desvelar al lector la trama del libro, pero sí confiarle las dos ideas principales que me ha suscitado su lectura.

La primera de ellas es que la falta de una reacción inmediata ante la amenaza deviene en una ceguera ante ésta. La prudencia, el conformismo, la pasividad, las componendas, están dando lugar a una convivencia inconsciente con el adoctrinamiento. Este fenómeno lo ilustra magistralmente el autor recurriendo a una cita de George MacDonald:

Nos asustamos al verlo, pero no salimos corriendo sino que nos quedamos mirándolo. Corrió hacia nosotros como si nos fuera a atropellar. Pero antes de alcanzarnos comenzó a extenderse más y más, a crecer más y más, hasta que finalmente era tan grande que lo perdimos de vista, y es que estaba del todo ya sobre nosotros.

George MacDonald, Lilith

La segunda idea es que, por fortuna para él, al protagonista del libro le persigue la policía que vela por el pensamiento "políticamente correcto" y provoca su reacción. El problema es que en España todavía no sufrimos ese acoso físico y muchos que en otro tiempo eran vigías de la libertad están ahora más preocupados en sortear la situación que en alertar a la población ante este ataque sibilino pero imparable.

Ojalá este libro despierte un puñado más de conciencias que se integren en este exiguo pero convencido dique de contención frente al adoctrinamiento que formamos los padres objetores.

[P.S.: para leer una entrevista con el autor sobre el tema del adoctrinamiento: «Debemos resistirnos al adoctrinamiento», entrevista de José Antonio Méndez].

© 2009, Diario de un padre objetor. Todos los derechos reservados. Este texto puede ser citado siempre que se indique su procedencia y se enlace con su origen.

CIUDADANIA LLEGAL AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La Razón 28 Julio 09

MADRID- El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre si la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC) vulnera o no los derechos a la libertad religiosa e ideológica y si se puede o no objetar a la misma, después de que unos padres La Rioja hayan recurrido la sentencia del Supremo que anuló la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad donde se les reconocía el derecho a que sus hijos no recibiesen esta enseñanza. Es el primer recurso de esta naturaleza a que llega al Alto Tribunal.
En el escrito presentado ante el TC por el despacho de abogados Ars Legum Asociados, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se sostiene que el Supremo vulneró el derecho a la libertad religiosa e ideológica al denegar el reconocimiento a la objeción de conciencia educativa planteada «sin acudir a juicio de ponderación alguno». Es decir, se añade al respecto, sin identificar «el bien de relevancia constitucional que justifique la obligación de cursar la asignatura discutida por encima de la propia conciencia de padres y alumnos». Así, se cuestionan los motivos por los que la objeción de conciencia «no puede abarcar» a una asignatura «cuyos contenidos vulnera el derecho a la libertad religiosa e ideológica» de los recurrentes. De esa forma, se añade al respecto, la sentencia del Supremo se convierte «en juez de conciencias ajenas».
En cambio, cuando se ha acreditado la «seriedad» de las convicciones religiosas e ideológicas de los objetores y el conflicto que frente a ellas les plantea el contenido de la asignatura Educación para la Ciudadanía, «surge la obligación de acomodar las creencias de los recurrentes, salvo que se consiga demostrar la existencia de un interés preponderante que justifique la restricción» a esos derechos.
Jurisprudencia
Los recurrentes aluden también a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para sostener que «hay base para reconocer que la objeción de conciencia educativa planteada es admisible en nuestro Derecho». En concreto, se citan dos sentencias en las que se viene a reconocer la objeción de conciencia planteada por unos padres frente al contenido de unas asignaturas de contenido secular, «no religioso», integradas, respectivamente, en los sistemas educativos noruego y turco. Por último, se denuncia que la propia doctrina del TC sobre el derecho fundamental a la objeción de conciencia «está siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, en concreto, por el TS».

TSJ valenciano anula la obligatoriedad de EpC en inglés

Novedades sobre la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía

[ 24-07-2009 ] HazteOír.org

Se basa en la doctrina del TS sobre objeción, sin considerar la del Constitucional.

REDACCIÓN HO y EUROPA PRESS.- La sección 2.ª de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la impartición en inglés de Educación para la Ciudadanía (EpC), prevista en una Orden de la Conselleria de Educación, así como la posibilidad de aprobar mediante un trabajo y la de que los padres puedan acogerse a la objeción de conciencia para que sus hijos sean eximidos de cursarla.

Los magistrados han estimado los recursos interpuestos por el sindicato CC.OO. y por la Abogacía del Estado contra la Orden del Gobierno valenciano por la que se establecen formas de organización pedagógica para impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, según consta en dos sentencias facilitadas hoy por el TSJCV y contra las que cabe recurso ante el Tribunal Supremo en el plazo de diez días.

La Sala declara la nulidad, por ser contrarios a derecho, de los artículos 3 y 5 y de la Disposición Adicional Primera de la orden, que se refieren a la impartición de la asignatura en lengua inglesa; también anula el artículo 2 en sus apartados 1.b, 2, 3 y 4 y el artículo 4, relativos a la llamada 'opción b', que permitía superar la materia mediante un trabajo, y el artículo 4.1, en el que se contempla la objeción de conciencia.

Al Tribunal "no le cabe duda" de que se debe rechazar la obligación de impartir EpC en inglés, porque considera que la orden de la Generalitat contiene una "motivación confusa, contradictoria e incongruente" al asegurar que se ampara en una determinada norma -la diposición adicional I del Decreto 112/07 del Consell- cuando después la propia Conselleria de Educación aduce que no es así. De esta forma, advierte, se incurre en la violación del artículo 9.3 de la Constitución Española que impone como límite de la potestad reglamentaria la interdicción de la arbitrariedad.

