Se ha presentado Alicante Educa en Libertad (AEL)
Más de cien alumnos de la provincia han permanecido fuera de las clases de EpC tras las sentencias del TS. La implantación de la materia en 5.º de Primaria origina nuevas objeciones.
Al mediodía de hoy se ha presentado en rueda de prensa celebrada en el Colegio Jesús María CEU de Alicante la asociación Alicante Educa en Libertad (AEL). La nueva entidad es una organización independiente, constituida para defender la libertad de educación, y tiene entre sus fines ayudar a los padres de la provincia que se oponen a la actual configuración de las asignaturas englobadas bajo el nombre de Educación para la Ciudadanía (EpC).
En el acto ha estado presente José Luis Bazán, experto jurídico en temas educativos, que ha criticado la actual regulación de ese grupo de materias. "Llaman ciudadanía a lo que una persona libre llamaría servidumbre moral", ha dicho respecto de EpC, a la que ha definido como "un acto de cirugía moral altamente invasiva que pretende extirpar la libertad de conciencia". Lo ha acompañado el director del colegio en el que se ha llevado a cabo el acto, Alejandro Pollicino, y también han asistido Juan Carlos Córdoba y Rafael Martín, presidente y vicepresidente de AEL respectivamente.
A pesar de que el Tribunal Supremo en sus sentencias del 11 de febrero rechazó algunas objeciones planteadas en Andalucía y Asturias, AEL ha confirmado que más de un centenar de alumnos de la provincia ha permanecido fuera de las clases de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos de 2.º de la ESO, de Educación Ético-Cívica de 4.º de la ESO y de Filosofía y Ciudadanía de 1.º de Bachillerato.
Para los objetores, la libertad ideológica, reconocida por la Constitución de 1978 (art. 16) y el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, consagrado en el artículo 27.3 de la Carta Magna, son derechos innegociables y en este final del curso académico no han querido asistir a las clases ni examinarse de unas asignaturas que consideran adoctrinadoras, dando por bueno el suspenso.
Para AEL, otra EpC es posible, pues los currículos de otros países europeos se han limitado a exponer los principios democráticos y constitucionales, las instituciones europeas y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los objetores no se opondrían a EpC si en España estuviese regulada de forma similar. Pero en nuestra nación esos valores y principios ya se impartían de forma transversal en otras asignaturas y se ha utilizado EpC para introducir conceptos y valores no emanados de la Constitución y sobre los que existe un claro debate social: "la condición humana", "la identidad personal" o "la educación afectivo-sexual". Los decretos que desarrollan la asignatura declaran expresamente que su finalidad es ayudar a los alumnos a "construirse una conciencia moral y cívica", peligrosa y obsesiva pretensión de sistemas o regímenes políticos no democráticos, a juicio de AEL.
La implantación de EpC en 5.º de Primaria origina nuevas objeciones
Hoy mismo, a las 21:00 horas, la asociación celebra una reunión informativa en la Parroquia del Buen Pastor de Aspe. En ella que intervendrán Juan Carlos Córdoba, presidente de AEL y padre objetor; José Berná, asesor jurídico de AEL y padre objetor; José María Fernández Corredor, Delegado de Enseñanza del Obispado, y José Luis Bazán, coordinador del Área Jurídica de Profesionales de la Ética.
En la reunión se informará a las familias de la situación del movimiento objetor tras las sentencias del Supremo y, de forma más concreta, de cómo es la actual coyuntura en la Comunidad Valenciana. Además, los dirigentes de AEL tienen previsto recoger nuevas objeciones, anunciadas por familias que han adoptado esa decisión por la inmediatez con que la EpC afectará a sus hijos que el próximo curso estudiarán 5.º de Primaria.
AEL pretende asesorar y ayudar a los padres en la defensa de sus derechos en relación con la educación de sus hijos y no descarta ningún medio legal para ello, desde la objeción de conciencia, pendiente de recurso ante el Tribunal Constitucional, hasta la denuncia de casos concretos de adoctrinamiento por parte de los centros, los profesores o los manuales que se utilicen en la provincia, conforme establecieron las citadas sentencias del Tribunal Supremo.
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