31/3/10

VAEL DENUNCIA EL MODELO EDUCATIVO ESTATALISTA




Con EpC y la ley del aborto, se quiere imponer una concepción "estatalista" de la educación

Lo denunciaron ayer miembros de VAEL durante una conferencia en Castellón.

VALENCIA, 31 de marzo de 2010.- A través de los currículos vigentes de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) y de las 'medidas en el ámbito educativo' que contiene la ley del aborto, el Gobierno quiere imponer una concepción antropológica y un modelo educativo de carácter estatalista. Así lo manifestaron este miércoles, 30 de marzo, Jorge Sánchez-Tarazaga (presidente de Valencia Educa en Libertad) y Federico Mulet (miembro de la citada entidad y presidente de la Asociación Católica de Maestros de Valencia) durante la conferencia que conjuntamente impartieron en el Centro Cultural La Hucha-Bancaja de Castellón.

Esta charla –que había sido organizada por Castellón Educa en Libertad y la Delegación de Enseñanza del Obispado de Segorbe-Castellón, con la colaboración de España Educa en Libertad y de las dos organizaciones antes mencionadas– abordó los nuevos desafíos a los derechos de los padres en relación con la educación de sus hijos, con especial énfasis en las amenazas que para su pleno ejercicio representan tanto EpC como la educación sexual obligatoria 'con perspectiva de género' que la ley del aborto recientemente aprobada en el Senado impondrá en el sistema educativo.

Los ponentes disertaron sobre lo que, desde hace años, está sucediendo en la escuela e invitaron a los más de 170 asistentes a realizar una reflexión profunda sobre ello.

"Vivimos un momento histórico en el que se está decidiendo cuál será el futuro modelo del sistema educativo y, en consecuencia, el futuro modelo de sociedad", manifestó el presidente de VAEL al comienzo de su intervención.

"Pensamos –añadió– que lo que está en juego es la prevalencia de una de las dos concepciones antropológicas que subyacen en las posturas que sostienen, por una parte, el Gobierno nacional y no pocos autonómicos –entre ellos, más de uno del Partido Popular– y, por otra, las familias y entidades que constituimos el movimiento objetor".

A continuación, explicó que una "se sustenta en la moral natural y la tradición judeocristiana, en la que la educación del niño y adolescente se desarrolla dentro de su ámbito natural, que es la familia, con la ayuda de los centros educativos y los poderes públicos, siempre de forma subsidiaria".

La otra es una "visión estatalista de la educación, que concibe al niño como un ser 'bueno desde sus orígenes', cuya formación moral y afectiva ha de ser diseñada por el Estado para hacer de él un 'buen ciudadano, libre de prejuicios y estereotipos'. Para lograr ese propósito, el menor debe ser sacado de su contexto natural, la familia, no vaya a ser 'contaminado' por ésta".

Federico Mulet destacó que actualmente, en España, es esta segunda concepción de la educación "la que pretenden imponernos a los padres, sustrayéndonos el derecho y el deber de educar a nuestros hijos según nuestras propias convicciones, como recogen la Constitución Española y todos los convenios y tratados internacionales sobre esta materia".

A juicio de los ponentes, es fácilmente observable "el proceso de transformación social que se ha promovido y se pretende imponer desde los poderes públicos" de nuestra nación. Del mismo forman parte diversas reformas legislativas que afectan a la familia y la educación; entre ellas, la ley de investigación biomédica, la del 'divorcio express', la ley del 'matrimonio homosexual', la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo o la ley orgánica de educación.

El desarrollo de la LOE supuso "un punto de inflexión", por la "trascendencia del diseño curricular de las cuatro asignaturas de Educación para la Ciudadanía", cuya incorporación como materias obligatorias en los niveles de Primaria, ESO y Bachillerato provocó una contestación social que se tradujo en más de 54 mil objeciones de conciencia. Su denegación administrativa originó miles de procesos judiciales –aún no resueltos definitivamente– ante los tribunales españoles y una demanda al Estado, planteada el pasado 19 de marzo por más de 300 ciudadanos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

"Tanto los actuales currículos de las asignaturas de EpC como las 'medidas en el ámbito educativo' de la nueva ley del aborto conculcan el derecho de los padres a elegir la educación moral de sus hijos (art. 27 C.E.) y arrancan la educación sexual de su ámbito afectivo natural que es la familia; con ellas se introducen en la escuela el relativismo moral y el positivismo jurídico y se parte de una visión incompleta de la persona, que ignora absolutamente la trascendencia", aseguró Jorge Sánchez-Tarazaga.