Los magistrados indican que la Generalitat, en su escrito de contestación a la demanda, alega que la orden no desarrolla la disposición de ese decreto "poniendo de manifiesto una evidente contradicción con el texto de la propia orden y creando una confusión de tal índole que llevaría a la sala a la misma conclusión".

A juicio del Tribunal, la imposición de una asignatura en lengua extranjera no puede ampararse en la orden recurrida, ya que ésta "no deja lugar a dudas de que tiene por objeto el establecimiento de un programa plurilingüe, que es distinto tanto por su finalidad como por los requisitos y procedimientos para su autorización, de la decisión de implantar el estudio de una asignatura curricular" en un idioma foráneo.

Frente a esta conclusión, la resolución hace constar que no pueden prosperar las alegaciones de la Generalitat, "pues no se trata de destacar la importancia de que los estudiantes adquieran destrezas en idiomas extranjeros, pues ello es un hecho incontrovertido a día de hoy, sino de que tal finalidad se consiga en el marco curricular del sistema educativo".

Por todo ello, se rechaza la impartición de EpC en inglés y también la posibilidad de evaluar el grado de adquisición de competencias en esa lengua por parte de los alumnos. El Tribunal recuerda su propio auto de 23 de julio de 2008 -por el que suspendió cautelarmente algunos artículos de la orden- en el que se recalcaba que el currículo de EpC no recoge criterios de evaluación relacionados con los conocimientos de inglés.

El TSJCV deniega la objeción con la sola mención de la doctrina del Supremo

Al declarar la nulidad del artículo de la orden en el que se contempla la posibilidad de objetar, la Sala asegura que para ello "basta remitirse" a la doctrina del Tribunal Supremo en sus recientes sentencias que desestiman "expresamente" la objeción a Educación para la Ciudadanía. En las siete líneas del párrafo con que despachan esta cuestión, ninguna referencia hacen sus señorías a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de objeción de conciencia ni formulan ninguna otra fundamentación jurídica.

Respecto a la intención del Consell de que la asignatura pudiera aprobarse sólo con un trabajo mediante la llamada 'opción B', la sala dice que de esa forma el alumno no accedería a todos los contenidos, ya que es "bien cierto que una vez se elige el tema del trabajo el estudiante sólo alcanza el objetivo de dicho tema, no de la materia".

Los jueces afirman que, al contemplar esa posibilidad, la orden "contraviene la legislación básica" -entre otras se cita a la LOE y al propio Decreto 112/07 del Consell- al permitir la adecuación de los criterios de evaluación a las características individuales y a las circunstancias personales de cada alumno". También "infringe de forma palmaria" la norma establecida que sea la familia del menor quien elija el texto que permita acceder a cada uno de los contenidos de la asignatura para luego seleccionar los que serán objeto del trabajo.

Reacciones del Ministerio y de las asociaciones de padres de alumnos

El Ministerio de Educación expresó hoy su satisfacción por la decisión del TSJA. Fuentes de este departamento aseguraron que el fallo "confirma" los argumentos defendidos por el Gobierno. A su juicio, demuestra que los problemas surgidos en torno a esta materia forman ya parte del pasado y que ha entrado en un contexto de "normalidad". Por ello, manifiestan su esperanza de que el Gobierno valenciano dedique a partir de ahora "todos sus esfuerzos" a mejorar la educación de sus alumnos.

Por otra parte, la resolución ha causado división entre las asociaciones representativas de los padres de alumnos.

El presidente de la Confederación Española de Padres de Alumnos (CEAPA), Pedro Rascón, mostró su "satisfacción" al comprobar que los jueces valencianos ven que esta asignatura "es válida y necesaria y se debe impartir con total normalidad". Para él, el fallo "es claro y se produce por unanimidad y la decisión del Gobierno de la Comunitat Valenciana era "una triquiñuela para boicotear la asignatura y saltarse la obligación de impartirla con normalidad".

Por el contrario, el presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, mostró "su absoluta discrepancia" con la decisión judicial, que a su juicio supone "una oportunidad perdida" para que los estudiantes mejoraran sus conocimientos del inglés. Carbonel dijo que, en cualquier caso, se debe admitir que es una asignatura "controvertida" porque ha habido "diferentes valoraciones de distintos tribunales superiores de justicia", hecho que debe llevar al Gobierno a "reflexionar y estudiar" el contenido de esta asignatura.

Así, reclamó que esta materia sirva para que los alumnos estudien la Constitución y los principales tratados internacionales, "algo a lo que nadie se opone", y no para conformar la moral de los alumnos. Carbonel exigió al Gobierno "una solución definitiva a este tema" para que la comunidad educativa deje de "perder más tiempo" y se dedique "a resolver los problemas de la educación española".

PARA VER LA SENTENCIA COMPLETA DEL TSJ PINCHE AQUI

Spain is different

Educación para la Ciudadanía

Spain is different

Victoria Llopis

Por más que el Ejecutivo y sus terminales mediáticas hayan intentado escudarse en la existencia de Educación para la Ciudadanía en otros países de la Unión, la diferencia entre España y sus homólogos europeos es abismal.

