Con EpC y la ley del aborto, se quiere imponer una concepción "estatalista" de la educación
Lo denunciaron ayer miembros de VAEL durante una conferencia en Castellón.
VALENCIA, 31 de marzo de 2010.- A través de los currículos vigentes de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) y de las 'medidas en el ámbito educativo' que contiene la ley del aborto, el Gobierno quiere imponer una concepción antropológica y un modelo educativo de carácter estatalista. Así lo manifestaron este miércoles, 30 de marzo, Jorge Sánchez-Tarazaga (presidente de Valencia Educa en Libertad) y Federico Mulet (miembro de la citada entidad y presidente de la Asociación Católica de Maestros de Valencia) durante la conferencia que conjuntamente impartieron en el Centro Cultural La Hucha-Bancaja de Castellón.
Esta charla –que había sido organizada por Castellón Educa en Libertad y la Delegación de Enseñanza del Obispado de Segorbe-Castellón, con la colaboración de España Educa en Libertad y de las dos organizaciones antes mencionadas– abordó los nuevos desafíos a los derechos de los padres en relación con la educación de sus hijos, con especial énfasis en las amenazas que para su pleno ejercicio representan tanto EpC como la educación sexual obligatoria 'con perspectiva de género' que la ley del aborto recientemente aprobada en el Senado impondrá en el sistema educativo.
Los ponentes disertaron sobre lo que, desde hace años, está sucediendo en la escuela e invitaron a los más de 170 asistentes a realizar una reflexión profunda sobre ello.
"Vivimos un momento histórico en el que se está decidiendo cuál será el futuro modelo del sistema educativo y, en consecuencia, el futuro modelo de sociedad", manifestó el presidente de VAEL al comienzo de su intervención.
"Pensamos –añadió– que lo que está en juego es la prevalencia de una de las dos concepciones antropológicas que subyacen en las posturas que sostienen, por una parte, el Gobierno nacional y no pocos autonómicos –entre ellos, más de uno del Partido Popular– y, por otra, las familias y entidades que constituimos el movimiento objetor".
A continuación, explicó que una "se sustenta en la moral natural y la tradición judeocristiana, en la que la educación del niño y adolescente se desarrolla dentro de su ámbito natural, que es la familia, con la ayuda de los centros educativos y los poderes públicos, siempre de forma subsidiaria".
La otra es una "visión estatalista de la educación, que concibe al niño como un ser 'bueno desde sus orígenes', cuya formación moral y afectiva ha de ser diseñada por el Estado para hacer de él un 'buen ciudadano, libre de prejuicios y estereotipos'. Para lograr ese propósito, el menor debe ser sacado de su contexto natural, la familia, no vaya a ser 'contaminado' por ésta".
Federico Mulet destacó que actualmente, en España, es esta segunda concepción de la educación "la que pretenden imponernos a los padres, sustrayéndonos el derecho y el deber de educar a nuestros hijos según nuestras propias convicciones, como recogen la Constitución Española y todos los convenios y tratados internacionales sobre esta materia".
A juicio de los ponentes, es fácilmente observable "el proceso de transformación social que se ha promovido y se pretende imponer desde los poderes públicos" de nuestra nación. Del mismo forman parte diversas reformas legislativas que afectan a la familia y la educación; entre ellas, la ley de investigación biomédica, la del 'divorcio express', la ley del 'matrimonio homosexual', la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo o la ley orgánica de educación.
El desarrollo de la LOE supuso "un punto de inflexión", por la "trascendencia del diseño curricular de las cuatro asignaturas de Educación para la Ciudadanía", cuya incorporación como materias obligatorias en los niveles de Primaria, ESO y Bachillerato provocó una contestación social que se tradujo en más de 54 mil objeciones de conciencia. Su denegación administrativa originó miles de procesos judiciales –aún no resueltos definitivamente– ante los tribunales españoles y una demanda al Estado, planteada el pasado 19 de marzo por más de 300 ciudadanos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
"Tanto los actuales currículos de las asignaturas de EpC como las 'medidas en el ámbito educativo' de la nueva ley del aborto conculcan el derecho de los padres a elegir la educación moral de sus hijos (art. 27 C.E.) y arrancan la educación sexual de su ámbito afectivo natural que es la familia; con ellas se introducen en la escuela el relativismo moral y el positivismo jurídico y se parte de una visión incompleta de la persona, que ignora absolutamente la trascendencia", aseguró Jorge Sánchez-Tarazaga.
"No es únicamente el Gobierno de Rodríguez Zapatero quien atenta contra el derecho de los padres a educar a nuestros hijos según nuestras propias convicciones", advirtió Federico Mulet, quien responsabilizó al Ejecutivo de Francisco Camps de haber puesto en práctica iniciativas similares a las que contiene la 'ley Aído' en materia de educación sexual.
El presidente de la Asociación Católica de Maestros denunció que el Programa de Intervención en Educación Sexual (PIES) "se está llevando a cabo en los centros de la Comunidad Valenciana, en condiciones semejantes a las que la Ministra de Sanidad anunció para la aplicación de la ley del aborto". Y es que son personas ajenas a los colegios e institutos, designadas por la Administración, quienes se encargan de las actividades, que por otra parte se realizan, generalmente con los alumnos de 3.º de ESO, sin el previo conocimiento de las familias y, por lo tanto, sin su autorización.
Estas organizaciones animan a los padres a ejercer sus derechos sobre la educación de los hijos