"No es únicamente el Gobierno de Rodríguez Zapatero quien atenta contra el derecho de los padres a educar a nuestros hijos según nuestras propias convicciones", advirtió Federico Mulet, quien responsabilizó al Ejecutivo de Francisco Camps de haber puesto en práctica iniciativas similares a las que contiene la 'ley Aído' en materia de educación sexual.

El presidente de la Asociación Católica de Maestros denunció que el Programa de Intervención en Educación Sexual (PIES) "se está llevando a cabo en los centros de la Comunidad Valenciana, en condiciones semejantes a las que la Ministra de Sanidad anunció para la aplicación de la ley del aborto". Y es que son personas ajenas a los colegios e institutos, designadas por la Administración, quienes se encargan de las actividades, que por otra parte se realizan, generalmente con los alumnos de 3.º de ESO, sin el previo conocimiento de las familias y, por lo tanto, sin su autorización.

20/3/10

LOS OBJETORES A EPC DENUNCIAN A ESPAÑA ANTE ESTRASBURGO

Un matrimonio de Castellón forma parte de la delegación que presentó ayer en Estrasburgo la solicitud de amparo para 105 niños españoles y sus padres.

Padres objetores de la C. Valenciana recurren al TEDH

Los esposos castellonenses Domingo Blasco y Soledad Vega son dos de los integrantes de la numerosa delegación de objetores españoles que ayer, 19 de marzo, presentó en la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda contra el Estado español, por vulneración  de derechos fundamentales en la aplicación de los actuales currículos de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC).

Una de sus hijas, que cursa 2.º de la ESO en un colegio concertado de la capital de La Plana, se encuentra entre los 18 menores de la C. Valenciana (y 105 de toda España) cuyos padres han planteado recurso en Estrasburgo.

Los demandantes consideran que el actual estatus académico de las cuatro materias de EpC vulnera lo establecido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos en los artículos n.º 8 (que reconoce el "derecho al respeto de la vida privada y familiar"), n.º 9 (que consagra la "libertad de pensamiento, de conciencia y de religión") y n.º 14 (que formula la "prohibición de discriminación"), así como lo dispuesto en el n.º 2 de su Protocolo n.º 1 (que ordena a los Estados que, "en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación y de la enseñanza", respeten "el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas").

En virtud de todo ello, los recurrentes solicitan al TEDH:

- La concesión de medidas cautelares que eximan a estos 105 alumnos de asistir a estas clases y de ser evaluados, hasta que el Alto Tribunal europeo dicte sentencia.

- El reconocimiento mediante declaración de que, en todos estos casos, el Estado ha vulnerado derechos fundamentales de los padres y de los hijos.

- La imposición de una compensación económica por los daños morales causados.

- El requerimiento al Estado para que respete la neutralidad ideológica en el sistema educativo y evite que en el futuro puedan producirse nuevas vulneraciones de los derechos invocados.

De los 18 niños y adolescentes valencianos inmersos en el procedimiento, 8 residen en la provincia de Valencia, 6 en la de Alicante y 4 en la de Castellón. En cuanto a los niveles académicos que cursan actualmente, 7 estudian 5.º de Primaria, 10 están en 2.º de la ESO y 1 se hallan en 4.º de la ESO. Finalmente, por lo que respecta a la titularidad de los centros en que están escolarizados, 5 alumnos asisten a colegios e institutos de la Generalitat Valenciana y los 13 restantes están matriculados en centros de iniciativa social.

José M.ª Llanos, asesor jurídico de Valencia Educa en Libertad (VAEL) y letrado que representa a los más de 240 menores de las tres provincias cuyos padres recurrieron en septiembre ante el Tribunal Superior de Justicia la denegación administrativa de sus objeciones, destaca que la acción emprendida por los objetores ante el TEDH no guarda ninguna relación con procesos que se siguen en tribunales españoles:

"Esta demanda es independiente del desarrollo de los procedimientos judiciales que se sustancian actualmente en el TSJ de nuestra Comunidad, en los de otras regiones, en el Supremo y en el Constitucional".

El abogado explica por qué:

"Esos recursos se interpusieron (como se volverán a plantear en un futuro muy próximo) porque los padres y las entidades que los asesoramos entendemos que el diseño curricular de EpC vulnera la legislación española, y más concretamente nuestra Constitución. Esperamos que finalmente el Constitucional así lo acabe reconociendo. Sin embargo , la demanda ante el TEDH se fundamenta en la vulneración de los derechos reconocidos por un Convenio de ámbito continental, jurisdicción que le compete a la Corte de Estrasburgo".