2008-10-01

libertad digital

A lo largo de doce entregas, Victoria Llopis ha expuesto en su ensayo Spain is different la enorme distancia entre la concepción del Gobierno español de lo que debe ser Educación para la Ciudadanía con la que tienen sus homólogos europeos, por más que el Ejecutivo y sus terminales mediáticas hayan intentado escudarse en la existencia de esta asignatura en otros países de la Unión.

1.    Orígenes de las políticas de EpC

Tras la caída del Muro, y sobre todo para integrar en sistemas democráticos a los países de Europa del Este, el Consejo de Europa decidió impulsar el desarrollo de políticas de EpC en el marco de los sistemas escolares de los países miembros. Pero en España el currículum diseñado por el Gobierno las desborda, al reconocer en su pretensión que pretende formar la conciencia moral de los niños y jóvenes, usurpando una responsabilidad y un derecho fundamental de los padres, poniendo además en riesgo la existencia misma de la libertad y pluralidad ideológica. Las políticas europeas de EpC no cuestionan el tipo de ciudadano, ni mucho menos inciden en sus valores.

2.    Controversia española

La diferencia de desarrollo en España se demuestra cuando se compara con la neutralidad sobre el tipo de ciudadano que hay en las asignaturas de Ciudadanía en Europa, analizando el tema a la luz de la controversia sobre el desarrollo del 27.2 y 27.3 de la Constitución, y reseñando los artículos sobre derechos educativos de los padres en los Tratados y Convenios internacionales suscritos por el Estado Español.

3.    Situación en Europa

El concepto de "ciudadanía" es distinto en las diferentes lenguas y países europeos, como también lo es el enfoque (transversal, integrado o independiente) de la "educación para la ciudadanía" en cada uno de ellos, así como el/los niveles en que se imparte y su carga lectiva.

4.    Objetivos de EpC en Europa

Los objetivos de EpC difieren notablemente por niveles de enseñanza y países, aunque coinciden en fomentar las cuestiones relacionadas con la participación escolar de alumnos y padres.

Los siguientes epígrafes estudian en profundidad el tratamiento que se da en los demás Estados miembros de la Unión Europea a la polémica asignatura:

5.            Alemania, Austria y Bélgica

6.            Bulgaria, República Checa, Chipre, Dinamarca y Escocia

7.            Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia y Grecia

8.            Holanda, Hungría, Inglaterra, Irlanda e Islandia

9.            Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania y Luxemburgo

10.         Malta, Noruega y Polonia

11.         Portugal, Rumania y Suecia

12.          

Conclusiones

Los "padres de Europa" compartían unos valores de fondo que inspiraron su pretensión unificadora, cristalizada a partir de la declaración Schuman. A la luz de esos orígenes de la Unión Europea, la implantación en España de EpC supone una anomalía en casi cualquier aspecto: la cuestión religiosa, que en Europa se aborda con naturalidad y en muchos sistemas escolares se encuentra explícitamente vinculada a la ciudadanía democrática; la desproporción de carga lectiva y niveles de obligatoriedad; la ausencia de participación real de las familias, de estudio y aprecio por la Historia nacional, sus símbolos y héroes, como conocimientos necesariamente unidos a los pretendidos valores cívicos que se quieren inculcar; la antropología subyacente del currículum español basada en la Ideología de Género y su opción moral relativista.

JOSE LUIS BAZAN CON AEL

Tras la presentación de AEL por parte de su presidente, Juan Carlos Córdoba, don Jose María Fernandez Corredor, delegado diocesano para Enseñanza instó al asociacionismo para la defensa de los intereses de los laicos en relacion con la educación de los hijos.

A continuación, José Berna, padre objetor y abogado, informó a los padres de la situacion en la Comunidad Valenciana, donde el TSJ ha inadmitido a tramite los recursos de los padres objetores.

El broche a la charla lo puso Jose Luis Bazán, experto jurídico en materia de libertad educativa, prescindiendo de notas o discursos preparados, ofreció una interesante e improvisada disertación sobre el derecho a ser diferentes, en medio de una sociedad que pretende imponer como obligatoria una ETICA COMUN DE MINIMOS.

Bazán profundizó en la existencia de una corriente que pretende hacer desaparecer las religiones para imponer la "religion de la ONU y del parlamento europeo". Así mismo, Bazán, animó a los presentes a no permitir que el Estado arrebate el derecho que como padres tenemos a transmitir a nuestros hijos nuestras convicciones morales y religiosas.

Para finalizar dos jóvenes objetoras dieron su testimonio ante los presentes, narrando episodios de incomprensión, crítica y burla padecidos en las aulas, pero reconociendo que en algunos casos, otros compañeros las ven con otros ojos, apreciendo la seriedad de sus planteamientos y su convicción.

En definitiva, la charla transcurrió de forma amena y ofreció nuevos argumentos a los presentes para mantener su objeción en los próximos cursos, llegando algunos a solicitar modelos para formalizar por primera vez su objecion de conciencia.

19 JUNIO CHARLA INFORMATIVA EN ASPE SOBRE EPC

OBJECION TAMBIEN EN PRIMARIA: JOSE LUIS BAZAN

VER NOTICIA

Salamanca Educa en Libertad llama a rechazar la

EpC también en Primaria

By libero

Created 09/06/2009 - 16:08

[1]

José Luis Bazán analizó este lunes la trascendencia de la implantación de la materia en esa etapa, así

como la actualidad y las perspectivas del movimiento objetor.

