24/4/10

Asociaciones valencianas por la libertad de educación consideran inaceptable el pacto que pretende Gabilondo



[ 23-04-2010 ]



Para AEL, CEL y VAEL adolece de graves deficiencias en el fondo y en la forma.
REDACCIÓN HO.- Tras haber analizado las propuestas definitivas para un Pacto Social y Político por la Educación que el Gobierno presentó ayer, las asociaciones Alicante Educa en Libertad (AEL), Castellón Educa en Libertad (CEL) y Valencia Educa en Libertad (VAEL) han hecho público este viernes un comunicado en el que manifiestan que las consideran inaceptables, tanto por las graves deficiencias del texto como por la forma en que se ha llevado a cabo el proceso de su elaboración y discusión.
Estas entidades, que representan a miles de familias de la C. Valenciana, recriminan a Ángel Gabilondo su negativa a abordar algunos de los temas más preocupantes y polémicos de la Educación española, pretendiendo hacer ver que "no son determinantes ni suponen problemas educativos", pese a que están íntimamente relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales. Así mismo, le reprochan que haya incumplido su compromiso de escuchar a las entidades que representan a los objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC), con quienes aseguró estar dispuesto a buscar una solución al conflicto.
La propuesta final del Gobierno no aborda cuestiones esenciales de la educación: ¿qué se pretende?, ¿cómo se intentará conseguir?, ¿cuál es el papel que han de desempeñar cada uno de los agentes de la educación? Las respuestas a estas preguntas habrían de ser el punto de partida del que tendrían que derivarse medidas y actuaciones concretas.
AEL, CEL y VAEL reivindican como principio básico el reconocimiento expreso de que es a los padres a quienes corresponde la máxima y primera responsabilidad en relación con la educación de los hijos. También exigen un escrupuloso respeto del derecho a educarlos conforme a sus principios y valores, con la fructífera colaboración de otros miembros de la comunidad escolar.
En el documento elaborado por el Ministerio, se echan en falta medidas relativas a la modificación del estatus académico de EpC o de sus currículos y que detallen cómo se va a llevar a cabo la educación sexual obligatoria que contempla la ley del aborto, de manera que en ambos casos se respete el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación moral que sea acorde con las propias convicciones. "Ciudadanía cívica activa", sí; pero no cualquiera ni a cualquier precio. Los padres objetores ya conocen lo que quiere decir este Gobierno cuando habla de "ciudadanía": relativismo moral, positivismo jurídico, ideología de género, estatalismo, pensamiento único, tiranía de lo políticamente correcto y tantos otros postulados falsamente progresistas.
Tampoco se ha querido buscar una fórmula que evite la discriminación que sufren los alumnos que optan por recibir enseñanzas de Religión, pues la alternativa para quienes no lo hacen carece de contenido y es de carácter no evaluable.
Nada se ha hecho por garantizar –como establece el artículo 84.1 de la LOE– el derecho de elección de centro, algo muy diferente de la lacónica invitación a "favorecer la libertad de elección de las familias".
Por otra parte, el Ministro ha eludido abordar la problemática de la elección de la lengua vehicular en la enseñanza. En un intento de manipular a la opinión pública, su Departamento recuerda un viejo objetivo presente en los currículos desde hace décadas: que, al acabar la enseñanza obligatoria, todos los alumnos han de dominar el español y, en las comunidades donde los haya, los idiomas cooficiales. Bien saben Gabilondo y su equipo que una cosa es estudiar una lengua y otra, bien distinta, estudiar en esa lengua. Y lo que se reclama es que los alumnos residentes en regiones bilingües puedan estudiar en la lengua por la que libremente opten.
Finalmente, las tres asociaciones valencianas rechazan que, contradiciendo la realidad natural y el ordenamiento constitucional que reconoce a los padres ese derecho –que es al mismo tiempo un deber–, desde la Administración se presente a los profesores como máximos responsables de la educación de los menores en facetas con implicaciones morales, en tanto que a los padres se les atribuye un papel subsidiario… como a los medios de comunicación.
Es este un error de concepto de tanta trascendencia que, por sí solo, imposibilita que estas entidades puedan considerar válido un acuerdo inspirado en él.
En definitiva, AEL, CEL y VAEL denuncian que las medidas que el Ministerio de Educación propone no atienden al fondo del problema educativo ni al núcleo de partida de los postulados de la educación, además de responder únicamente a un modelo ideológico. Por lo tanto, las consideran inaceptables. Además, piensan que, si de verdad quiere un pacto educativo, Ángel Gabilondo aún está a tiempo de conseguirlo… Pero, para ello, es imprescindible que actúe con una auténtica disposición al diálogo. Sin omitir ningún tema… y sin marginar a nadie. Estas tres asociaciones quedan a su disposición.

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