19/3/10

El Tribunal de Estrasburgo responderá en pocos días a la demanda de los objetores españoles





Estrasburgo, 19 de marzo de 2010

El Tribunal de Estrasburgo responderá en pocos días a la demanda de los objetores españoles

Presentada hoy la demanda y petición de medidas cautelares en el conflicto de Educación para la Ciudadanía

Una delegación de 43 personas, en representación de los 300 demandantes contra el Estado español ha presentado hoy una demanda colectiva ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo (Francia).
En la demanda piden, con carácter urgente, la concesión de medidas cautelares que eximan a los alumnos objetores a Educación para la Ciudadanía de asistir a estas clases y de ser evaluados. Esta petición podría ser atendida en las próximas semanas.
Los abogados José Luis Bazán, Director de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, Francisco José Ramos, abogado de los padres objetores y Lourdes Ruano Espina como asesora jurídica, presentaron la demanda junto con Marisa Pérez Toribio y José Ignacio Martínez, que asistieron en representación de los demandantes.
En la foto parte de los padres recurrentes y del grupo de abogados ante el edificio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

18/3/10

OBJETORES A EPC DEMANDAN AL ESTADO ESPAÑOL ANTE ESTRASBURGO


Casi 200 padres y sus hijos demandarán al Estado ante Estrasburgo por vulnerar los derechos de los objetores

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -


Un total de 302 personas (105 niños y 197 padres) demandarán el próximo viernes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo al Estado español por "vulnerar los derechos fundamentales" de los objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC), según explicó hoy el director de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán.

Para Bazán, esta decisión se ha tomado "tras tres años" donde se ha comprobado la "evidente falta de voluntad del Estado en este conflicto". "Debe anteponerse la defensa de los derechos fundamentales de las personas a los intereses del Estado o de la ideología que sustenta un gobierno no respetuoso con la libertad ideológica de sus ciudadanos", añadió.

Asimismo, una de las madres objetoras a esta asignatura y recurrente ante este tribunal, Inmaculada López, manifestó que esta iniciativa se llevará a cabo porque "ha quedado vulnerado el derecho de educar a los hijos de acuerdo a las convicciones de cada uno". Además, aseguró que "no les han dejado otra opción" ya que el Gobierno está "imponiendo por ley unas asignaturas de marcado carácter ideológico" con las que se persiguen, según subrayó, el adoctrinamiento de los menores.

"Hemos sido ignorados por todos los que tienen responsabilidades en el ámbito educativo en España, tanto los diferentes ministros de Educación como los consejeros de todas las comunidades autónomas", apostilló.

López citó los fines que persigue esta demanda. En concreto, que se adopten medidas cautelares que permitan que los niños objetores no sufran "las consecuencias" de no asistir a EpC así como que se reconozca la vulneración de los derechos tutelados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y se realice una compensación por los daños morales causados y, en tercer lugar, que este tribunal requiera al Estado español que respete la "neutralidad ideológica" en el sistema educativo e impida "futuras vulneraciones".

Por otro lado, un jurista experto en Derechos Humanos de Alliance Defense Fund (ADF) Roger Kiska, quien acudirá a Estrasburgo para representar a los padres objetores demandantes, considera que España es "un campo de pruebas" y que "muchas personas fuera de España están preocupados por la situación del país en materia de educación".

Así, afirmó que es "muy fácil simplificar" el asunto diciendo que se trata de un "problema de religión" pero enumeró casi una decena de artículos que, según Kiska, han sido violados por el Estado. "El Estado tiene que respetar los derechos de los padres para que eduquen a sus hijos de acuerdo con sus creencias ideológicas", concluyó el abogado.

1/3/10

ADOCTRINAMIENTO ANTISEMITA EN LAS ESCUELAS



Como viene denunciando AEL, una educación en libertad es incompatible con el adoctrinamiento ideológico en las aulas.

Ahora ha sido el Estado del Israel el que ha denunciado que los niños de 5 y 6 años están siendo educados en el odio antisemita en nuestros colegios.
Os remitimos enlace a la noticia del ABC donde se detalla esta situación.

Este medio informa que la embajada israelí en Madrid ha recibido docenas de postales, dirigidas al embajador Rafael Schutz, de niños de entre 5 y 6 años de edad, que incluyen frases como "Los judíos matan por dinero", "evacuar el país para los palestinos" o "ir a algún lugar donde alguien esté dispuesto a aceptaros", mensajes que Israel considera "de extrema gravedad".

Historicamente (Stalin, Hitler, .....) todo gobernante ha tenido la tentación de utilizar las aulas para adoctrinar ideológicamente, nos corresponde a los padres actuar para denunciar esta inercia totalitaria.