EpC, de nuevo en los Juzgados [2]

Vídeo: EpC, ¿objeción de conciencia o desobediencia civil?[3], en Profesionales al día

REDACCIÓN HO.- Ayer lunes, 8 de junio, José Luis Bazán, coordinador de la asesoría jurídic a de

Profesionales por la Ética, pronunció en Salamanca una conferencia en la que analizó la actualidada sy l

perspectivas de futuro del movimiento objetor a Educación para la Ciudadanía (EpC), prestando especli a

atención a la trascendencia de la implantación de esas enseñanzas en el 3.er ciclo de Educación Primaa rai

partir del próximo mes de septiembre.

El acto, organizado por la asociación Salamanca Educa en Libertad y celebrado en la Residencia Sta.

Rafaela María de las Esclavas del Sagrado Corazón, comenzó a las 8 de la tarde y se prolongó hasta l0a sy 1

cuarto de la noche.

Presente y futuro del movimiento cívico contrario a esta EpC

José Luis Bazán, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Católica de París, hizo un análisis del

marco en que se hallan las familias objetoras tras las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 11 de

febrero e insistió en que, para ellas, EpC sigue siendo tan inaceptable como antes de que el Alto Tribunal

se manifestara, porque su currículo no ha cambiado en nada y, consiguientemente, en él siguen vigentes

los elementos que han causado hasta el momento la tramitación de más de 52 mil objeciones en toda

España.

El ponente afirmó que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, es muy claro que la Justicia tendár

que reconocer el derecho a objetar; pero que, bajo el diseño de la materia y de las soluciones judiciales

arbitradas, subyace un planteamiento de carácter político que enturbia la solución. Además, destacó que

las resoluciones del Supremo no han cerrado el tema en absoluto, como lo prueba el hecho de que los

recursos ante el Tribunal Constitucional siguen su trámite. Por otra parte, reiteró que, si ello fuese

necesario, los padres recurrirán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

[4]

Charla sobre EpC en Salamanca (grupo de asistentes)

Bazán valoró positivamente las nuevas vías que en las sentencias del TS se abren y se proponen a l os

padres que rechazan las asignaturas de EpC. Así, invitó a las familias a estar vigilantes y a denunciar l e

adoctrinamiento en los centros docentes, especialmente en los de titularidad estatal, pues en su caso la

observancia de la neutralidad ideológica y moral es una obligación constitucional.

En cuanto a la implantación de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humaneons

Primaria a partir del curso 2009-2010, el jurista reconoció que representa un motivo de especial

preocupación para las familias, ya que a partir del próximo mes de septiembre también serán víctimas del

adoctrinamiento que encierra su programa los niños de 10 años de edad.

El coordinador de la asesoría jurídica de Profesionales por la Ética invitó a quienes no aprueban estaC E ap

que muestren su rechazo por cualquier medio legítimo, uno de los cuales es, aunque el TS no lo haya

reconocido aún, seguir solicitando la dispensa de la asignatura. Finalmente, instó a los padres a participar

en los órganos de representación del sistema educativo, como las APAS y los Consejos Escolares, deesd

los que se puede trabajar con gran eficacia para impedir el adoctrinamiento en las actividades de EpC o

en cualesquiera otras del ámbito escolar y para promover el respeto a la libertad de educación en todos

los aspectos.

Balance de las acciones de Salamanca Educa en Libertad

Previamente a la disertación del ponente, había intervenido la presidenta de la entidad organizador,a

Lourdes Ruano Espina, que antes de presentar a José Luis Bazán, hizo un breve recordatorio de cómo se

constituyó la asociación hace algo más de un año y dio cuenta de las actividades que desde entonces ha

llevado a cabo.

Además de haber impartido numerosas charlas, los dirigentes de Salamanca Educa en Libertad,

formando parte de una delegación de todas las plataformas objetoras de Castilla y León, se han reunidon e

tres ocasiones con los máximos responsables de la Consejería de Educación.

Varios representantes de la entidad salmantina también han sido recibidos recientemente por el Director

Provincial de Educación, a quien instaron a ordenar a la Inspección Educativa que realice un estuod i

detallado de los libros de texto, actividades y herramientas pedagógicas utilizadas en los centros de la

provincia para impartir EpC, a fin de que se respeten los derechos de los padres y los principios de

neutralidad y objetividad que deben presidir la práctica docente.

Por otra parte, Salamanca Educa en Libertad, junto con más de 70 plataformas de todas las

comunidades autónomas de España, ha solicitado cita al Defensor del Pueblo Enrique Múgica, así como

audiencia al Ministro de Educación. A este último le solicitan que considere a los responsables de las

entidades promotoras de la objeción de conciencia como interlocutores válidos y necesarios en el pacto

por la educación que el propio Ángel Gabilondo ha prometido impulsar.

ADMITIDO EL PRIMER RECURSO CONTRA MANUALES ADOCTRINADORES

VER LA NOTICIA DE PRENSA

ELECCIONES EUROPEAS: AEL piden explicaciones a Zapatero y a Rajoy antes de votar en las Europeas

74 organizaciones promotoras de la objeción, entre las que se hallan tres asociaciones de la C. Valenciana, les reclaman por carta que antes de la apertura de las urnas les detallen cómo piensan actuar en relación con ese grupo de asignaturas.

REDACCIÓN HO.- A solo 4 días de las elecciones al Parlamento Europeo, varios representantes de los padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) han entregado hoy en las sedes nacionales del PSOE y del PP sendas cartas dirigidas a José Luis Rodríguez Zapatero y a Mariano Rajoy, en su calidad de líderes de los dos principales partidos políticos españoles.

