Padres, profesores, organizaciones empresariales y sindicatos vinculados al sector educativo han rechazado de plano la Ley de Igualdad de Trato aprobada por el Consejo de Ministros, sobre todo, la parte que contempla la negación de financiación pública a los centros de educación diferenciada. Consideran que la norma "supone un nuevo recorte de derechos fundamentales" y, además, "pone en peligro miles de empleos".
Javier Cámara 03-06-2011
Padres, profesores, organizaciones empresariales y sindicatos vinculados al sector educativo han rechazado de plano la Ley de Igualdad de Trato aprobada por el Consejo de Ministros, sobre todo, la parte que contempla la negación de financiación pública a los centros de educación diferenciada. Consideran que la norma "supone un nuevo recorte de derechos fundamentales" y, además, "pone en peligro miles de empleos".
El pasado 27 de mayo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a través del Consejo de Ministros, aprobaba el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato. La norma, que afecta a diversos ámbitos, entre ellos el de la educación al contemplar la exclusión de la financiación pública a los centros de educación diferenciada, ha sido enviada de urgencia al Parlamento para su aprobación.
Al respecto, la federación España Educa en Libertad (ESEL) ha mostrado su desacuerdo y profundo malestar ante una ley que, "de ser aprobada supondría la supresión para muchos padres de una opción pedagógica absolutamente legítima". Consideran que "esta medida supone un nuevo recorte de derechos fundamentales en la educación" y entienden que "los padres que eligen estos centros se verían claramente discriminados al quedar excluidos de la financiación pública".
Para España Educa en Libertad, "la creación de centros de educación diferenciada en la escuela pública es una medida que, sin duda, favorece la libertad de elección, algo que en nuestro país dista mucho de ser real". Sin embargo, aclaran, no critican la coeducación, ya que "ambas opciones son perfectamente legítimas", lo que quieren es "impedir la imposición de un modelo único y reclamar que los poderes públicos cumplan con su mandato constitucional de promover las condiciones para que la libertad, en este caso la libertad de educación, sea real y efectiva".
ESEL, que ha resaltado los buenos resultados académicos de este modelo, en aumento en todo el mundo, considera que "no se puede imponer legítimamente la igualdad en detrimento de la libertad, que debe estar siempre garantizada" y, por ello, apelan a la responsabilidad de los diferentes grupos parlamentarios para que defiendan la libertad y el sentido común y no apoyen este proyecto de ley que supone una nueva violación de derechos individuales".
CECE: "Una ley arbitraria"
Por su parte, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha rechazado categóricamente la ley de Igualdad de Trato y no Discriminación por entender que "es arbitraria, que vulnera la normativa existente y no se ajusta a las directivas comunitarias".
Además, CECE considera totalmente falsas las declaraciones de la ministra de Sanidad cuando afirma que la Ley cuenta con un gran consenso social, ya que padres, profesores, organizaciones empresariales, sindicatos, en definitiva, el sector educativo ha rechazado. Por si fuera poco, añaden, tanto el Consejo de Estado como el Consejo del Poder Judicial y el Consejo Económico y Social han hecho muy fuertes y profundas objeciones a la misma.
Concretamente el máximo órgano de gobierno de los jueces pedía en su informe al anteproyecto que, si la Ley está motivada en la necesidad de trasponer diversas directivas comunitarias, "identificara con claridad cuáles son las que efectivamente se trasponen y que las desarrollará conforme a la letra y espíritu de las mismas, cosa que no ha hecho.
Respecto a la incidencia de la Ley en la Educación debe señalarse, que el dictamen judicial ya subrayaba que la "redacción imprecisa" y "ambigua" del texto gubernamental establece un "margen de incertidumbre demasiado amplio". Margen de incertidumbre que sigue sin concreción como demandaba la CECE.
Por otra parte, la Ley cuestiona modelos pedagógicos avalados por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los organismos internacionales. Por lo que el CGPJ ya proponía una modificación que garantizaría en materia de conciertos la seguridad jurídica y la máxima efectividad de los derechos fundamentales.
Con todas estas consideraciones la CECE espera que, en su tramitación parlamentaria, la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación sea, al menos en lo que a educación se refiere, ampliamente rechazada.
COFAPA: "Es una ataque a las familias"
Por su parte, la Confederación de Padres y Madres de alumnos, COFAPA, considera este Proyecto como un ataque más a las familias que escogen para sus hijos colegios que no gustan al Gobierno.