En las misivas, firmadas por 74 plataformas y entidades promotoras de la objeción a EpC (entre ellas, las asociaciones recién constituidas Alicante Educa en Libertad y Castellón Educa en Libertad, además de Valencia Educa en Libertad), los padres piden a ambos políticos que, antes del 7 de junio, respondan públicamente a esta interrogante:

¿Qué iniciativas concretas va a proponer su partido en el Parlamento Europeo para garantizar el derecho que asiste a los padres de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, tal como exige el artículo 27.3 de la Constitución Española y el Derecho Internacional (Artículo 2 del Protocolo I al Convenio Europeo de Derechos Humanos; Artículo 14.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea; Artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros) que obliga a España por haberlo incorporado a su ordenamiento jurídico?

Además, la carta dirigida al secretario general del PSOE pregunta específicamente sobre las medidas que piensa adoptar su partido en relación con el conflicto provocado por la implantación en España de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía. Más concretamente, se le pide que responda si va a suprimir o no este conjunto de materias escolares obligatorias o modificar sustancialmente (eliminando su carga ideológica y adoctrinadora) sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

A Mariano Rajoy, por su parte, le solicitan una respuesta sobre las acciones que va a llevar a cabo el PP en las Comunidades Autónomas en las que gobierna, en relación con el conflicto provocado por la implantación de las polémicas asignaturas. En especial, se le pide que explique qué decisiones van a adoptar los gobiernos autonómicos para reconocer el derecho de los padres a la objeción y para garantizar la neutralidad ideológica en materia educativa, mediante la formación de profesores y la supervisión de textos, actividades y materiales didácticos.

Finalmente, los representantes de los padres objetores indican a ambos líderes políticos que sus respuestas a las cuestiones planteadas en las cartas (o su silencio) condicionarán el voto de miles de familias el próximo 7 de junio.

José Carlos Muñoz, portavoz de Valencia Educa en Libertad, sospecha que no recibirán ninguna respuesta satisfactoria ni de Zapatero ni de Rajoy. “Si ello se confirma y alguno de los dos (o ambos) nos menosprecia con un cobarde silencio o nos responde con alguna evasiva dialéctica, las entidades firmantes recomendaremos a los padres que nos han pedido opinión que no voten a quienes, por acción o por omisión, hayan demostrado no estar dispuestos a cumplir con su obligación de garantizar nuestros derechos constitucionales”, advierte.

VAEL RECLAMA A CONSELLERIA QUE SUPERVISE LOS MANUALES DE EPC

Esa es una de las tareas ordinarias que la LOE impone a la Administración educativa.

REDACCIÓN HO.- La asociación Valencia Educa en Libertad (VAEL) comunicó que el lunes 18 de mayo, presentó en el registro de la Conselleria de Educación de la Comunitat Valenciana un escrito en el que insta al titular de la misma, Alejandro Font de Mora, a que ordene al Servicio de Inspección Educativa la supervisión de todos los libros de texto y materiales didácticos que utilizan los centros de la región para impartir Educación para la Ciudadanía (EpC), con el fin de garantizar la objetividad, la neutralidad y el pluralismo del sistema educativo.

El documento, firmado por el presidente de la entidad, Alberto de Scals, expone que, tras las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo (TS) sobre EpC, la Administración educativa valenciana tiene el deber de garantizar que en la práctica docente, tanto de ese grupo de asignaturas como de cualesquiera otras, se cumple fielmente lo dispuesto por el Alto Tribunal.

La Administración educativa ha de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por el TS

“Las materias que el Estado, en su irrenunciable función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española”, dispuso la Sala Tercera del Alto Tribunal en el fundamento jurídico penúltimo de sus cuatro sentencias de 11 de febrero del presente año.

A continuación, añaden los magistrados que “en una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa -ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas”. “Estas”, prosigue el texto de las mencionadas resoluciones, “pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales”. Por todo ello, el TS establece que “cuando deban abordarse problemas de esa índole al impartir la materia Educación para la Ciudadanía -o, llegado el caso, cualquiera otra- es exigible la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento”.

Por otra parte, VAEL recuerda en su solicitud a la Conselleria que, según establece la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica de Educación (LOE), “la supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente Ley”.

Peticiones a Font de Mora

En virtud de todo lo expuesto, la asociación pide a Font de Mora que “ordene a la Inspección Educativa que, con carácter prioritario, y en el ejercicio de sus funciones y atribuciones” lleve a cabo las siguientes actuaciones:

* - Que “realice el seguimiento de los libros de texto que se están utilizando en los centros escolares” de la región, así como de “todo el material complementario”, y que, tras haberlos estudiado, informe detalladamente de todo ello.

* - Que “adopte las medidas necesarias para que, se garantice, en todas las actividades escolares y extraescolares, y en los materiales curriculares, el respeto al derecho de los alumnos a ser educados en los valores democráticos y constitucionales, y el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones”.

* - Que “sean retirados todos aquellos libros de texto y otros materiales didácticos que puedan utilizarse en la materia de Educación para la Ciudadanía (o en cualquier otra), que no cumplan con las exigencias establecidas por el Tribunal Supremo” o que “vulneren los citados derechos, garantizando de esta forma el respeto a la objetividad, neutralidad y pluralismo que debe presidir e integrarse en el sistema educativo”.

Como documentación complementaria, VAEL acompañó su escrito de solicitud con un informe realizado de los profesores J. J. Escandell, J. A. Ceballos y A. Páramo y titulado La ‘Educación para la Ciudadanía’ en los libros de texto.

Declaraciones del asesor jurídico de VAEL

José M.ª Llanos, asesor jurídico de la asociación, explica que “la Generalitat Valenciana, en el ámbito de sus competencias, tiene el deber de velar por el estricto cumplimiento de la legalidad, así como el de amparar el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas”. “La Conselleria de Educación”, añade, “debe cumplir esas mismas obligaciones en la esfera educativa, por lo deberá instar a la Inspección Educativa a que cumpla su función de vigilancia y asesoramiento a los centros, y de comunicación a la Conselleria de Educación, de las eventuales infracciones de la legalidad vigente; lo que ha de aplicarse, en nuestro caso, a la enseñanza de los valores constitucionales y los derechos humanos, rechazando cualquier tipo de adoctrinamiento, en virtud de lo dispuesto por el Tribunal Supremo”.

“Estamos convencidos, porque así se desprende del texto constitucional y de las sentencias del Tribunal Constitucional dictadas hasta la fecha, que la objeción de conciencia es un derecho constitucional, por cuanto asienta sus bases en la libertad ideológica, religiosa y de culto”, manifiesta Llanos.

“Pero hasta que el Constitucional no se pronuncie nuevamente al respecto, resolviendo los recursos que han sido planteados a su amparo, debemos exigir a los poderes públicos, y concretamente a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana y a su máximo responsable, Alejandro Font de Mora, que aplique en su integridad la doctrina reiterada por el Supremo en las cuatro sentencias de 11 de febrero, por lo que está obligado a adoptar todas las medidas que resulten pertinentes para que pueda conocerse y denunciarse la vulneración de la neutralidad en la enseñanza y del respeto a la libertad ciudadana y al pluralismo de nuestra sociedad; y en consecuencia, está tiene la obligación de actuar en defensa de los alumnos, ante todo lo que pueda suponer un adoctrinamiento en las aulas”, detalla el abogado.

CONSELLERIA INVESTIGA ENCUESTA DE SEXO DE UN INSTITUTO

VER NOTICIA COMPLETA (DIARIO LAS PROVINCIAS)

Cuando la dirección se enteró del contenido de las preguntas obligó a retirar el cuestionario y envió una carta a los padres pidiendo disculpas.

En estos momentos el asunto se encuentra con la apertura de un expediente informativo para saber si de los hechos eran conocedores otros profesores o miembros del equipo de dirección del instituto.

La directora del centro, María Dolores Gómez, que a su vez es concejala de Educación, admitía ayer que el asunto «se puede ir de las manos y se está yendo». Se da la circunstancia de que la psicóloga del instituto, Pilar Pallardó, es la concejala de Bienestar Social e Igualdad.

Las preguntas del test

Algunas de las preguntas que causaron más indignación o sorpresa fueron: «¿Es importante el tamaño del pene?», «¿Por qué los negros la tienen más grande?», «¿A las mujeres les cambia el humor con la regla?», «¿Dónde está el punto G femenino?», «¿Dónde has hecho el amor más veces?», «¿Cuántas veces tienes relaciones a la semana?», «¿Por qué hay hombres que se corren antes que otros?» o «¿Qué son 'las aspas del molino'?»

PROFESORADO GALLEGO CONSIDERA LA FALTA DE DISCIPLINA COMO PRIMERA CAUSA DEL DETERIORO EDUCATIVO

PROFESORADO GALLEGO CONSIDERA LA FALTA DE DISCIPLINA LA PRIMERA CAUSA DEL DETERIORO EDUCATIVO

PUBLICADO EN LA VOZ DE GALICIA
Autor:E. Á.
Fecha de publicación:21/5/2009
El sindicato ANPE presentó ayer los datos de una encuesta hecha al profesorado gallego con casi medio millar de participantes de las cuatro provincias, y los resultados reflejan que se trata de un colectivo decepcionado con el sistema educativo en el que trabajan. Por ejemplo, el mayor porcentaje (un 47%) creen que el nivel académico de sus alumnos es inferior al de sus padres, frente a un 39% que opinan que es superior.

Los jóvenes son los más optimistas. Más del 51% de los docentes de menos de 30 años consideran que los alumnos de ahora tienen más nivel que los de hace unas décadas. Los más pesimistas son los de 30 a 40 años, ya que el 83% aseguran que se ha perdido nivel.

Para los profesores, la conflictividad en las aulas es evidente, hasta el punto de que para el 66% se trata de la principal causa del deterioro educativo. Los que defienden más este argumento son los docentes de secundaria y formación profesional, así como los de 30 a 40 años. Prácticamente ocho de cada diez profesores gallegos dicen que el clima que impera en las aulas no es el adecuado para impartir clase con eficacia.

Es curioso al comprobar los resultados de esta encuesta que los profesores no creen que un mayor salario sea una solución para una mejor práctica docente. Estos profesionales valoran muchísimo más que se disminuyan las ratios de alumnos por profesor, que se incremente el prestigio profesional y los medio materiales. De hecho, casi el 80% dicen que el número de estudiantes por clase no es el adecuado.

Ciudadanía

La asignatura de Educación para a Cidadanía está bastante cuestionada por los profesores gallegos, y de hecho, aunque el 56% de los docentes creen que es una materia necesaria en el currículo, el 41% opinan que no debería estar en él.