Para la presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, "se entiende que si los centros de educación diferenciada no discriminan, tienen derecho a la financiación pública". Además, el Proyecto podría llegar a cuestionar modelos pedagógicos avalados por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y los organismos internacionales. Por ello el Consejo General del Poder Judicial, propone una modificación que garantizaría en materia de conciertos la seguridad jurídica y la máxima efectividad de los derechos fundamentales.
Con todo, lo más preocupante para las entidades antes mencionadas es la sobrecarga de dificultad que este anteproyecto impone a los centros escolares, obligando a titulares y profesores a demostrar continuamente que sus acciones no son discriminatorias en el transcurso ordinario de la convivencia escolar, es decir, a demostrar la no culpabilidad.
En definitiva, señala Begoña Ladrón de Guevara, "esperamos que este proyecto normativo -que desde el mundo educativo no vemos ni urgente ni prioritario-, si sigue su desarrollo se ajuste a las directivas comunitarias, a lo que la sociedad necesita en materia de igualdad y no a una pretensión ideológica del Gobierno".
MasLibres
Igualmente, para la portavoz de MasLibres.org, Olga Cuquerella, según el proyecto no podrán establecerse limitaciones, segregaciones o exclusiones por razón de sexo, por lo que, denuncia: "Quedan así amenazados los colegios concertados, los colegios privados católicos, las universidades católicas, las residencias de estudiantes, los colegios mayores regentados por órdenes religiosas, las cofradías, las hermandades, los seminarios y todas aquellas entidades que tengan un proceso de admisión y unos estatutos propios, se convierten en potenciales víctimas de esta Ley, que les considera culpables de antemano".
USO: pone en peligro miles de empleos
Del mismo modo, la Federación de Enseñanza del sindicato USO destaca que el proyecto de Pajín pone en peligro de forma injusta miles de puestos de trabajo, al prever que los centros que eduquen de forma diferenciada por sexos no reciban subvenciones públicas.
Según un comunicado sindical, "en ningún momento el Ministro de Educación se ha dignado reunir a los representantes de los trabajadores y de los centros afectados para iniciar una interlocución sobre el contenido de estas medidas, hurtando a las organizaciones sindicales su papel legítimo de representación".
Para FE-USO, la educación diferenciada es "totalmente legal", sin que suponga discriminación, una opción pedagógica "tan válida" como la escuela mixta. "No existe, pues, ningún argumento que no sea exclusivamente político para pretender negar el acceso a los conciertos (económicos) de estos centros", lo que supondría un perjuicio para familias, alumnos y trabajadores, interpreta el sindicato.
También el sindicato FSIE, que asegura ser mayoritario en la enseñanza concertada, considera que esta cuestión es un "ataque" a la libertad de enseñanza. "Ahora son los centros de educación diferenciada, luego serán los centros con ideario religioso, después los que tengan un ideario o proyecto educativo distinto al del Gobierno y así hasta que no haya más que una escuela: el Estado", ha advertido el secretario general de FSIE en Madrid, Miguel Muñiz.
Los empresarios también se oponen
En esta línea, la CEOE y la CEPYME han presentado un informe sobre el proyecto de Ley de Igualdad de Trato en el que concluyen que sus previsiones "atentarán contra la libertad de empresa" al contemplar que "con independencia de la titularidad de los centros educativos" habrá que garantizar en ellos la ausencia de discriminación.
El informe fue remitido al Consejo de Estado durante el periodo de alegaciones abierto sobre el anteproyecto de la ley. En su análisis, CEOE y CEPYME se refieren al artículo 16.2 relativo a la discriminación en la educación y según el cual, se retirarán los conciertos a los centros de escolarización diferenciada, algo que a juicio de las empresas, significa que el legislador "desconoce la doctrina jurisprudencial" sobre este asunto y "pretende superar la Ley Orgánica de Educación", que no restringe las subvenciones a estos colegios.
"Entendemos que además de atentar contra un derecho consolidado en nuestro ordenamiento jurídico, como es el de la libertad de empresa, con esta disposición se pretende extinguir modelos educativos legítimos, además de carecer de fundamentos pedagógicos, pues la educación diferenciada es un modelo educativo que no supone discriminación, no pretende separar al alumnado ni discriminar a un sexo determinado", explica.