LOS MEDICOS ESPAÑOLES CONTRADICEN A ZAPATERO

La Sociedad Española de Médicos de Familia (SEMG)aprecia "efectos adversos" socio-sanitarios en dispensar sin receta la píldora postcoital
La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) estima que la decisión del Ministerio de Sanidad y Política Social acerca de la libre dispensación en farmacias de la píldora anticonceptiva de emergencia puede llevar implícitos 'efectos adversos' socio-sanitarios. La entidad señaló en un comunicado que, si el objetivo, tal como ha declarado el Ministerio, es "facilitar el acceso...

¿CAMBIA TODO TRAS LA SENTENCIA DEL SUPREMO?

Entrevista a Lourdes Ruano ( Espina, Catedrática de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado de la Facultad de Derecho de la Un. de Salamanca)

PREGUNTA (P) ¿Cuál es el la raíz de la polémica sobre EpC cuando estas materias escolares están impuestas en toda Europa?


RESPUESTA (R) La educación para la ciudadanía democrática ha sido un objetivo prioritario de las políticas educativas en los países europeos desde mediados de los años 90. Ya en 1997 los Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa, reunidos en Estrasburgo, manifestaron su voluntad de desarrollar una educación que esté basada en los derechos y responsabilidades de los ciudadanos y la participación de los jóvenes en la sociedad civil. En el contexto europeo, esta educación está contemplada de forma muy general y tiene por objeto la adquisición de una cultura política y jurídica basada en el conocimiento de las instituciones sociales, políticas y cívicas, así como los derechos humanos. Entre los contenidos se incluyen los derechos y deberes de las personas como ciudadanos europeos, la historia del proceso de integración de la Unión Europea, o el funcionamiento de las instituciones europeas e internacionales. En España, sin embargo, la materia conocida genéricamente como EpC, está cargada de connotaciones ideológicas concretas. Llama la atención que, en el caso español, los alumnos vayan a ser evaluados no por sus conocimientos, sino por sus actitudes, comportamientos y juicios de valor sobre determinadas cuestiones o por los argumentos que utilicen en torno a dilemas y conflictos morales.

(P) ¿Cree Vd. que EpC tiene intención de adoctrinar o, por el contrario, se trata de un riesgo que se ha magnificado?

(R) La materia está concebida y organizada como una doctrina general sobre el hombre, en su dimensión personal, íntima y social, que parte de una concreta antropología, y persigue sin ambages la construcción de una ética común basada en unos principios éticos y morales que han de regir la conducta humana.


Los promotores de estas asignaturas, empezando por el Ministerio de Educación, han dejado claro que su fin es formar las conciencias de los alumnos, sobre la base de unos valores que, se considera forman parte de un mínimo común ético.


Hay que recordar que el Consejo de Estado, al dictaminar sobre el desarrollo legislativo de Educación para la Ciudadanía, ya advirtió que no podían formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo la difusión de valores que no estén consagrados en la Constitución, o sean presupuesto corolario indispensable en el orden constitucional.


(P) ¿Cree Vd. que los padres tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia en el caso de EpC?


(R) La objeción de conciencia es una concreción del derecho fundamental a la libertad de conciencia, que implica no solamente el derecho de toda persona a formar libremente su propia conciencia, sino también a obrar conforme a los imperativos de la misma. Es, por tanto, un derecho constitucional, que deriva del art. 16.1 CE, como ha reconocido reiteradamente el Tribunal Constitucional. En la objeción de conciencia subyace siempre un conflicto entre el deber de obediencia a la norma legal y el deber de resistirse a su cumplimiento, que impone la norma moral o ética.


En el caso de la EpC, los padres que objetan no actúan por mero capricho; se encuentran ante el verdadero dilema de que sus hijos tienen que cursar un conjunto de asignaturas que, tal como han sido configuradas en el sistema escolar español, no constituyen una enseñanza neutral sino que en sus objetivos, contenidos y criterios de evaluación, implican un adoctrinamiento moral en una ideología y antropología concretas, contraria a sus personales y serias convicciones.
ENTREVISTA A LOURDES RUANO, CATEDRATICA DE DERECHO EN SALAMANCA

Por otra parte, al imponerse esta materia con carácter obligatorio, se está vulnerando el derecho fundamental que asiste a los padres de elegir para sus hijos la educación moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, garantizado por el at. 27.3 CE, el art. 2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y por numerosos tratados internacionales. Esto supone una grave intromisión del Estado en un ámbito que no le compete.


Si los alumnos tienen suficiente madurez (normalmente, a partir de los 16 años de edad) podrán presentar también ellos mismos su objeción de conciencia frente a estas materias, ya que los menores son titulares de sus derechos fundamentales.

CARTA PASTORAL OBISPO DE CASTELLON “Sobre Educación para la Ciudadanía”

ANEXO: CARTA PASTORAL “Sobre Educación para la Ciudadanía”

Queridos diocesanos:

A partir de este curso académico comenzará a impartirse también en nuestra Comunidad Valenciana la asignatura ‘Educación para la Ciudadanía’, implantada por la Ley Orgánica de Educación. He esperado a los últimos desarrollos jurídicos, últimos para nuestra Comunidad, para poder expresar algunas consideraciones sobre EpC. La Orden de la Consellería de Educación de 10 de junio pasado, que paliaba alguna de las graves objeciones que plantea dicha asignatura, fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que ha suspendido su aplicación en puntos importantes, en concreto en la opción B de EpC. En consecuencia EpC ha de ser cursada obligatoriamente por todos los alumnos de segundo curso de ESO en todos los colegios públicos y de iniciativa social sostenidos con fondos públicos.

En el ejercicio de mi responsabilidad pastoral me dirijo a todos los católicos de nuestra diócesis para ofreceros criterios ante la nueva asignatura. Asumo la Nota de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal de 28 de febrero de 2007.

Antes de nada debo decir que no hay nada que objetar contra una educación cívica; como tampoco habría nada que objetar contra una EpC, que, libre de componentes ideológicos, preparara para la convivencia democrática y se centrara en el estudio de los derechos humanos, del ordenamiento constitucional, de las instituciones sociales intermedias, de los organismos comunitarios europeos, etc. Así configurada, la EpC sería aceptable por todos y una materia importante para la formación de los alumnos. Así se viene haciendo en otros países de la Comunidad Europea.

Pero sí hay que decir que la EpC tal como está concebida en la LOE y desarrollada en los Reales Decretos, vinculantes también en nuestra Comunidad, “es inaceptable en la forma y en el fondo: en la forma, porque impone legalmente a todos una antropología que sólo algunos comparten y, en el fondo, porque sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona”. Con esta materia, el Estado va a imponer con carácter obligatorio para todos los alumnos y en todos los centros una determinada formación de la conciencia moral, al margen de la elección de los padres. De este modo se conculca el derecho originario y prioritario de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones; un derecho que el Estado ha de garantizar tal como está reconocido por la Constitución española (Art. 27, 3).

No cabe duda que la normativa estatal sobre la nueva asignatura “pretende formar, con carácter obligatorio ‘la conciencia moral cívica’ de todos los alumnos en todos los centros”. En concreto, esta asignatura intenta educar a todos los alumnos en una concepción del mundo y del hombre ajena a Dios, donde las nociones del bien y del mal moral son relativas y donde se transmite una ‘ideología del género’ opuesta a la antropología cristiana. Recordemos que en nuestra diócesis en torno al 90% de los padres con hijos en educación primaria y en torno al 70% en secundaria piden, año tras año, libremente y en virtud del derecho fundamental que les asiste, la formación religiosa y moral católica, con la que entra en clara contradicción la nueva materia.

Muchos de [los] padres han elegido centros de la Iglesia para la educación de sus hijos con su carácter o proyecto educativo cristiano que también se ve contradicho por esta nueva materia. El Gobierno no ha ofrecido garantía jurídica de que los centros de la Iglesia puedan adecuar el programa de la asignatura al ideario católico de los centros. También los centros y las instituciones o titulares de los centros católicos se van a ver obligados a poner una materia que, en su conjunto o parcialmente, está en contradicción con su carácter propio, con lo que también se cercena la libertad de estas instituciones; no podrán desarrollar con entera libertad su proyecto educativo y verán limitados sus derechos a la libertad educativa. Al actuar así el Estado traspasa sus competencias y lesiona derechos fundamentales de los padres y de la escuela libremente elegida. Esta injerencia del Estado no debería darse, si queremos una sociedad libre.

Por todo ello decimos los Obispos que “las enseñanzas antropológicas orientadas a la formación de la conciencia moral -tanto en lo ‘personal’ como en lo ‘social’- no son competencia del Estado. La autoridad pública no puede imponer ninguna moral a todos: ni una supuestamente mayoritaria, ni la católica, ni ninguna otra. Son los padres y es la escuela, como colaboradora de aquéllos, quienes tienen el derecho y el deber de la educación de las conciencias, sin más limitaciones que las derivadas de la dignidad de la persona y del justo orden público… Lo que denunciamos son unas enseñanzas concretas que, bajo el nombre de ‘Educación para la ciudadanía’, constituyen una lesión grave del derecho de los padres a determinar la educación moral para sus hijos”.

¿Qué hacer, en consecuencia? “Los padres harán muy bien en defender con todos los medios legítimos a su alcance el derecho que les asiste de ser ellos quienes determinen la educación moral que desean para sus hijos”. Entre estos medios legítimos está la objeción de conciencia frente a EpC sea en centros públicos sea en los de iniciativa social, también en colegios católicos. La objeción de conciencia es reconocida explícitamente en la Constitución española en relación con la prestación del servicio militar obligatorio. Pero el Tribunal Constitucional ha interpretado que el derecho a la objeción de conciencia existe y puede ser ejercido sin necesidad de que haya una ley que lo regule, pues forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa, reconocido en el art. 16.1. de la Constitución. Y la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales. De esto se deriva que la objeción de conciencia es una exención legítima de la observancia de una ley y no puede ser confundida con la insumisión a la ley. Por ello, los objetores no son insumisos ni pueden ser intimidados [con] amenazas del tipo que sean.

La objeción de conciencia es algo que responsable y libremente han de decidir los propios padres. Está en juego la educación de sus hijos y la libertad de educación. Los padres que presentan objeción de conciencia no actúan contra los centros escolares, sino que defienden su derecho a elegir la formación moral de sus hijos, y defienden también la neutralidad de la escuela pública y el carácter e ideario propio de los centros privados. Nadie puede legítimamente impedir ni tampoco forzar la opción de presentar objeción de conciencia. Tanto los colegios públicos como los de iniciativa social habrán de respetar la opción que los padres hagan. Y la Administración educativa debería respetar el derecho subjetivo de los padres a la objeción de conciencia y ofrecer a estos alumnos el tratamiento adecuado hasta que el Tribunal Supremo resuelva las cuestiones pendientes sobre este asunto.

Con mi afecto y bendición,

+ Casimiro López Llorente

Obispo de Segorbe-Castellón